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Foto: Archivo/AgenciaUNO
Diálogo y más militares en el sur: Gobierno apuesta por desactivar conflicto por consulta indígena
El cóctel explosivo está servido. Comunidades mapuche evalúan manifestar su rechazo al proceso por un nuevo sistema de tierras en Santiago, advirtiendo que con armas en la mesa no habrá paz ni entendimiento. El Gobierno, que reforzó la presencia militar en el sur, se abre a recibirlos en La Moneda.
El proceso de consulta indígena por un nuevo sistema de tierras, impulsado por el Gobierno de Gabriel Boric en la denominada macrozona sur, se ha transformado en un potencial cóctel explosivo que combina rechazo de comunidades, presiones políticas, movilizaciones con banderas mapuche y un duro despliegue militar –que en noviembre cumple cuatro años–, poniendo al Ejecutivo frente a un desafío crítico de manejo territorial y político.
Pese a ello, desde La Moneda se muestran confiados en su capacidad de evitar una escalada del conflicto, apoyándose en un balance parcial positivo de la primera fase de planificación y en su disposición a reunirse con las comunidades, que no descartan movilizarse hacia Santiago. El Gobierno mantiene la confianza, incluso tras abordar un tema sensible para las comunidades del sur: el incremento de las operaciones de control territorial en pleno Estado de Excepción. Para dirigentes mapuche, con armas sobre la mesa no habrá paz ni entendimiento.
La consejera de la Conadi, Ana Llao, que se encuentra en Santiago y visitó La Moneda con un cartel de “No a la Consulta”, adelantó a El Mostrador que comunidades mapuche y pewenche autoconvocadas de las cuatro regiones de la macrozona están preparando una contrapropuesta frente al rechazo –minoritario para los encargados del proceso– que ha marcado la primera fase de planificación de la consulta.
Llao apunta a que lo que se está planteando es una modificación –que desde la comisión descartan– a dos artículos de la Ley Indígena (el 13 y el 20), “que resguardan la escasa tierra que a nosotros nos está quedando como pueblo mapuche y lo vienen a poner a disposición del libre mercado”. Por eso, dice, “las comunidades están autoconvocándose y analizando la posibilidad de movilizarse hacia Santiago y La Moneda”.
Además, critica que la consulta no sea vinculante y que la propuesta actual permite el arrendamiento de tierras por 25 años, lo que considera una violación a los derechos del pueblo mapuche.
Según la dirigente, el Gobierno subestimó a las comunidades, asignando a los partidos políticos la representación de sus intereses y dejando de lado a los verdaderos loncos y machis de las comunidades, quienes conocen la realidad territorial. Además, denunció que la consulta omite derechos fundamentales, como el acceso al agua, y que la propuesta de la Comisión para la Paz y el Entendimiento está orientada a acelerar la compra de tierras bajo criterios administrativos más que al reconocimiento integral de los pueblos originarios.
“Nuestro afán es mantener abierto el diálogo”
Frente a estas críticas, el Ejecutivo insiste en que el proceso se desarrolla bajo control y con posibilidad de diálogo directo. Fabián Salas, encargado de la Unidad de Seguimiento de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, reconoció errores en la implementación de la primera etapa, pero aseguró que no se suspenderá el proceso. Salas explicó que se busca generar las condiciones adecuadas para continuar con la consulta y afirmó que el Gobierno ha recibido y seguirá recibiendo a las comunidades, incluso en Santiago, si fuera necesario. “Nuestro afán es mantener abierto el diálogo”, subrayó.
El rechazo a la consulta indígena se ha registrado principalmente en Alto Bío Bío, en comunidades pewenche, así como en Panguipulli y Coñaripe (Región de Los Ríos) y en sectores de La Araucanía y la provincia de Osorno (Región de Los Lagos), donde las comunidades cuestionan que el proceso fue impuesto por el Gobierno. A pesar de ello, otras localidades sí han participado en la primera fase de planificación de la consulta.
El balance de la fase de planificación muestra que cerca de 3.500 personas han participado en las distintas regiones, con 1.700 asistentes solo en La Araucanía, y encuentros en más de 60 localidades de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Pese a ello, las comunidades exigen más tiempo, visitas territoriales y espacios de autonomía para deliberar, condiciones que el Ejecutivo asegura estar dispuesto a atender.
Consultados por El Mostrador sobre la representatividad de la cifra de participación, desde la Unidad de Seguimiento explican que, en la actualidad, el registro de comunidades y asociaciones indígenas de Conadi contabiliza 4.439 comunidades indígenas y 1.930 asociaciones indígenas en las cuatro regiones donde se desarrollará la consulta.
No obstante, sin un universo probable claro, agregan que, “en virtud de los principios rectores del proceso, ha sido una práctica de la institucionalidad responsable de un proceso de consulta el realizar todos los esfuerzos para una convocatoria amplia, no solo a aquellas personas y comunidades registradas en Conadi, sino que también a todas las organizaciones tradicionales que sean representativas de los pueblos indígenas”.
Cabe mencionar que desde la Unidad de Seguimiento de la Comisión para la Paz y el Entendimiento han señalado que los resultados de la consulta, según la normativa, no son vinculantes por sí mismos. “Lo que sí es vinculante son los acuerdos a los que pueda llegar el órgano a cargo de la consulta, o sea, el Estado, con las organizaciones representativas mapuche en la etapa de diálogo. Esos acuerdos son vinculantes y es importante, para efectos de la confianza, cumplirlos como tal”, dijo Fabian Salas en una reciente entrevista con El Líbero.
Incremento en las operaciones de control territorial
Tanto el trabajo de la comisión como el proceso de consulta se han desarrollado en paralelo a un Estado de Excepción en la llamada macrozona sur –vigente desde mayo de 2022–, recientemente con operaciones de control territorial reforzadas por las Fuerzas Armadas. “Las FF.AA. en la macrozona sur ya comenzaron un incremento en las operaciones de control territorial relacionado con la seguridad de puntos críticos, patrullajes masivos e integración con medios aéreos y policiales”, informó la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, el pasado domingo.
Las FFAA en la Macrozona Sur ya comenzaron un incremento en las operaciones de control territorial relacionado con la seguridad de puntos críticos, patrullajes masivos e integración con medios aéreos y policiales.
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— Adriana Delpiano (@DelpianoAdriana) August 31, 2025
El jefe del Estado Mayor Conjunto (s), general de división Lionel Curti, visitó la zona para apoyar los requerimientos de la Jefatura de Defensa Nacional y plantear nuevas estrategias de despliegue territorial. Durante su visita, participó en patrullajes en la Ruta 5 Sur junto al seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, y el jefe de la Defensa Nacional de la región, general de brigada Alejandro Moreno.
Además, se realizó un Comité Policial Extraordinario, donde se revisaron dispositivos de seguridad y protocolos de respuesta, reforzando la coordinación operativa entre las distintas instituciones.
Desde la cartera de Defensa destacan que la presencia militar ha permitido una disminución de un 37% en las acciones violentas, aunque reconocen que hechos recientes, como el homicidio de un patrullero de la forestal CMPC en Victoria, siguen bajo investigación y sin reivindicación conocida.
No obstante, para las comunidades, la militarización es un factor que socava la legitimidad del diálogo: “Con armas en la mesa no hay paz ni entendimiento”, enfatizan dirigentes mapuche, reafirmando que la seguridad no puede convertirse en una herramienta de presión sobre los pueblos originarios.
El Ejecutivo se enfrenta así a un delicado equilibrio: desactivar la potencial escalada del conflicto, mantener el cronograma de la consulta, garantizar la seguridad territorial y sostener la percepción de control político. Mientras las comunidades preparan sus contrapropuestas y analizan movilizaciones, el Gobierno apuesta por diálogo, ajustes a la planificación y continuidad del proceso, junto con un incremento de operaciones de control territorial.
