Mecanismos para corregir paridad de género; normas que fortalezcan a los partidos tales como la pérdida de escaños si se renuncia a la colectividad por la que se fue electo; y establecimiento de una agenda prioritaria presidencial; además de normas de gobernabilidad como quórum mínimos para la existencia de los partidos son parte de las materias aprobadas del anteproyecto constitucional en el capítulo asociado al Congreso Nacional.
En una nueva jornada de votaciones, la Comisión Experta del proceso constitucional ratificó el capítulo IV sobre el Congreso Nacional, donde se establecieron diversas normas. Una de ellas es el cambio en las elecciones parlamentarias, que ahora se realizarían junto con la segunda vuelta presidencial. El anteproyecto mantiene el bicameralismo con la existencia de una Cámara de Diputados y un Senado.
Pero una de las normas más polémicas ha sido el establecimiento de un umbral del 5% de votación nacional en las elecciones parlamentarias para que los partidos puedan tener representación en el Congreso. Sin embargo, esta norma se aplicaría gradualmente, en caso de ser visada en todo el proceso, pidiendo un 4% o cuatro legisladores para el primer año.
Algunos comisionados expresaron diferencias con respecto a esta norma, argumentando que favorecerá a los partidos más grandes y dificultará la representación de partidos regionales. Sin embargo, se mantienen el sistema electoral proporcional, los pactos electorales y las listas abiertas de candidatos.
Otra norma que ha generado diferencias es la que busca promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional, aunque queda por ver si se establecerán escaños reservados para ellos.
También se ha debatido sobre una norma de paridad de salida transitoria, que busca corregir la distribución de escaños en caso de que uno de los sexos supere el 60% de los electos en las elecciones. Esta norma también ha generado opiniones divididas entre los comisionados.
Durante el debate, los comisionados destacaron la inclusión en la propuesta de anteproyecto constitucional de medidas como la paridad “60/40”. La norma contempla un mecanismo que corregirá la representación, en el caso de que algún sexo supere el 60 por ciento de los parlamentarios electos. Esto comenzará a regir en las dos elecciones posteriores a la entrada en vigencia de la nueva Constitución (norma transitoria); o bien, si antes de ese plazo, se cumple con la proporción sin mediar correcciones.
En ese contexto, la comisionada Catalina Lagos dijo que la representación de mujeres y pueblos indígenas resulta ser el mecanismo para asegurar participaciones que tienen fundamentos diversos. “Un número importante de mujeres que participan en los órganos colegiados, dan cuenta de mejor manera de las necesidades y las vivencias que se relacionan con las experiencias de discriminación estructural que enfrentamos día a día”, según explicó.
Como detractora del mecanismo, la comisionada Natalia González subrayó que no estaba de acuerdo con los mecanismos tendientes a darles a las mujeres una paridad de salida en el Congreso Nacional. “Tampoco comparto que los colectivos o que los pueblos indígenas puedan tener escaños reservados. Si bien tienen rasgos homogéneos y comunes, ellos están compuestos por una valiosa diversidad de personas que son heterogéneas y, esa diversidad, me parece que no debe ser reducida por la pertenencia a un colectivo”, afirmó.
Por otro lado, se han planteado medidas antidiscolaje o “ley antidíscolos”, para fortalecer la disciplina partidaria. Según estas medidas, un diputado o senador será cesado de su cargo si es expulsado del partido político. Un ejemplo de esto fue la renuncia a la DC de la senadora Ximena Rincón una vez electa para conformar un nuevo partido.
El artículo fue valorado por el experto Gabriel Osorio, quien recalcó que los comisionados identificaron deficiencias provocadas por este tipo de situaciones que generan fragmentación política y que han redundado en coaliciones inestables, vacíos doctrinarios, además de programas sin cumplir con la consiguiente frustración ciudadana. “La fragmentación es una cosa estructural en la sociedad chilena. Desde el nacimiento de nuestro sistema de partidos, Chile es un país multipartidista; sin embargo, hemos buscado morigerar esa realidad social”, aseguró.
En la misma línea, Máximo Pavez destacó la inclusión del artículo en el anteproyecto, porque con el sistema actual “cuatro o cinco parlamentarios, que no pertenecen a un partido político, terminan teniendo más poder que todas las bancadas parlamentarias”.
Con este capítulo IV, además, se busca dar mayor gobernabilidad, haciendo coincidir las elecciones de diputados (as) y de senadores (as) con la segunda vuelta presidencial. Con ello, es más probable que el Mandatario tenga mayoría en las cámaras y se robustezca la gobernabilidad. “La coincidencia de la elección del Congreso Nacional, con eventuales segundas vueltas, me parece una regla acertada, ya que establece una relación más simbiótica entre el Ejecutivo y el Legislativo y hace más viable que los gobiernos puedan implementar sus programas”, señaló Alexis Cortés.
Se espera que estas normas dialoguen con el contenido del capítulo V: “Gobierno y Administración del Estado”, el cual establece -entre otras cosas- la facultad del Presidente de la República de informar sobre su “agenda prioritaria” durante la cuenta pública. Con ello, podrá ingresar hasta tres proyectos de ley para que se pongan en votación en un plazo máximo de un año.
Esta nueva facultad fue celebrada por Alejandra Krauss, quien destacó que esto “no sólo incluye la puesta en votación de estos proyectos de ley prioritarios, sino también, que se termine su tramitación legislativa. Esto es enormemente valioso para que el Presidente ordene la agenda legislativa”.
