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Foto: AgenciaUNO
Comisión de fraccionamiento pesquero decide dividir norma tras escándalo por cifras de Subpesca
La instancia mixta aprobó separar la discusión sobre la cuota de la merluza común del resto del proyecto. El dato “desactualizado” sobre la participación industrial sigue generando indignación, y la oposición arremete contra el subsecretario Salas. Se acordó una sesión especial el 27 de mayo.
Con seis votos a favor y cuatro en contra, la Comisión Mixta encargada de zanjar las discrepancias entre ambas Cámaras respecto al proyecto que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial, acordó dividir la norma, separando de lo ya aprobado, el fraccionamiento de la merluza común.
La decisión se adoptó luego que se generara un extenso debate entre los integrantes respecto de la idea de reabrir el debate sobre el particular. Cabe recordar que el pasado viernes, el ministro de Economía, Nicolás Grau reconoció que el subsecretario de Pesca, Julio Salas había entregado un dato errado —que luego se enfatizó solo estaba “desactualizado”— a la Comisión diciendo que la pesca industrial de la merluza común capturaba un 61% de su cuota total, lo que en realidad correspondía a un 93%.
Esta situación generó múltiples reacciones entre los congresistas, por lo que, en esta sesión, expresaron su disconformidad con el hecho e hicieron un llamado a que las autoridades asuman la responsabilidad política asociada y aventuraron si esta información podría haber influido en la votación que se dio en la sesión pasada. Cabe consignar que la ley vigente, permite que un 60% de este recurso vaya a la industria y un 40% a los artesanales. En tanto, la instancia Mixta aprobó entregar un 48% al sector industrial y un 52% al artesanal.
La instancia había zanjado distribuir en un 52% la cuota de la merluza para el sector artesanal y en un 48% para el industrial, lo que provocó el anuncio del cierre de operaciones de la empresa Pacific Blu en Talcahuano. Ese día, a través de un comunicado, el gerente de la pesquera apuntó al subsecretario Salas, acusándolo de exponer “datos falsos y no rigurosos, generando confusión en el debate parlamentario”.
“Estamos dando un triste espectáculo”
En la sesión de hoy, el subsecretario de Pesca recalcó que “presentamos un dato no actualizado en la sesión del 7 de mayo a esta Comisión. Se trataba de un cuadro con información disponible al 5 septiembre del 2024 que es la fecha en que ingresó este proyecto (…) En la sesión aludida se nos preguntó si la industria pescaba el total de su cuota y eso es efectivo mirando las estadísticas acumuladas, pero no, año a año (…) Lejos de haber mala fe, hablamos de un error de forma y me corresponde a mi asumir la responsabilidad”.
Luego el ministro Grau aclaró que “acá no hubo mentiras ni engaños sino imprecisiones. Los parlamentarios tenían claro lo que debían votar, ahora si este dato influyó o no en su votación, no hay como saberlo”.
En específico, respecto del fraccionamiento de la merluza común, el Ejecutivo propuso reabrir la discusión y volver a votar el guarismo, sin embargo, para ello se requería unanimidad, la cual no se alcanzó.
Frente a ello, el presidente de la instancia, el senador Fidel Espinoza (PS) puso en votación que dicha cuota de merluza se mantenga tal como fue aprobada por la Comisión, y que tanto la Cámara Baja como el Senado, se pronuncien respecto de todas las pesquerías aprobadas; y en otra votación, se aborde el guarismo de la cuota de merluza.
Así con seis votos a favor y cuatro en contra, se acordó dividir la norma. No obstante, los legisladores se mostraron dispuestos a trabajar en las próximas semanas, en una fórmula de gradualidad para la industria pensando en los trabajadores que se verían afectados por los ya anunciados despidos de PacificBlu. Votaron en contra de dividir la votación: la diputada Daniella Cicardini (PS), los diputado Jorge Brito (FA) y Matías Ramírez (PC), y el senador Daniel Núñez (PC).
El diputado Brito (FA) expuso que “Pacific Blu, de acuerdo a Sernapesca -datos oficiales-, registra que ha procesado en los nueve años de existencia entre 8.000 toneladas y 15.800, con un promedio de 11.373 toneladas”. Por tanto, “(Con) La cuota que le asignamos con el acuerdo de la comisión mixta le debiese corresponder a Pacific Blu casi 20.000 toneladas. En consecuencia, ¿tiene razones Pacific Blu para cerrar sus plantas de proceso por el acuerdo de la comisión mixta? No”, manifestó el representante de la Región de Valparaíso.
Endureció el tono el la diputada Cicardini (PS). “Estamos dando un triste espectáculo a quienes nos están siguiendo el día de hoy, porque no logramos entendernos”. “Yo lamento, lamento profundamente porque creo que este es un error estratégico, esto pone en riesgo algo que mayoritariamente hemos dicho en esta sesión, que hay voluntades de poder subsanar el error cometido, pero siento de que acá hay más interés de sacar réditos políticos”, añadió la parlamentaria socialista.
Pese a las explicaciones de Grau y Salas, ninguno de los dos se salvó de las críticas de la oposición. “Lamento que el señor ministro respalde a un funcionario que mintió descaradamente”, dijo el diputado Leonidas Romero (de la bancada del Partido Nacional Libertario), expresando que el subsecretario “ya no me da confianza”.
“Por dignidad, por decencia política, les sugiero que renuncien a sus cargos por el daño que le están ocasionando a miles de mujeres en la región del BioBío”, fustigó el diputado Sergio Bobadilla (UDI), para quien es “impresentable” que “se pretenda culpar a los asesores”.
Financiamiento sigue pendiente
En tanto, el ministro Grau propuso presentar una indicación para establecer una patente a las empresas extranjeras que capturan en la zona económica exclusiva. “Se trata de una patente especial que cobraría la Subsecretaría de Pesca respecto a la captura de recursos marinos, cuyo derecho venga de contratos o convenciones voluntarias de concesiones de altamar por tratados internacionales”, explicaron los asesores jurídicos de la cartera.
Hay que considerar que la Comisión Mixta rechazó el sistema de subastas o licitaciones a la industria del jurel, con el que el Ejecutivo pretendía obtener 30 mil millones de pesos en promedio, en los próximos tres años, para financiar el proyecto completo. Con la propuesta, el secretario de Estado aseguró que “esta patente nos permitiría recaudar cerca de 20 mil millones”.
Con todo, se acordó hacer una sesión especial el martes 27 de mayo para discutir el fondo de esta alternativa como ciertas dudas de constitucionalidad que se hicieron ver.
