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Más de diez horas duró la jornada de formalización contra los cuatro ex efectivos de Carabineros imputados en la muerte del comunero mapuche. La Fiscalía presentó las pruebas recabadas y aseguró que Carabineros no sufrió ningún ataque o emboscada, previo a la muerte del joven de 24 años, que estaba desarmado, junto al menor M.P.C. De acuerdo a dicha evidencia, Catrillanca recibió un disparo directo, por la espalda, de un fusil M4, con municiones de 5,56 milímetros. El arma se encontraba en manos del entonces sargento primero Carlos Alarcón, quien disparó en ocho ocasiones en dirección al tractor que manejaba el comunero [ACTUALIZADA]
16 días después del asesinato del comunero mapuche, Camilo Catrillanca, llegó el día de la formalización de los cuatro ex carabineros del GOPE imputados en el caso. Tras una extensa jornada, el sargento segundo Raúl Ávila, el sargento primero Carlos Alarcón, el cabo Braulio Valenzuela y el suboficial Patricio Sepúlveda, quedaron con las medidas cautelares de prisión preventiva.
La jueza del Tribunal de Garantía de Collipulli, Sandra Nahuelcura, determinó que en el caso de los ex sargentos Carlos Alarcón Molina y Raúl Ávila se configuran los delitos de homicidio consumado en contra de Camilo Catrillanca y homicidio frustrado en contra del menor M.P.C, figuras que habían sido solicitadas por el Ministerio Público, argumentando que “ambos tomaron parte de disparos consumados”.
De acuerdo a la magistrada, los uniformados “pusieron todo de su parte” para que se desarrollara el delito, y recalcó que no existían pruebas de fuego cruzado previo a la muerte de Catrillanca, basándose en la evidencia presentada por la Fiscalía en la audiencia, prueba que fue demoledora para desactivar la defensa de los ex carabineros.
Además, la jueza estableció que en el caso de los cuatro carabineros se configura el delito de obstrucción a la investigación, detallando la seguidilla de mentiras con que la patrulla intentó obstaculizar el esclarecimiento de los hechos mediante la “aportación de antecedentes falsos”.
En su argumentación, la magistrada determinó la prisión preventiva para Alarcón y Ávila, explicando que los cargos imputados dan cuenta de que son un “peligro para la sociedad”. Respecto a los otros dos carabineros, también se definió la prisión preventiva, pero apelando a la posibilidad de que puedan interferir en la investigación del caso.
En un inicio, la Fiscalía solicitó formalizar a los cuatro efectivos por obstrucción a la investigación, mientras que a Carlos Alarcón y Raúl Ávila, por homicidio consumado. Pero el resto de los querellantes, integrados por la Defensoría de la Niñez, la familia de Camilo Catrillanca y el menor de iniciales M.P.C, solicitaron que los cuatro fueran formalizados por el homicidio frustrado del menor y por el homicidio consumado en el caso del comunero mapuche.
Además, Nahuelcura determinó un periodo de dos meses de investigación para el juicio oral, el mismo lapso que solicitó la defensa de los ex carabineros. Las partes querellantes y el Ministerio Público, en tanto, habían requerido un tiempo de 6 meses para la investigación.
La formalización de los cuatro implicados en el caso se inició pasadas las 9:30 de la mañana de este viernes 30 de noviembre. La jornada de más de diez horas, fue tensa. Llamó la atención el despliegue de efectivos de Carabineros en los alrededores del tribunal, quienes tuvieron algunos encontrones con familiares de Camilo Catrillanca.
En la oportunidad, Marcelo Catrillanca, padre del comunero asesinado, volvió a pedir la renuncia del ministro del Interior, Andrés Chadwick, lo que provocó que el hashtag #ChadwickRenuncia, se posicionara durante todo el día, como trending topic en Twitter.
También se registraron manifestaciones en La Araucanía, y en otras ciudades del país. En Santiago, apenas se informó que la formalización sería este viernes, comenzaron a desarrollarse concentraciones en Plaza Italia, las que se han mantenido durante todo el transcurso de la formalización.
Las pruebas exhibidas por el fiscal a cargo de la investigación, Roberto Garrido, coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Regional de La Araucanía, fueron decidoras y comprobaron que ninguna de las informaciones proporcionadas en las horas posteriores al crimen por el general director de Carabineros, Hermes Soto, el ministro del Interior Andrés Chadwick y el ex intendente de La Araucanía, Luis Mayol, eran reales.
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Cabe recordar que en la primera versión del Gobierno, basada en los antecedentes entregados por Carabineros, se inculpó a Camilo Catrillanca, sindicándolo como uno de los “delincuentes” que había participado en el robo de una camioneta, cerca de una escuela en los alrededores de Temucuicui. El ex intendente Mayol recalcó que el joven era un delincuente con antecedentes por receptación, información que fue reiterada por Chadwick. El general director de Carabineros, en tanto, destacó que los funcionarios del GOPE fueron recibidos por una emboscada, y que Catrillanca quedó en medio de una línea de fuego cruzado, junto con el menor M.P.C.
“Es evidente que aquí hubo mentiras desde un inicio de la investigación”, destacó el fiscal Garrido. Según la investigación del Ministerio Público, los efectivos del GOPE y los carabineros de Fuerzas Especiales en el lugar, nunca fueron atacados por residentes de la Comunidad de Temucuicui, al menos hasta una hora después de que Catrillanca fuera herido. El joven de 24 años estaba desarmado, y fue atacado por la espalda, con un disparo directo de un fusil M4, con municiones de 5,56 milímetros. El fusil se encontraba en manos del entonces sargento primero Carlos Alarcón, quien disparó en ocho ocasiones.
Una serie de imágenes mostradas por el fiscal Roberto Garrido, que mostraban al vehículo J040 del GOPE y era conducido por el carabinero Gonzalo Pérez Vargas, dejó en evidencia además que uno de los efectivos llevaba en su casco, una cámara GoPro, a pesar de que en un inicio, los ex carabineros aseguraron que ninguno portaba cámaras. Era Raúl Ávila, quien llevaba el instrumento. Según su declaración, no tenía la tarjeta de memoria entregada, la cual, al día siguiente del asesinato de Catrillaca, rompió y botó por el baño.
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Según la parte querellante, los autos de Fuerzas Especiales y del Gope llegaron hasta el sector del Ponzón. Debido a un corte de camino realizado con maderas, los cuatro efectivos del Gope “descendieron del carro y siguieron a pie. A las 16:50 horas aproximadamente se encontraron con el menor M.P.C. y Camilo Catrillanca. Según la declaración del menor, uno de los funcionarios disparó, al menos cuatro veces, con una escopeta directamente al tractor”, detalló el fiscal Roberto Garrido.
De acuerdo a la declaración de los ahora ex carabineros, el pasado 18 de noviembre, uno de los efectivos aseguró que logró ver con detalle a Camilo Catrillanca, lo que según el abogado defensor del menor M.P.C, da cuenta de la cercanía que había entre el grupo del Gope y las víctimas. “Al chofer le vi la cara, y reconozco que le vi bigote”, destacó el cabo Braulio Valenzuela en su declaración ante la fiscalía, la que fue recogida en la formalización.
El abogado Sebastián Saavedra, del Centro de Investigación Sur (Cidsur), representante del menor M.P.C. leyó parte de la declaración del testigo clave: “El peñi Camilo me dijo ¡agáchate!”, y sintió una ráfaga de disparos, explicó el abogado. “Después, me dijo ‘agáchate’, y yo me agaché más. Su voz se escuchaba distinta (…) Se fue a un lado, botando sangre y por la nariz botaba un líquido amarillo”, relató el menor, según las palabras leídas por el profesional del Cidsur.
De acuerdo al relato de la Fiscalía, Carlos Alarcón disparó en al menos siete ocasiones, impactando en cuatro ocasiones el tractor. Raúl Ávila habría disparado en una ocasión, logrando alcanzar el vehículo que estaba ocupado por Catrillanca.
Un video incluido en la carpeta investigativa de la Fiscalía muestra que luego de que Camilo Catrillanca fue impactado por la bala de carabineros, se ve al sargento primero Carlos Alarcón -el mismo que portaba el arma que disparó la bala que mató a Catrillanca- haciendo “un gesto con la mano, diciendo como que ya está cortado (…) Es un gesto de frialdad extrema con respecto a lo que había acontecido”, relató el abogado querellante a nombre de la familia, Nelson Miranda.
Las pruebas realizadas a los imputados y las víctimas dieron como resultado que sólo dos carabineros tenían restos de pólvora en sus manos. El menor M.P.C y Catrillanca, estaban limpios. Por esta razón, la Fiscalía descartó la tesis de un enfrentamiento e hizo hincapié en que el comunero recibió un disparo directo y por la espalda.
Una de las versiones deslizadas por filtraciones a la prensa en la última semana apuntaba a que el impacto de bala recibido por el comunero provenía de un “rebote” en el tractor. En una publicación de La Tercera, en donde citaban fuentes en off de la investigación, destacaban que la potencia del arma era tan grande que habría destrozado el cráneo de Catrillanca, si hubiera llegado de forma directa.
Sin embargo, el fiscal Garrido exhibió una serie de imágenes del examen realizado al cuerpo del joven, donde muestra que recibió un impacto en la región parietal izquierda, y destacó que «no existe ninguna evidencia en este tractor de un rebote. El disparo, el impacto, ingresó directamente en su cuerpo”.
Los carabineros imputados declararon el 18 de noviembre que dispararon de forma “disuasiva”, ante el ataque y disparos en el lugar. Pero el fiscal Garrido señaló que estas informaciones “resultaron ser falsas, no existieron disparos contra el personal”.
Según detalló la Fiscalía, una hora más tarde de que Catrillanca recibiera el disparo, y un par de minutos después de que el fiscal de turno pidiera que todos los efectivos acudieran a dar testimonio y a entregar las pruebas implicadas en el asesinato de Catrillanca, las comunicaciones de Carabineros recibieron el primer registro de ataques en contra de los efectivos de Fuerzas Especiales en la zona.
Asimismo, la Fiscalía mostró una serie de videos, tomados por el vehículo J058, del oficial Cristian Fernández, que fue uno de los últimos carros que llega al lugar. El automóvil iba detrás del vehículo J040, donde iba el grupo del Gope imputado. «Se están dando a la fuga», se escucha en el audio, que marca las 16:54. «Le pegó», continúa la voz en comunicación.
Al final de dichas imágenes se muestra a Raúl Ávila portando una cámara GoPro en su casco. “Quiero destacar que no hay una situación que justifique el uso de armas de fuego. Lo que ocurrió fue el desobedecer una orden de detención, de no detenerse, es lo que denomina la circular de carabineros, una resistencia pasiva. Esta autoriza el nivel de uso de fuerza dos, y el nivel de fuerza utilizada en este caso es de cinco”, explicó el prosecutor del Ministerio Público.
En su segunda declaración, Ávila, señaló: “Quiero decir, que efectivamente, yo sí portaba una cámara GoPro”, pero no mantenía la tarjeta de memoria en ese momento, la había extraído. Explica que al día siguiente -15 de noviembre- la cortó con unas tijeras y la botó por el baño, con el fin de evitar que se expusieran imágenes privadas. Dicha declaración terminó por sepultar la información oficial que había entregado Carabineros y el Ministerio del Interior, quien aseguró que no existían registros gráficos de la muerte de Catrillanca, y que ningún carabinero portaba cámaras en el lugar.
Por otra parte, la parte querellante, representante de la Defensoría de la Niñez, destacó la necesidad de ampliar los cargos por homicidio a los otros dos efectivos miembros del Gope. “Yo no sé si el resguardo que el Estado le puede dar a la víctima –menor M.P.C- es efectivo”, destacó el abogado.
La defensa de los ex funcionarios de Carabineros se centró en desacreditar la intención de matar a Camilo Catrillanca. El abogado Alexander Schneider pidió que la causa fuera devuelta a la Justicia Militar y aseguró que los imputados colaboraron en todo momento con la investigación. A su juicio, no habría obstrucción a la justicia, a pesar de la destrucción de la tarjeta de memoria de la cámara GoPro que tenía asignada Raúl Ávila.
“Carlos Alarcón y mis representados no encubrieron, no hicieron todo lo posible para que la verdad no se supiera, es más, declararon como imputados el 15 –de noviembre- en la noche”, indicó el abogado. Schneider recalcó en reiteradas ocasiones que los funcionarios acusados fueron dados de baja “de forma provisional” y destacó que si se comprueba su inocencia “ellos pueden volver a la institución”.
El abogado criticó el hecho de que la cadena de mando no estuviera imputada en el caso. “Aquí los funcionarios no se mandaron solos. Ellos tenían instrucciones que venían de arriba, de un general”, detalló el abogado.
A pesar de las imágenes mostradas en la audiencia, en la que se daba cuenta de que no había enfrentamientos en el sector, el abogado reiteró la tesis de que los carabineros eran atacados y recalcó que “nosotros nos vamos a encargar de comprobar que ellos fueron atacados, fueron emboscados, y no es tan difícil de hacerlo”.
La defensa señaló que los carabineros del Gope dispararon de forma disuasiva hacia una “zona segura”, en forma de defensa, ya que “no sabían si los dos ocupantes del tractor estaban armados. Quizás tomó una mala decisión. De ahí, a pensar que él tenía la intención de matar a una persona, es otra cosa”.
Además, Alexander Schneider descartó como prueba el testimonio de la perito que realizó las pruebas de balística. “No hay un informe pericial, la especialista sólo declara, no hay informe balístico, no está. Lo que hay es la declaración de una perito, que dice que hay 79 cadenas de custodia”, indicó Schneider. De acuerdo al informe preliminar de la perito, fue precisamente Alarcón Molina quien habría disparado al cráneo del comunero, dándole muerte.
