La caída de “Los Pulpos verdes”: cómo operaban los carabineros delincuentes

Muchos comerciantes se referían a ellos como “Los Pulpos verdes”, en referencia a la organización criminal de origen peruano “Los Pulpos”, que se hizo muy conocida en comunas como Estación Central, Quinta Normal e Independencia (entre otras), debido a las extorsiones a que sometían (y someten) a comerciantes peruanos en su mayoría, a quienes les cobraban por “protección”, asegurando ser una especie de empresa de seguridad.

Sin embargo, en este caso, las personas imputadas de esos delitos eran funcionarios de la Segunda Comisaría de Estación Central, 12 al menos, que ayer fueron detenidos por la Sección de Asuntos Internos de la misma policía uniformada, luego de más de un año y medio de investigación de la Fiscalía Centro Norte. Entre los delitos que a partir de las 11:00 horas de este viernes les serán imputados en el Sexto Juzgado de Garantía se cuentan extorsiones, amenazas, lesiones, robo, detención ilegal, entre otros.

Parte importante de los afectados son comerciantes chinos del sector Meiggs y de Santiago Centro, los cuales comenzaron a denunciar estos hechos hace un año y medio, según relató a El Mostrador la abogada de estas víctimas, María José Sarmiento.

Según explicó, “en primera instancia nosotros presentamos una querella por una situación particular que afectó a dos ciudadanos y que tuvo relación con un ingreso ilegal, una detención ilegal, apremios ilegítimos y otros hechos de esa naturaleza”.

Ese hecho ocurrió en enero del año pasado, en una bodega ubicada en Estación Central, propiedad de un empresario de origen chino, hasta donde llegó a eso de las 18:00 horas una patrulla de Carabineros. Según detalla la abogada, los policías hicieron un ingreso ilegal a dicha bodega, que se encontraba cerrada, pues esperaron a que una persona que estaba adentro saliera, a recoger mercadería, para ingresar.

Luego de lo anterior, “empiezan a hacer controles de identidad adentro del local a los trabajadores que estaban ahí, que ellos los mantienen encerrados bajo amenaza”.

En ese momento controlaron la identidad del dueño del local, un ciudadano chino, que estaba junto a un sobrino, y al primero –según un testigo– le pidieron 500 mil pesos para dejar sin efecto el “operativo”.

Ante ello, el afectado les entregó su cédula de identidad, en regla, pero uno de los uniformados lo arrojó al suelo y empezó a llevárselo detenido, junto a su sobrino, todo lo cual fue grabado por una de las personas que estaba en el lugar. Uno de los arrestados, además –explicó la profesional–, fue golpeado en la calle, sin motivo.

De camino a la comisaría, el hombre mayor fue dejado en la calle, sin explicaciones, pero su sobrino quedó detenido y pasó a control de detención, acusado de ocultación de identidad. Días después fue sometido a un procedimiento monitorio, que se usa para casos penales de baja intensidad, pero tras el reclamo de la abogada Sarmiento, la Fiscalía decidió no solo no perseverar en el procedimiento, sino añadir los datos de la causa a una investigación que ya efectuaba respecto de los mismos carabineros, por hechos semejantes.

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Detención en el edificio

Un segundo hecho por el cual la abogada María José Sarmiento interpuso acciones legales fue la detención ilegal de otros dos ciudadanos chinos, hacia agosto del año pasado, que caminaban por la calle y estaban llegando al edificio en que residen, en el sector de Toesca, momento en que, a metros de la puerta, fueron interceptados a eso de las 21:00 horas por varios policías con sus rostros cubiertos por los pasamontañas verdes que usan los motoristas de la institución y desprovistos de todo tipo de identificación, pese a que ello es obligatorio.

“En ese momento les hacen registro, un supuesto control de identidad, y les piden dinero para no seguir con el control. Uno de ellos alcanza a entrar al edificio”, explica la abogada, agregando que ante ello los uniformados ingresan detrás de él y lo sacan a la fuerza, pidiendo –igual que en el caso anterior– 500 mil pesos para dejar sin efecto el procedimiento, partes del cual quedaron grabadas en dos videos.

Sin embargo, no son los únicos hechos por los cuales van a ser formalizados. Como explica Sarmiento, son muchos los delitos que se les imputarán. Al respecto, indica que uno de los aspectos más llamativos del grupo es que en su mayoría se trata de carabineros muy jóvenes, que sabían que los estaban grabando, muchas veces, y que eso no los inhibía. De hecho, agrega que en función de las acciones legales que ella interpuso fueron citados a prestar declaraciones y, pese a ello –señala–, siguieron operando del mismo modo, aun sabiendo que eran investigados.

“Los Pulpos verdes”

En términos de extorsión, Sarmiento representa a cuatro víctimas que les pagaban “por protección” a los carabineros. A diferencia de los primeros delitos, sin embargo, ella señala que estos sí se identificaban, pues “de hecho, para prestar el servicio, ellos ofrecían sus servicios ostentando su calidad de carabinero. Entonces ahí no había ningún problema, no tenían ninguna necesidad de ocultarse”.

Así, detalló que “cobraban una suma de dinero, partían cobrando por una tienda y empezaban por prestar una supuesta seguridad, que era ir con funcionarios de ellos. Se quedaba un funcionario durante el día a cierto horario en el local comercial”, precisa, agregando que, sin embargo, eso ocurría solo los días posteriores a cuando los extorsionados “contrataban el servicio”. Por cierto, como detalla la representante de las víctimas, cuando hubo ilícitos y estaban allí, tampoco intervinieron.

La “tarifa” era de 1,6 millones mensuales por local, y cada vez que alguien accedía a “contralarlos”, presionaban para iniciar el negocio en otros locales.

Negarse tenía consecuencias muy complejas, pues comenzaban “hostigamientos y amenazas. Se paraban afuera del local y hacían controles de identidad y controles de tránsito, y no dejaban a la gente ingresar a los locales. Ese hostigamiento permanente además involucraba a personal municipal, porque venían y hacían controles a los locales, de patentes, de lo que fuera”, relata la abogada, quien detalla que al menos ellos no denunciaron a los funcionarios de seguridad de Estación Central, “pero sí nos llamaba la atención la concurrencia inmediata y la participación reiterada de algunos de ellos en estos procedimientos”.

María José Sarmiento puntualiza que estos hechos vienen ocurriendo desde “hace años” y que las víctimas comenzaron a denunciar cuando ya se sintieron demasiado abusadas. Además, revela que varios de sus clientes fueron amenazados durante el periodo de investigación y que, por ello, fue necesario solicitar que la Fiscalía dictara medidas de protección, que por supuesto fueron encomendadas a otras unidades policiales.

Revisa los videos de la detención ilegal de un ciudadano chino: