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Tras dos años de juicio y 10 desde su inicio: este lunes comienzan alegatos de clausura en caso SQM
Durante la tramitación de la causa, el Ministerio Público ha presentado más de 14 mil documentos como pruebas (aunque después muchos fueron excluidos), 651 testigos y 52 peritos, y llegó a investigar a 180 personas.
Tras cerca de diez años desde que estalló el caso y más de dos de juicio, este lunes comienza la última etapa del caso SQM con los alegatos de clausura de las partes. La causa, derivada del caso Penta, es considerada uno de los más complejos casos de corrupción en Chile desde que existe la Reforma Procesal Penal (2000).
El caso estalló en 2015 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Desde entonces, el Ministerio Público ha investigado los pagos ilegales a políticos de distintas tendencias. Se considera que la minera, controlada en 2015 por el entonces yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, pagó entre 2009 y 2014 más de 14 millones de dólares de manera ilegal a casi 300 personas vinculadas a la política, con el objeto de financiar campañas parlamentarias y presidenciales (Sebastián Piñera, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ME-O), además de financiar directamente a algunos partidos políticos.
Durante la tramitación de la causa, el Ministerio Público ha presentado más de 14 mil documentos como pruebas (aunque después muchos fueron excluidos), 651 testigos y 52 peritos, y llegó a investigar a 180 personas. Además se produjeron más de 500 audiencias.
A la instancia del 3° Tribunal Oral en lo Penal llegan ocho personas acusadas, entre las que se encuentra Pablo Longueira (ex-UDI), acusado de delitos tributarios y cohecho, por recibir dineros a cambio de incluir en la Ley del Royalty Minero algunos párrafos a favor de la minera no metálica, y Marco Enríquez-Ominami (ex-PRO), imputado por delitos tributarios, además de otros seis imputados como el exgerente general de SQM Patricio Contesse, por soborno y delitos tributarios.
La extensión del proceso, sin embargo, lejos de asegurar la prolijidad del proceso, ha atentado contra los derechos de los imputados, asegura Samuel Donoso, abogado de Contesse.
“Hemos sostenido que este proceso ha violado la garantía fundamental del derecho a ser juzgado en un plazo razonable de nuestro representado, que las clausuras sean a 10 años de haber sido formalizado confirma esa brutal afectación de sus garantías”, afirmó en conversación con El Mercurio. En esa línea, señaló que casi todos los testigos “no se acordaban” de los hechos investigados, algunos de hace 15 años.
“Estamos tranquilos y confiados en que vamos a poder dar cuenta en nuestro alegato de clausura cómo el Ministerio Público no logró absolutamente ninguno de los hechos que le atribuían”, afirmó por su parte la abogada de Pablo Longueira, Joanna Heskia.
Algo similar a lo expresado por Ciro Colombara, defensor de Marco Enríquez-Ominami, quien afirmó que la extensión tanto de la investigación como del juicio es algo “completamente inaceptable”, además de acusar que el Ministerio Público extendió artificialmente la primera. “Ya estamos en la etapa final, en que los alegatos de clausura serán fundamentales para la decisión que va a tomar el Tribunal Oral en lo Penal”, declaró en el citado medio.
