Rechazan prisión preventiva en caso de corrupción en Arica por falta de rigurosidad de la Fiscalía

Pese a lo mediático del caso, al punto que involucró vocerías de los ministros del Interior y de Seguridad Pública el miércoles pasado, las 10 horas de alegatos y exhibición de documentos y escuchas telefónicas no le bastaron a la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota. Al final, no consiguió su pretensión de lograr la prisión preventiva para 8 de los 10 detenidos, 5 de ellos funcionarios públicos, tras imputarles delitos de asociación ilícita, cohecho, soborno y violación de secreto en gestiones irregulares en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales a partir de 2021.

La jueza de Garantía de Arica, Ana Sepúlveda, quien prohibió la difusión de los nombres de los imputados, acogió los argumentos de los litigantes de la Defensoría Penal Pública, liderados por el defensor Rodrigo Torres. Así llegó al convencimiento de que no había evidencia clara y contundente de la participación de 4 funcionarios de la Seremi, un empleado de la Dirección de Obras Municipales, y 3 consultores externos (dos exfuncionarios de la Seremi) en los ilícitos denunciados.

Fue por eso que los dejó en libertad al igual que a otros dos consultores, por los cuales minutos antes el Ministerio Público había decidido no requerir la prisión y sólo pidió que fueran obligados a firmar mensualmente en una comisaría y a tener impedimento de salir del país. Así, los 10 detenidos en Arica y Santiago entre el martes y miércoles en un megaoperativo que requirió a 100 efectivos de la PDI, quedaron en libertad y todos con las mismas medidas cautelares, en medio de aplausos de los familiares y amigos de los detenidos que estaban a esa hora en la sala.

Poca rigurosidad

Pasadas las 00.30 horas de hoy y con visible agotamiento, la magistrada expuso que le faltó convencimiento sobre los hechos expuestos por la Fiscalía, respecto de que los 8 imputados hubiesen integrado una asociación criminal. Más que advertir una estructura jerarquizada para delinquir, dijo, “lo que más bien se observa son funciones propias de cada uno de ellos en cuanto a la revisión, fiscalización, el catastro, el control de proyectos. Que ellos hayan usado esa estructura administrativa para beneficio propio, es otra cosa, pero la asociación ilícita requiere que se asocien para delinquir”.

También expresó que no le quedó claro que, en la revelación anticipada de antecedentes sobre la tramitación de expedientes que hacían los funcionarios a usuarios, haya existido una vulneración de secreto de la información y que para lo cual no bastaba la declaración del Seremi Rodrigo Díaz respecto de que esos antecedentes estaban bajo reserva para los particulares mientras no fueran notificados formalmente. Sólo en el caso de cohecho, expresó que había indicios, especialmente, por no existir explicación acerca de los múltiples depósitos en dinero que pesquisó la Fiscalía y que fueron depositados en las cuentas de los funcionarios públicos, en medio de la tramitación de expedientes para arriendo, concesión o venta de terrenos fiscales.

“Tiene razón la defensa de que aquí no se ha acreditado la condición de funcionarios públicos de estas personas, es decir, un decreto, un nombramiento que especifique desde cuando es, qué funciones cumple, su calidad en la escala de sueldos. Sólo pueden cometer el delito de cohecho los funcionarios públicos, documentos que no se han acompañado y ello no es baladí”, afirmó.

También la jueza llamó la atención del órgano persecutor, advirtiendo sobre la ausencia de la acción penal sobre la lista de particulares que decidió pagar a los funcionarios públicos para asirse de un predio fiscal y que no fueron presentados en la audiencia, pero que sí fueron mencionados y desde su punto de vista “no son víctimas, sino tan responsables respecto de un soborno. Aquí comete soborno el sobornante como el sobornado”.

Y la magistrada recogió la incongruencia alegada por los defensores públicos respecto del tratamiento que dio el Ministerio Público a dos de los consultores detenidos, uno de ellos la exjefa del Sistema de Información y Atención Ciudadana hasta el 2022, a quienes pidió sólo arraigo y firma mensual, pese a que aparecían mencionados en múltiples gestiones de las escuchas telefónicas expuestas en la audiencia.

“Hubo pasajes de la formalización poco rigurosos en sus figuras penales. Lo mismo que me pasó en la causa de los gendarmes donde daba la sensación de estar frente a flagrancia que frente a una investigación, en este caso, de hace 2 años, con una preparación previa se esperaba”, planteó en su fallo.

El defensor público, Rodrigo Torres valoró la decisión de la magistrada de acoger su tesis de que no había delitos en los hechos imputados. “No hay delito, la magistrada fue clara en que no hay antecedentes para acreditar asociación ilícita, tampoco el cohecho y violación de secreto. Esto es importante por la exposición que han tenido nuestros representados, pero es acá en el tribunal donde deben demostrarse los antecedentes que existen respecto de la imputación que realiza el Ministerio Público”, señaló.

Apelación y más imputados

La fiscal del caso, Paulina Brito anunció que la resolución será apelada prontamente y que habrá otras cinco formalizaciones más por este caso y que incluirá a 5 personas dentro de las cuales hay una funcionaria de Bienes Nacionales, extrabajadores y particulares.

“La magistrada dio acreditados los delitos de cohecho y soborno respecto de los imputados. De acuerdo a esta resolución no habría dado por acreditados la asociación ilícita y la violación de secreto. Vamos a estudiar un recurso de apelación y respecto de las medidas cautelares los ha dejado con medidas de baja intensidad, sin perjuicio de que ella ha señalado que tenían arraigo social y familiar”, expuso.

La fiscal confirmó que habrá otros 5 imputados que no fueron considerados integrantes de la asociación ilícita, pero sí autores de otros delitos, razón por la cual se optó por citarlos a una audiencia de formalización de cargos que aún no tiene fecha.

En este listado y que fueron mencionados ayer como imputados están las funcionarias de la seremi, Carolina Rodríguez Quezada (encargada de arriendos) y Claudia Órdenes Bravo (encargada de Planificación y Presupuesto), a quienes les allanaron sus domicilios particulares y sus escritorios; el primer vicepresidente regional de Renovación Nacional (RN) y exfuncionario, Josshua Rivera Tarque, dedicado ahora a la gestión particular de terrenos en el mismo servicio, y Lisett Calle Alvarado, quien declaró voluntariamente ante la PDI y el 18 de agosto renunció a la Seremi, tras dos años de licencia médica, al detectarse que estaba involucrada en el uso del reposo médico para salir del país. Y por último figura el exencargado de regularización, el abogado Pablo Leiva Villalobos, quien hoy es jefe jurídico del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en Arica y Parinacota y profesor de la Universidad de Tarapacá. Este último fue mencionado como socio de una consultora relacionada con uno de los funcionarios de Bienes Nacionales a cargo de fiscalización que fue imputado.