Lapidario, grave y doloroso fueron algunas de las palabras que más se repitieron en la oposición tras conocer el informe, elaborado por la delegación que envió a Chile la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

El subjefe de comité de senadores PS, Rabindranath Quinteros, sostuvo que “el texto de la ONU consigna muertes, tortura y violencia sexual durante la crisis y el Gobierno debe asumir su responsabilidad y adoptar las acciones pertinentes para que se haga justicia y evitar que Carabineros siga actuando con inusitada fuerza en contra de los manifestantes”.

A su juicio, el informe deja en muy mal pie al Gobierno y se mostró partidario que el Ejecutivo intensifique la supervisión a Carabineros. “El informe evidencia que la policía ha incumplido de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifiestan pacíficamente. Eso no puede seguir”, indicó.

Para el vicepresidente del Senado, Alfonso de Urresti (PS), “a estas alturas resulta evidente que el Gobierno tiene que cambiar el foco de cómo está haciendo las cosas y asumir que Carabineros necesita supervisión”

“La institución necesita un mayor control de sus autoridades de cómo está actuando en las manifestaciones. Aquí no bastan los anuncios de que todo va a mejorar y que se cumplirán los protocolos. Se tiene que actuar para que la violencia policial pare”, indicó.

En este contexto, De Urresti añadió que el informe “ratifica el voto a favor de la acusación constitucional en contra del exministro, Andrés Chadwick”, porque el texto confirma que el Estado, especialmente el Ministerio del Interior fue el responsable político de las graves violaciones a los DD.HH que se registraron los primeros días del estallido social.

En tanto, a juicio del jefe de bancada de diputados del PPD, Ricardo Celis, “la ONU ha sido categórica: en Chile se han registrado Violaciones a los DDHH desde el 18 de octubre a la fecha. Esto es GRAVÍSIMO y el Gobierno aún es incapaz de dar una respuesta seria”.

Según el diputado comunista Daniel Núñez, el informe de la ONU “es lapidario sobre violaciones a los DDHH”, y recordó lo sucedido ayer en la acusación constitucional donde con votos de la oposición fracasó el libelo contra Sebastián Piñera. “Con qué cara los 3 diputados DC, 3 PR y Auth que votaron en contra la Acusación Constitucional pueden justificar su aval a la impunidad de Piñera. Impresentable y Vergonzoso!!!”.

Para el exdiputado Jorge Tarud, el informe viene a confirmar que “Chile está con una imagen en el suelo en términos de conducción, económicos y en violaciones a los Derechos Humanos”.

El ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados añadió que “Human Rights Watch, Amnistía Internacional y ahora Naciones Unidas corroboran que el Gobierno de Chile ha violado gravemente los derechos humanos. Para nosotros, un país que vivió una dictadura con graves violaciones, donde trabajamos para reconstruir la imagen de nuestro país, la volvemos a ver en el suelo”,

Tarud exigió al oficialismo que condene estos hechos de la misma forma que como lo hace cuando suceden en Venezuela. “Este Gobierno se dedica sólo a denunciar a Maduro, pero no reconocen ni ellos ni su sector cuando ha habido violaciones a los derechos humanos en nuestro propio país. Ese es un doble estándar absolutamente inaceptable”.

Ministerio Público

En la oposición también pusieron foco en la actuación del Ministerio Público en esta crisis. “El informe hace mención al bajo número de personas formalizadas y yo me atrevería a decir a los nulos casos esclarecidos. Creo que ya no puede seguir dilatando las investigaciones. Aquí no puede instalarse la sensación de impunidad”, dijo el senador Quinteros.

En ese contexto, De Urresti emplazó al Ministerio Público para que acelere el paso en sus investigaciones y establezca a la brevedad quienes y las sanciones para los responsables de esta situación. “Aquí ya no existen excusas para seguir dilatando los casos, hay que sancionar y dar muestra de que no habrá impunidad en estos casos, especialmente porque es el Estado el que está involucrado en estos crímenes, pues claro que inquieta el bajo número de formalizados por violación a los DD.HH”.

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