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La integrante del movimiento ciudadano Salud Libre y directora ejecutiva de Fundación Politopedia, Victoria Beaumont, se refiere a la tensión en torno a la aplicación del fallo dictado por la Corte Suprema tras las declaraciones de la ministra Ángela Vivanco. Asimismo, aborda el rumbo que –a su juicio– debiera tomar la discusión respecto al futuro del sistema de salud en Chile, y apunta que tanto lo público como lo privado debiesen convivir. Sin embargo, acusa que, luego del fallo, actores políticos generaron una “expectativa irresponsable de la devolución de altas sumas de dinero” y, ahora, la interpretación de la ministra “entiendo que tiene muy molesta a gente que realmente estaba esperando recibir eso”, añade.
La discusión acerca de la crisis de las isapres volvió a copar titulares a raíz de los dichos de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco sobre el fallo dictado por la Tercera Sala del máximo tribunal del país, que se refiere a la restitución de cobros excesivos por parte de las aseguradoras de salud privada. Ante esto, la directora del movimiento ciudadano Salud Libre, Victoria Beaumont, comenta a El Mostrador que el episodio vuelve a poner de frente la necesidad de “recuperar toda la conversación que se ha tenido, y de limar asperezas en el sentido de pensar, realmente, en qué queremos como sistema de Seguridad Social en Salud para Chile”.
Beaumont señala que el dictamen de noviembre del 2022 de la Suprema ha incrementado la incertidumbre ciudadana respecto al futuro del sistema de salud en el país. “La pandemia había dejado al sistema de salud en una crisis de listas de espera y de incremento de costos grande, tanto en el sector público como en el privado. Además de 600 mil recursos en un último año: es una judicialización histórica. Creemos que la mejor forma de proteger el acceso a la salud de las personas es teniendo un sistema mixto robusto, donde haya una real complementariedad público-privada y donde las reglas del juego y la certeza jurídica estén clarísimas, con una Superintendencia de Salud que fiscalice al sector público y al privado por igual”, subraya.
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-¿Qué efectos considera que tienen los dichos de la ministra Vivanco? ¿Contribuyen a alivianar la crisis, al apuntar que serían menos las personas contempladas en la devolución de excedentes?
-Con todo lo que ha sucedido, a mi juicio, ya es mejor cortar por lo sano y avanzar en una reforma al sistema. Este es un capítulo más de una crisis que va más allá de una crisis financiera para el sistema privado. Lo que vimos con respecto al fallo, y también a la crisis de judicialización que se ha tenido durante 15 años, son señales claras de que no es necesario hablar de ley corta, sino que es el momento de volver a plantearnos una reforma para tener un sistema mixto de seguridad social robusto, donde hagamos las cosas que hay que hacer para generar transparencia y competencia en el sector privado, y para que haya fortalecimiento en el sector público. Fonasa debería tener la modernización de un seguro estatal: soy de la idea de fortalecer a Fonasa, no que se genere una isapre pública. Fonasa para mí es el asegurador estatal, y creo que nos ha acompañado tantos años, con todas las reformas que ha habido, que es el momento de dar el paso de modernizarlo definitivamente.
-¿Entonces usted dice que, descartando la ley corta, el Gobierno en este caso debiese ingresar un nuevo proyecto, o cambiarlo? ¿Desde qué punto de vista debería involucrarse el Ejecutivo?
-Lo que pasa es que lo que yo te estoy proponiendo está fuera del programa del Presidente Boric. Entonces, yo le estoy pidiendo en este caso al Presidente Boric que deje de lado su programa, que era la eliminación del sistema mixto, la eliminación de las isapres. A mí cada día me convence menos que el camino que tenemos que seguir como chilenos, para tener real y efectivo acceso a las prestaciones de salud, es eliminar el sistema privado de aseguramiento. Deben convivir ambos seguros de primer piso: el privado y el público. Tal vez con otro tipo de empresas, sin fines de lucro. Se pueden generar otros modelos, pero creo que los privados deben estar presentes.
-Hasta ahora, se han referido al tema exautoridades de salud, y de los ministros a cargo, Luis Cordero indicó que el sistema judicial está congestionado con los temas vinculados a las isapres. ¿Cómo observa esto?
-Al tema de la judicialización nosotros le hemos hecho seguimiento desde que partió el año 2007. El fenómeno se genera en un corto plazo después de ciertas introducciones de normas. Ahora tenemos, incipientemente, una judicialización de topes o coberturas mentales también, que están relacionadas con una ley de salud mental que se aprobó. O el Legislativo empieza a considerar esa variable dentro de la conversación de la ley, empezar a mirar cuál es el riesgo de judicialización de cada norma que generan –tanto el Legislativo como el Ejecutivo en sus regulaciones administrativas–, o bien nos sentamos a conversar, ponemos sobre la mesa transparentemente todas estas variables y escenarios que se han generado, que lo único que han provocado es un incremento de los costos del sector salud, de la desconfianza entre los actores, y podemos conversar cómo generamos nuestro sistema de salud, porque además hay urgencias. Una de las urgencias que me tiene más preocupada es que, antes de la pandemia, teníamos aproximadamente 20 mil personas en lista de espera por incumplimiento de garantías explícitas de salud en el sector público.
-En la Cuenta Pública, el Presidente Boric habló de una reducción de esas mismas listas de espera.
-No, porque las listas de espera no se redujeron, todo lo contrario: aumentaron. Lo que el Presidente mencionó fue una baja en los tiempos de espera de intervenciones quirúrgicas no GES.
-Pero eso, de cierta manera, contribuye a alivianar la carga del sistema en sí.
-Ellos usaron la mediana, no el promedio, y eso ha generado un montón de ruido en el mundo técnico. Pero no raya para la suma. El Presidente anunció que había bajado aproximadamente un 30% los tiempos de espera, de la mediana de tiempos de espera en intervenciones quirúrgicas no GES, pero la verdad es que el resultado es que hoy día hay dos mil personas más en esa lista de espera esperando más de tres años. Entonces, no necesariamente cuando el Presidente dice que ha bajado la mediana del tiempo de espera implica que haya menos gente en la lista. Es súper delicada la forma en la cual él comunicó, porque en la ciudadanía se genera una expectativa. Es tan difícil, es estructural, ningún Gobierno lo ha podido hacer.
-¿Qué rol debiese haber jugado la Asociación de Isapres respecto a la controversia que hay ahora?
-Tengo mis años en este tema, recuerdo esta conversación y veo que es un escenario muy similar al que se generó con el fallo del Tribunal Constitucional (TC). Cuando falla el TC, lo que hace es que elimina algunos incisos de la ley y, en el fondo, lo que eliminó fueron los factores de la tabla, pero la interpretación política que se dio a eso es que se derogaba la tabla completa como instrumento. Aquí ha sucedido lo mismo. A mi juicio, hubo un argumento más bien político, de apropiarse un poco de que el fallo era favorable para la idea de la eliminación del sistema mixto.
-Entonces, ¿usted diría que la responsabilidad es compartida por todos los actores?
-De todos modos. Además que se generó un ambiente donde se les acusaba a las isapres de haber generado un incumplimiento de la norma, y después subió el tono hacia un robo descarado, por parte de la isapres, de parte de las cotizaciones de las personas. Se crearon estos portales donde uno podía consultar cuánto le debía la Isapre a uno, que creó un ambiente que no era el más propio para poder conversar las implicancias del fallo.
-¿Cree que, si continúa esta incertidumbre, pueda desencadenarse una respuesta ciudadana mayor?
-Mientras antes surja un liderazgo, desde el Congreso –a mi juicio, es ahí donde va a tener que surgir–, que realmente coloque un cronograma de trabajo para dar una respuesta de continuidad del sistema, y ojalá fortalecimiento de ambos sistemas –Fonasa con toda su brecha, y las isapres con todos sus temas de transparencia–, no hay ninguna posibilidad de que haya algo al respecto. Por lo menos los cotizantes de isapres no son personas que se muevan colectivamente por regla general. Pero sí esta expectativa irresponsable que se generó por actores políticos, de la devolución de altas sumas de dinero, entiendo que tiene muy molesta a gente que realmente estaba esperando recibir eso. Claramente, dado el fallo, las isapres iban a quebrar, y la gente no iba a recibir nunca ni un peso.
