PAÍS
Minvu descarta deuda de US$1.000 millones y acusa “interpretación equívoca” de cifras
La cartera de Vivienda respondió a la publicación periodística que hablaba de una crisis financiera en el sistema de viviendas sociales, asegurando que existen proyecciones de gasto, pero no obligaciones vencidas de esa magnitud.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) salió al paso de la polémica generada por una publicación que reportaba una supuesta deuda vencida de más de US$1.000 millones con inmobiliarias, constructoras y proveedores en el marco de los programas de viviendas sociales.
Según el Diario Financiero, el saldo correspondería a compromisos impagos bajo los esquemas de subsidios DS19 y DS49, además de pagos pendientes por terrenos adquiridos, situación que —según fuentes de la industria— habría llevado al ministerio a informar que no contaba con caja disponible ni con aporte fiscal suficiente para cumplir con los desembolsos autorizados.
En una declaración oficial, el Minvu descartó esa cifra, calificándola como una estimación proveniente de privados y “una interpretación equívoca entre proyección de gasto y deuda pendiente”. La cartera explicó que su gestión se enmarca en el programa habitacional aprobado en la Ley de Presupuestos, el que históricamente destina cerca del 90% de sus recursos a compromisos de años anteriores.
El ministerio admitió que hay Serviu —principalmente en la Región Metropolitana— que proyectan un gasto mayor al presupuesto vigente, lo que ya fue informado a la Dirección de Presupuestos para canalizar mayores recursos. En cuanto al programa DS19, enfatizó que los anticipos a empresas siempre están sujetos a disponibilidad fiscal.
El Minvu también recordó que la construcción vive un escenario complejo tras la pandemia, lo que ha generado mayor presión en la ejecución de obras. Aun así, destacó que la inversión pública en vivienda ha crecido significativamente, buscando acelerar el Plan de Emergencia Habitacional.
Finalmente, la cartera subrayó que “las obligaciones financieras asumidas por el Estado deben cumplirse conforme a la legalidad vigente” y anunció una mesa técnica con Dipres para reforzar los recursos del sector, reafirmando su compromiso con la construcción y con las familias que esperan una vivienda.
