Cámara rechaza multas por no votar: abstenciones oficialistas inclinan la balanza

La Cámara de Diputados rechazó este martes la indicación clave del proyecto que buscaba establecer multas para quienes no cumplieran con la obligación de votar. La iniciativa, impulsada por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), pretendía reforzar el carácter obligatorio del sufragio con una sanción pecuniaria, pero no alcanzó los 77 votos favorables necesarios para su aprobación constitucional: obtuvo 75 votos a favor, 47 en contra y 14 abstenciones.

Las 14 abstenciones a la indicación que contemplaba la multa provinieron, en su mayoría, desde la bancada socialista. Entre quienes se abstuvieron estuvieron Danisa Astudillo, Arturo Barrios, Ana María Bravo, Daniella Cicardini, Marcos Ilabaca, Raúl Leiva, Daniel Manouchehri, Emilia Nuyado, Juan Santana y Nelson Venegas. También se sumaron Ricardo Cifuentes (DC), Cosme Mellado (PR), Marcela Riquelme (Ind.-FA) y Patricio Rosas (FA).

En tanto, desde el Partido Comunista (PC) el rechazo fue rotundo. Diputadas y diputados como María Candelaria Acevedo, Karol Cariola, Luis Cuello y Carmen Hertz, entre otros, votaron en contra. Lo mismo ocurrió con representantes del Frente Amplio (FA) como Gonzalo Winter, Emilia Schneider, Consuelo Veloso, Lorena Fries y Claudia Mix.

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Al término de la sesión, la diputada Joanna Pérez no ocultó su molestia. “Hoy hemos visto que el gobierno no cumple su palabra, hemos visto que lamentablemente se mintió en la sala por parte de muchos parlamentarios oficialistas. Le mintieron también a la ciudadanía”, afirmó. Pérez acusó al Ejecutivo de priorizar intereses electorales por sobre el fortalecimiento de la democracia: “Como la candidata comunista del oficialismo necesita nuevamente el clientelismo… es lo que buscan”, lanzó.

El texto, que modifica la Ley N° 18.700 sobre votaciones populares, había sido aprobado en general el pasado 14 de julio y contemplaba multas de entre media y tres unidades tributarias mensuales —aproximadamente entre 34 mil y 206 mil pesos— a quienes no votaran sin excusa válida. Además, excluía explícitamente de la sanción a los extranjeros con derecho a voto, al restringir la multa a “ciudadanos” mayores de 18 años, término que solo incluye a chilenos y nacionalizados.

Pese a los esfuerzos de la diputada Pérez y del presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), quienes se reunieron un día antes con la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, buscando un compromiso del Ejecutivo para apoyar la iniciativa, ese respaldo no se materializó.

Lo que sí se aprobó

En la votación, los diputados sí aprobaron las normas relacionadas con procedimientos del Servicio Electoral (Servel). Al respecto, el texto ordena al secretario de la junta electoral a informar al Servicio el resultado del sorteo de vocales de mesa realizado mediante el sistema computacional fijado en la Ley 18.700 (art 46).

Seguidamente, dispone que, a partir del vigésimo segundo día anterior a la elección o plebiscito, el Servel deberá publicar en el sistema de consulta disponible para los electores en su sitio web, la condición de haber sido designado como vocal de mesa o miembro de un colegio escrutador.

Además, dentro del mismo plazo, comunicará al domicilio digital único su nombramiento. Junto a esto, se indicará la fecha, hora y lugar en que funcionará la mesa o colegio escrutador. De igual modo, si le corresponde concurrir a la capacitación obligatoria. Todo esto reemplazaría el actual sistema de envío de carta certificada y publicación en un diario o periódico.

Asimismo, el Servel deberá publicar en su página web la nómina completa de vocales y miembros de colegios escrutadores.

Pese a que aún había 17 diputadas y diputados inscritos para intervenir, se solicitó el cierre del debate. Este se aprobó por 74 votos a favor y 44 en contra y se procedió a la votación.

En la discusión se manifestaron posiciones polarizadas entre los legisladores de sectores de derecha e izquierda, con actores del centro que se sumaron indistintamente hacia una u otra posición. En general, se plantearon posturas acusando cálculo electoral para apoyar o no la normativa.

Sobre los argumentos específicos, los defensores del proyecto señalaron que la propuesta es coherente con la norma constitucional que definió el voto obligatorio. Asimismo, que un electorado participativo y engrosado fortalece la democracia y da legitimidad a las autoridades electas.

Desde la otra visión, se reclamó por el monto de la multa y la falta de educación cívica. De igual modo, se observó que no corresponde que más de 800 mil extranjeros puedan decidir la elección del próximo Presidente de Chile.

Aunque la iniciativa fue despachada a segundo trámite, deberá ser revisada ahora por el Senado sin su disposición más controvertida: la multa por no votar. Desde La Moneda se ha deslizado la intención de presentar una reforma constitucional en esa Cámara, que aborde específicamente la participación de votantes extranjeros en las presidenciales.