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Ubilla no logra zafar de conflicto por terrenos en La Araucanía: aprueban comisión investigadora y subsecretario sale a defenderse

por 10 abril, 2019

Ubilla no logra zafar de conflicto por terrenos en La Araucanía: aprueban comisión investigadora y subsecretario sale a defenderse

Crédito: Agencia UNO

Al flanco que tiene abierto en tribunales donde debe responder a la demanda civil interpuesta en el Juzgado de Letras de Pucón por la familia Painequir, ahora el subsecretario del Interior enfrenta una comisión investigadora por la compra de tierras. “Esta comisión excede el mandato constitucional porque lo que pretende es investigar actos privados, no se está investigando una acción como subsecretario”, respondió la autoridad. La diputada Nuyado (PS) replicó que "el caso de Ubilla es emblemático respecto a compras irregulares, y lo correcto sería que este señor dé explicaciones en este caso”.
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La compra de tierras indígenas por parte del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, sumó un nuevo flanco, con la decisión de la Cámara de Diputados de conformar una comisión investigadora.

Por 64 votos a favor y 53 en contra, la sala aprobó este jueves la instalación de esta comisión que se abocará “particularmente a investigar las operaciones respecto de los inmuebles de la Comunidad Mariano Millahual, de la comuna de Pucón, y la compra que realizara el subsecretario del Interior”.

La autoridad reconoció que, en 2009 adquirió 2 predios en la Comunidad Mariano Millahual, en el sector de Quetrolefu, en las cercanías de la localidad de Pucón, y en 2012 compró otros terrenos emplazados en la misma comunidad.

Si bien dichos inmuebles son partes de las tierras indígenas entregadas por el Estado, dentro del título de Merced N°1341 de 1908 a nombre de la Comunidad Mariano Millahual, la explicación de  Ubilla, respaldada por el Gobierno y la Conadi, es que las parcelas fueron adquiridas a Guadalupe Moris, quien al momento de la transacción estaba separada de Jorge Painequir Molina y por lo tanto las tierras ya no detentaban la categoría de indígena.

Sin embargo, la familia de Painequir presentó una demanda civil en el Juzgado de Letras de Pucón, en contra del subsecretario del Interior por la operación.

La defensa de Ubilla

Tras la aprobación de la comisión investigadora, el subsecretario reaccionó, señalando que “estimo que esta comisión excede el mandato constitucional porque lo que pretende es investigar actos privados, personales, entre ciudadanos individuales privados y la Constitución establece que el mandato de estas comisiones tienen que ver con actos de gestión pública. No se está investigando una acción como subsecretario".

Sin embargo, el caso tiene una arista política, dado que en los fundamentos de la solicitud para su conformación, la diputada requirente, Emilia Nuyado, señaló que “este tipo de aprovechamientos, como el que habría tenido el subsecretario Ubilla, donde hace caso omiso de las disposiciones que la ley contempla para la protección de las tierras indígenas, no ayuda a mejorar la relación entre las comunidades indígenas y los gobiernos de Chile, que tantos errores han cometido en el trato hacia los pueblos indígenas”.

Nuyado añadió tras la aprobación de la comisión que "el caso de Ubilla es emblemático respecto a compras irregulares, sobre todo porque una de las compras la hizo mientras era subsecretario, en el primer Gobierno de Piñera”.

“Entendemos que la derecha trate de blindar a una autoridad de su Gobierno, pero lo correcto sería que este señor dé explicaciones en este caso. Ahora, el mandato de la comisión es más amplio que analizar solo las compras en tierras mapuche, también queremos saber que ha pasado con los pueblos indígenas en otras partes del país”, añadió la parlamentaria.

La comisión que tendrá un plazo no superior a 120 días para su accionar, además investigará las actuaciones del Ministerio de Desarrollo Social, de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entre otros órganos del Estado, “en relación con la adquisición de inmuebles catalogados como tierras indígenas, por parte de personas que no cumplen las condiciones y requisitos que la legislación indígena exige para la transferencia o disposición de dichos inmuebles en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos.

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