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La decisión de la Sala Penal provocó amplio revuelo. La diputada Carmen Hertz (PC) dijo que se trata de “una concesión de libertad condicional que infringe los principios de jurisprudencia de los organismos internacionales”. Desde la derecha, Moreira (UDI) aplaudió la resolución, señalando que “la justicia está abriendo un camino de paz y sin presión política”. En tanto, el PS Alfonso de Urresti apeló a la ironía: “Llegaron los tiempos mejores para los violadores de derechos humanos”.
La opción de recurrir a instancias internacionales es uno de los caminos que se abren en el mundo de los derechos humanos luego de la controvertida resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de dejar en libertad a 5 condenados por delitos de lesa humanidad que estaban recluidos en Punta Peuco y Colina 1.
Así lo señaló la diputada comunista, Carmen Hertz, al plantear que “podríamos recurrir a instancias internacionales, porque aquí se está vulnerando normas que son obligatorias».
A juicio de la abogada de DDHH, la decisión de la sala del máximo tribunal del país “es una concesión de libertad condicional que infringe los principios de jurisprudencia de los organismos internacionales”.
En este sentido, detalló que la decisión beneficia a “criminales de lesa humanidad que no cumplen con los requisitos que las normas internacionales refieren y exigen”, dado que la jurisprudencia de los tribunales internacionales, tanto el Estatuto de Roma, como el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, exigen al menos tres requisitos: que los criminales tengan una pena proporcional al delito que cometieron; que tengan dos tercios de la pena cumplida; y que hayan colaborado con la acción de la justicia desde sus inicios y que hayan mostrado arrepentimiento eficaz.
«Estas normas son obligatorias, son vinculantes (…) Chile, como parte de la comunidad internacional, está total y absolutamente obligado a cumplir las normas, los principios y las normas consuetudinarias del derecho internacional de los derechos humanos» , enfatizó en Radio Cooperativa.
Cabe recordar quer en una decisión unánime, la sala integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama y los abogados integrantes Ricardo Abuauad y Antonio Barra revocó las resoluciones de la Corte de Apelaciones y de la Comisión de Libertad Condicional que habían negado el beneficio a los violadores de derechos humanos.
Los favorecidos por la resolución de la instancia son Manuel Pérez Santillán, condenado por el crimen del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos; el ex carabinero Gamaliel Soto Segura, condenado por el secuestro de dos hermanos en Cunco en 1973; y los ex militares José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga, condenados por el secuestro calificado de Alonso Lazo Rojas, ocurrido en noviembre de 1975 en Copiapó.
El «Supremazo» reactivó la protesta de las organizaciones de DDHH. De hecho, bajo el lema “Basta de impunidad”, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) convocó para este miércoles a una manifestación en el frontis del Palacio de Tribunales.
En la oposición, la determinación de la Sala Penal causó escozor. Para el diputado Fidel Espinoza (PS), el dictamen de la Sala Penal es «vergonzoso» y advirtió que “este nuevo escenario es lamentable porque al parecer la justicia está dando un vuelco violento en materia de derechos humanos”.
Por su parte, el senador del mismo partido, Alfonso De Urresti, dijo que “no hay ningún nuevo elemento que justifique el cambio de criterio de la sala penal de la Corte Suprema” e ironizó con el eslogan de campaña del Presidente Piñera, señalando que “también son tiempos mejores para los violadores de derechos humanos”.
De Urresti sostuvo que “efectivamente, los organismos internacionales reconocen el derecho de los internos a los beneficios comunes a todos los condenados. Sin embargo, aquí estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles. La única posibilidad de acceso a un beneficio es el arrepentimiento y la rehabilitación, y en este caso así como en muchos otros, claramente, eso no ocurre”.
Sin embargo, en Chile Vamos hubo muestras de satisfacción con la sentencia de la Corte Suprema. Para el senador UDI , Iván Moreira, “la justicia está abriendo un camino de paz y sin presión política alguna. Las personas mayores o enfermas tienen derecho a morir en casa, en los brazos de un familiar.”
Añadió que las críticas a la decisión de la Sala Penal corresponden a “una actitud de venganza, porque hay personas terroristas, a quienes se les dan facilidades humanas, y hemos visto en estas últimas décadas que los derechos humanos terminaban siendo inhumanos”.
