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Créditos: Agencia Uno.
Hoy La Moneda ingresará al Senado el veto a la Ley de Usurpaciones, cumpliendo su promesa de suprimir la legítima defensa privilegiada. Desde la oposición han expresado preocupación por los alcances de la medida del Ejecutivo, pero no por la eliminación de dicho artículo. En el oficialismo, en tanto, se hallan a la espera de la última redacción, porque existen distintas interpretaciones respecto a la extensión del veto. Desde Apruebo Dignidad han manifestado que la usurpación no violenta debería ser sancionada con multas, como es actualmente. Sin embargo, desde el Socialismo Democrático tienen aprensiones con ese planteamiento, dado que podría limitar la acción policial en tales casos. Aunque ya ha trascendido que el Gobierno tiene una propuesta intermedia que podría satisfacer a ambas coaliciones, los parlamentarios oficialistas están a la espera del ingreso del veto para verificar si esto se cumple efectivamente.
El Gobierno ingresará hoy al Senado el veto a la Ley de Usurpaciones, después que diferentes ministros anunciaran que el artículo referido a la legítima defensa privilegiada no vería la luz, pues según ellos abre espacio a la autotutela.
Aunque existe amplio acuerdo en torno a vetar lo referido a ese aspecto, el oficialismo llega dividido en lo que dice relación con otro punto del mismo proyecto: el relativo a las ocupaciones residuales, es decir, aquellas que se ejercen sin violencia. Actualmente penadas con una multa, la nueva ley impone sanciones corporales (cárcel) para quienes sean declarados culpables de incurrir en dicha figura. En ese sentido, en Apruebo Dignidad esperan que este mantenga la sanción de multa, algo que no comparten desde el Socialismo Democrático. A su vez, en forma salomónica, el Gobierno apuesta por una fórmula intermedia, que pretende mostrar un oficialismo alineado en la tramitación del veto.
Hace una semana ya que las conversaciones sobre vetar la Ley de Usurpaciones se intensificaron y desde el Ejecutivo han establecido distintos flujos de diálogo para asegurar el éxito en el Congreso. Incluso, desde el viernes pasado que los asesores de Chile Vamos se reunieron con personeros gubernamentales para presentar sus “líneas rojas”.
Durante esta semana, en tanto, el Partido Comunista (PC) transparentó sus aprensiones –que también comparten algunos personeros del Frente Amplio– y forzó a La Moneda a encontrar una propuesta que convenza a la oposición, pero que también logre alinear a sus líneas internas.
El jefe de bancada de diputados del PC, Luis Cuello, explicó que el veto tiene tres puntos que buscan modificar. El primero coincide con lo que el Gobierno ha anunciado ya previamente: “Lo principal es, por supuesto, suprimir la figura de la legítima defensa privilegiada”, señala.
En segundo lugar, “eliminar la equivalencia entre la usurpación violenta y no violenta, que es una cuestión absolutamente desproporcionada que está en el proyecto de ley”. Por último, desde el PC esperan que se termine con la figura de la “usurpación provisoria” que, según el diputado Cuello, “persigue únicamente castigar al movimiento social, que eventualmente puede ocupar herramientas de presión que serían castigadas como una usurpación con cárcel. Entonces, eso nos parece bastante grave”.
Sobre la multa que contempla la legislación actual, puntualiza que “a nuestro juicio esa sanción debe mantenerse, puesto que es proporcional a la conducta realizada”.
El resquemor de algunas figuras del Socialismo Democrático, en este aspecto, es que, si se regresa a la multa, se limita la detención policial en caso de una usurpación no violenta. Es por eso que valoran la decisión del Ejecutivo de buscar un punto intermedio. Incluso, desde esa coalición señalan que le dieron “un cheque en blanco” al Gobierno para negociar con Apruebo Dignidad y con la oposición en pos de sacar adelante el veto.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha sido la principal figura detrás de la decisión de vetar. Fue quien anunció desde un comienzo que, en caso de que se aprobara la legítima defensa privilegiada, aplicarían el veto y fue quien atendió el llamado a diálogo de la oposición. Durante esta semana sostuvo que “estamos trabajando, buscando con todas las bancadas el mayor acuerdo posible, la verdad es que hemos avanzado bastante, en muchas materias se ha logrado encontrar fórmulas que son transversalmente, al menos, aceptadas”.
Sin embargo, respecto de la reducción de penas o la mantención de la sanción de multas en usurpaciones sin violencia, aclaró que “el Ejecutivo no tiene el propósito de eliminar penas en ningún tipo de situación”. Por otro lado, coincidió en que “este proyecto trata de la misma manera y otorga las mismas penas en situaciones muy distintas, de muy diversa entidad y gravedad”. Es por eso que el Gobierno optará por establecer, como en todas las leyes, añadió, “una gradualidad de penas de acuerdo a la gravedad del hecho y que en todos los casos haya penas adecuadas, porque nos parece que es lo que nos está pidiendo la sociedad”.
Según La Tercera, La Moneda buscaría un veto que contemple un catálogo de penas que vaya desde una multa hasta presidio, dejando en manos del tribunal respectivo decidir la sanción, caso a caso. En ese escenario se corregiría la preocupación del Socialismo Democático, porque habilitaría la detención policial en cualquier caso, siempre y cuando la figura de flagrancia permanente no sufra modificaciones.
El diputado socialista Leonardo Soto ha estado cerca del trámite del veto y respalda al Gobierno en cuanto a mantener las penas. Para él, el delito de usurpación debe castigar a quien “priva arbitrariamente de la tenencia de una propiedad, terreno o inmueble, a su legítimo dueño”. En ese sentido discrepa con el diputado Cuello, pues “una ley que sanciona este delito con una simple multa no tiene la gravedad suficiente para disuadir ni desincentivar a los que cometen esta clase de delitos”. Incluso, va más allá: “Una pena de multa como castigo a un delito genera la sensación de impunidad”.
La diputada Lorena Fries –quien también ha asistido a las reuniones– comenta que “la figura de la usurpación no violenta o residual, la verdad es que ese ha sido un punto de discusión”. Si bien sostiene que todavía no se conoce el contenido del veto, “distintas fuerzas políticas hemos planteado la necesidad de que haya una cierta sistematicidad, que empiece con multas y termine en la usurpación con violencia en las personas o intimidación con una prisión, digamos, proporcional a los bienes que se afectan”.
Desde Chile Vamos, en tanto, han revelado que están dispuestos a diferenciar las penas de los distintos tipos de usurpaciones –violenta, con violencia en las cosas y residual–, pero siempre y cuando las sanciones partan con presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 541 días).
El diputado Cuello sostuvo que esa perspectiva también es una “desproporción”, advirtiendo que “seguir escalando las sanciones penales creo que va a producir una inflación, desde el punto de vista criminal, que no tiene ningún destino”.
