PAÍS
Manuel Lema Olguín/Agencia Uno
Era un tema de por sí candente, pero el llamado a movilizarse en contra del cuerpo normativo por parte del grupo liderado por Héctor Llaitul fue tomado como caballito de batalla por la derecha, según la cual el gobierno cedió ante la presión. El ministro Álvaro Elizalde defendió la decisión presidencial esta mañana, aseverando que “el texto como se había aprobado permitía la justicia con mano propia”.
Tal como se preveía, el veto que el gobierno iba a presentar en contra de la Ley de usurpaciones (cuyo eje central era la legítima defensa privilegiada), generó una serie de coletazos, al producirse ad portas del inicio del trámite legislativo de la Ley de presupuestos, el que ya estaba caldeado por la sombra del caso convenios, que justo se reactivó esta semana.
Sin embargo, hubo otro hecho que agitó aún más las aguas en lo relativo al veto presidencial: el comunicado de la Coordinadora Arauco Malleco difundido el miércoles a través del sitio Werkén.
En este, la CAM señala que “hacemos un llamado a movilizarse en contra de la ley de usurpaciones, que a nuestro juicio pretende legitimar al Estado colonial y presentar una visión errada de quienes son los verdaderos dueños de la tierra, traicionando y tergiversando la historia, y que es la razón profunda del conflicto histórico en el Wallmapu”. La declaración fue ilustrada con una foto que muestra a una serie de encapuchados blandiendo armas de fuego, seguida por otra donde se ve a dos encapuchados apuntando con fusiles de guerra.
En dicho contexto, el senador por la Araucanía, Felipe Kast (Evópoli), marcó la pauta de la que sería la reacción de prácticamente toda la derecha, al escribir un breve mensaje en su cuenta de Twitter, luego del anunció del veto, el viernes en la tarde: “La CAM celebrando la decisión del gobierno”.
Su colega Luciano Cruz Coke (también Evópoli), a su vez, calificó el veto como “un nuevo revés para el país y un triunfo del Partido Comunista y el Frente Amplio, que indultan delincuencia”.
El senador republicano Rojo Edwards se manifestó en el mismo sentido que Kast, señalando en la misma red social que “la agenda de seguridad del gobierno terminó siendo una gran frase” y que la “CAM, usurpadores y delincuentes celebran”. Johannes Kaiser, diputado del mismo partido, aseveró, en tanto, que “este gobierno está compuesto por partidos que desprecian el derecho de propiedad y que respaldan a los terroristas que actúan en el sur. El veto a la ley de usurpaciones es sólo consecuente con su política permanente de respaldo al crimen”.
Henry Leal, diputado de la UDI, afirmó algo semejante, diciendo que el presidente de la República y la ministra del Interior “le dan la espalda a La Araucanía y a la Macrozona Sur respaldando a la CAM y a todos los grupos terroristas”.
Marlene Pérez, diputada del mismo partido, llamó al presidente a reconsiderar el veto, asegurando que “la CAM ha hecho un grave llamado a movilizarse con armas para defender la toma de terrenos”, ante lo cual agregó que “sería un gesto negativo y una mala señal colocarse del lado de quienes buscan socavar el estado de derecho”.
El senador Alejandro Kusanovic (independiente), por su parte, aseveró que “el veto presidencial a ley de usurpaciones es un grave error” y que “al eliminar penas de cárcel a tomas no violentas, el gobierno le quita dientes a la Ley de Usurpaciones”.
El presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, anunció que estudiará a conciencia su voto (una vez que la ley regrese al parlamento), pues afirmó que “este veto naturalmente no nos deja contentos” y que “a mí me gustaría que el Presidente, con esta misma rapidez con que hizo el veto, se preocupara de los problemas de seguridad y de violencia que tenemos en La Araucanía”, preguntándose además “¿qué es esto de usurpación pacífica? ¿Le vamos a dejar en las manos a un juez, como el juez de Arica, que decida efectivamente con su criterio, cuál es una usurpación pacífica?”
Según La Tercera, el bancada de RN, a la cual se sumaron otros parlamentarios de La Araucanía, envió una carta al presidente Boric, en la cual le indican que “resulta desconcertante la forma en que se gestó este veto y las presiones formuladas desde el Partido Comunista y el Frente Amplio, presiones a las cuales sucumbió S.E. y que persisten en socavar la agenda de seguridad y contravenir la voluntad de una mayoría de los chilenos que se vio claramente reflejada en el trámite legislativo del proyecto”.
El mismo medio asevera, además, que el diputado Andrés Celis, también de RN, promoverá una interpelación en contra de la ministra Carolina Tohá.
A su vez, el ministro secretario general de la presidente, Álvaro Elizalde (PS), salió al paso de las críticas de la oposición, asegurando que “en Chile, los conflictos jurídicos entre privados no se resuelven a través de la violencia. Y, lamentablemente, el texto como se había aprobado permitía la justicia con mano propia, la autonomía. Eso implica más violencia, más delitos”.
Complementó lo anterior indicando que “sentar un precedente de que se pueda en Chile aplicar medidas de autotutela o de justicia con mano propia implicaría promover más violencia y, por tanto, más delitos”, agregando que “hemos presentado este veto con el objeto de corregir ese punto en particular y, adicionalmente, restablecemos que exista una gradación de la pena, de acuerdo a la gravedad de las circunstancias en que se comete el delito”.
Agregó que “nosotros esperamos, en todo caso, que el veto sea acogido porque, insisto, da cuenta de principios sobre los cuales se han construido estos sistemas jurídicos que están orientados a erradicar toda forma de violencia y que, finalmente, los conflictos jurídicos entre particulares se resuelven en los órganos institucionales correspondientes, los tribunales de justicia, a través de la acción de las policías. Además, en las observaciones que hemos presentado, se autoriza que las policías puedan actuar directamente para restituir el inmueble y que el juez pueda, también, ordenar la restitución en cualquier etapa del curso sin esperar la sentencia final. Desde esa perspectiva, se establecen formas expeditas para restablecer el imperial derecho que son adecuadas, conforme a la lógica con la cual se resuelven los conflictos jurídicos en una sociedad civilizada.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), opinó que “hay dos posiciones muy extremas, demasiado en contra. Creo que vamos a tener un gran debate en la Cámara respecto de esto, que no deja indiferente a nadie”.
En términos personales, especificó que “hubiese preferido tener penas en todo tipo de delitos. Yo considero que una toma es violenta solo por el hecho de ser tomada. No hay que necesariamente violentar los bienes materiales, digamos, pero tomarse un terreno que no es de mi propiedad es ya un acto violento”. Al respecto, vaticinó que “va a ser una discusión larga y efervescente, por decirlo de alguna manera”.
