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Créditos: Agencia Uno.
Las aguas que le tocará surcar al Gobierno en materia legislativa no se ven fáciles. Voces oficialistas al interior del Congreso advierten que, tras la semana distrital, el 25 de septiembre se medirá en buena manera cómo quedaron las relaciones con la oposición luego de la división que se vivió en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Desde la oposición, aseguran que quieren pasar rápido el tema del 11 de septiembre para ponerse a trabajar en las materias que el Ejecutivo ha puesto como prioritarias, pero, al mismo tiempo, señalan que las relaciones están muy debilitadas. La salida del exministro Giorgio Jackson logró descomprimir el ambiente, pero luego de esta semana parece que la presión volvió a subir. Otro factor que puede aportar malamente a eso, es el veto a la Ley de Usurpaciones, que deberá ser ingresado durante la semana en que se retome la actividad legislativa. En La Moneda no muestran mucha preocupación por eso, pero desde la oposición sostienen que sí o sí será un factor que sumará más dificultades para una gestión aceitada de las reformas más importantes para el Gobierno.
La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado dejó esquilas en la clase política y estuvo muy lejos de congregar a todas las fuerzas en una declaración respecto a principios básicos democráticos y respeto a los derechos humanos. Si bien existieron textos paralelos que no distaban mucho en su contenido, la unidad política transversal no se vio. Esa es la antesala de una agenda legislativa que se vuelve a retomar el 25 de septiembre -por la semana distrital de Congreso- y que tratará temas de seguridad, salud, probidad, reforma de pensiones y el pacto fiscal. El Ejecutivo aseguró que espera poder construir acuerdos en las materias urgentes, pero parece ser que las tensiones, que se habían descomprimido con la salida del exministro Giorgio Jackson, volvieron a activarse.
El 12 de septiembre la senadora Paulina Núñez (RN) reveló su primer diagnóstico respecto a las relaciones entre el Congreso y La Moneda: “Después de la conmemoración de los 50 años, las relaciones con el Gobierno están quebradas, creo que quedaron heridas, porque estamos frente a un Gobierno que no es de todos los chilenos, que con su ideología termina polarizando y dividiendo el país, más que uniéndonos y reencontrándonos”.
Para la senadora, las discusiones respecto a los 50 años y a las reformas están en un mismo plano, debido a que el Gobierno es el que “termina mezclando las cosas, porque al final del día tú no puedes llegar y patear la mesa o enfrentar de mala forma a quienes necesitas que te den votos y te apoyen en el Congreso”. Núñez afirmó que “el Gobierno no tiene ningún ánimo de conversar y dialogar”.
Parlamentarios de oposición de la Cámara coinciden con que en la primera semana no ha habido mucho acercamiento del Gobierno respecto a los temas urgentes y también en relación con el alza de la tensión. El diputado y jefe de bancada UDI, Guillermo Ramírez, confirmó ese sentir: “El Gobierno volcó todas sus energías en la conmemoración de los 50 años, dejando en espera los temas más urgentes de los chilenos. Por ejemplo, en salud tenemos un récord de muertos en lista de espera”.
Ramírez espera que “el Gobierno vuelva a trabajar” en la agenda legislativa que está en curso y, en tal sentido, señaló: “En materia tributaria, llegar al fondo en el caso Convenios, que den garantías de que en este Gobierno no se van a volver a repetir actos de corrupción como aquellos, y en materia de pensiones”.
El diputado y jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, confirma que “las relaciones entre el Gobierno y la oposición incluso se han deteriorado luego de la conmemoración de los 50 años”. Esto, dado que –según observa– se “han vuelto a abrir no solo heridas sino que desconfianzas y lo que se había avanzado en diálogo se ha tirado por la borda”. En ese sentido responsabiliza al Presidente Gabriel Boric de invitar a un diálogo “y después da un garrotazo, invita a pensar en el bien de todo el país, sin embargo al paso siguiente él solo le habla a su 25% de votación dura”.
Al respecto, hace un llamado a la búsqueda de acuerdos, cosa que también le ha pedido a la derecha en privado, pero ahora lo hace de manera pública: “Creo que la derecha estaba en una actitud muy pequeña y miope de no entender que, si no es capaz de arribar a acuerdos ahora, simplemente mañana va a cosechar tempestades sociales, malestar social, mucha confusión y tensión política”. Además, sostiene que lo que debe entender la derecha es que “no se puede intentar avanzar solo negándose a cualquier cambio que beneficia a la población. En este sentido espero más de los liderazgos de la derecha y aún más de quienes desde la derecha pretenden ser candidatos presidenciales”.
En la Cámara, en ambos sectores, comentan que tras la salida del exministro Giorgio Jackon los ambientes se descomprimieron, pero tras la conmemoración de los 50 años se volvió a vivir una tensión similar. Ahora bien, desde la oposición –y bajo reserva– revelan que sí ven con buenos ojos el hecho de que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, anunciara que dividirá el proyecto en dos, y desde el centro también valoran que se haya propuesto que el 6% adicional vaya dividido en 4-2. Es decir, 4% para ahorro solidario y 2% para cuentas individuales en las AFP.
En entrevista con el DF, Jara aseguró que “cuando salga despachada la primera parte de la reforma –seguro social, división de la industria y PGU– al Senado, pueda entrar a la Cámara lo otro. Es una definición que hay que hacer con el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde”. Al ser consultada sobre qué es lo que quedará para la segunda parte, revela que estará lo siguiente: “La cobranza previsional y el aporte previsional voluntario entrarían en una segunda fase, lo que va a ser más rápido de llegar a un acuerdo porque son temas importantes, pero que no generan grandes diferencias. Esto tiene que ver con un tema de eficiencia legislativa”.
En el oficialismo aseguran que la reforma previsional será la prueba de fuego que reflejará cómo están las relaciones con la oposición. El pacto fiscal, por un lado, ingresará a trámite el próximo año. Las medidas de seguridad y la agenda de probidad, por otro, son compromisos ya adquiridos que deberían tener un flujo relativamente aceitado en ambas Cámaras. Entonces, ninguna de las dos representan una medición de fuerzas tan clara. Sin embargo, la reforma de pensiones se construye como un espacio de disputa y negociación que echará luces sobre las tensiones y capacidad de negociación entre las fuerzas políticas.
El diputado socialista Juan Santana separa conceptos en cuanto a los efectos que dejó la conmemoración de los 50 años y la tramitación de la agenda legislativa: “Una está directamente ligada a la opinión, al juicio que se tiene por parte de los partidos sobre un hecho histórico, y lo otro tiene que ver más bien con la voluntad que muestran estos mismos partidos de sacar adelante reformas que en la opinión del Gobierno y de los partidos oficialistas son fundamentales para la población”.
Ahora bien, Santana espera que, aun cuando no se llegue a un acuerdo previo y los cálculos políticos no aseguren el éxito de la reforma, “deben someterse a votación, porque lo que no puede ocurrir es que finalmente la población no conozca o no sepa cuál es la postura de los parlamentarios de los partidos políticos respecto a temas tan importantes como estos”.
El Ministerio del Trabajo pretende ingresar el proyecto a la Cámara entre octubre y noviembre, pero desde la oposición advierten que el veto a la Ley de Usurpaciones puede hacer subir las temperaturas y, de alguna manera, puede perjudicar la tramitación de proyectos en curso. En torno a ese factor, el Gobierno parece no tener mayores preocupaciones. El ministro Elizalde, al consultarse acerca de si le preocupaba el veto en ese sentido, respondió: “En lo absoluto”. El ministro especificó que “el Gobierno en esto ha hecho un planteamiento de principios. No podemos pasar a llevar principios civilizatorios básicos y los principios sobre los cuales se ha constituido un ordenamiento jurídico que establece con toda claridad que en Chile está prohibida la violencia entre particulares para resolver sus conflictos jurídicos”
Sobre las tensiones que se visualizan en Congreso tras la conmemoración de los 50 años del golpe, Elizalde afirmó que “el trabajo legislativo no se ha detenido, el Gobierno ha seguido presentando proyectos de ley, indicaciones, también urgencias para aprobar distintos proyectos. Tanto es así que, por ejemplo, en la sesión de este miércoles en el Senado se aprobaron cinco proyectos de ley”. En ese sentido, comentó que existen varias materias urgentes, como las mencionadas, y afirmó que al Gobierno le “gustaría ver un mayor compromiso de todos los presidentes de las comisiones en el cumplimiento de las urgencias para poder acelerar la aprobación de estas iniciativas que son tan importantes”.
En cuanto a la dificultad de llegar a acuerdos y a las críticas de la derecha sobre lo obstaculizados que están los puentes, dijo algo que el Gobierno ha repetido en diversas ocasiones: “La falta de acuerdos perjudica a Chile. Son finalmente las personas las que se ven perjudicadas, si es que estas iniciativas que el Gobierno promueve no son aprobadas”. El ministro usó como ejemplo la reforma de pensiones: “Si no logramos la aprobación de la reforma de pensiones que ha propuesto el Gobierno, vamos a seguir postergando la solución a un drama que se vive en la vida cotidiana de miles de personas mayores en nuestro país”.
