Sierra Bella: el escándalo que persigue a Irací Hassler

Se obsesionó con la idea. La llamó “la primera clínica municipal de Chile”. Sería un hito en su gestión. Y su legado. Defendió con insistencia las tres tasaciones para justificar el precio de $8.252 millones de la Clínica Sierra Bella.

Aunque existía otra propiedad –en la calle Carmen 35– que costaba menos de la mitad, el municipio se tomó ocho meses, pidió construir obras, entregó una oferta de compra por $3.080 millones y desechó esta opción para inclinarse por Sierra Bella.

El cambio fue en tiempo récord. El 4 de enero de 2023 el Concejo Municipal aprobó una modificación presupuestaria con un aumento sustancial de recursos para adquirir Sierra Bella. El 18 de ese mes los concejales votaron a favor de la compra y el día 20 se firmó la compraventa.

Solo hubo una abstención, la de Rosario Carvajal. No fue casual: los 10 concejales y la alcaldesa recibieron, el 18 de enero, dos horas antes de la votación, un correo del abogado Diego Berríos, representante de los dueños de Carmen 35, alertando que la Inmobiliaria San Valentino –de Felipe Sánchez Pérez, el vendedor– había pagado $2.080 millones por Sierra Bella en diciembre de 2022 y la municipalidad estaba ofreciendo un precio cuatro veces mayor.

El abogado Berríos presentó ese mismo 18 de enero la primera denuncia por irregularidades, ante la Contraloría General de la República, denunciando el sobreprecio y que no se hubiera llamado a licitación, habiendo dos oferentes.

Como respuesta, el 2 de febrero de 2023 la Contraloría instruyó a la municipalidad abstenerse de ejecutar actuaciones destinadas a materializar la compraventa.

Y el 13 de abril emitió un dictamen demoledor. En 32 páginas acusó a la Municipalidad de Santiago de haber incumplido el deber de abstención al corregir la escritura de compraventa; aclaró que la clínica, al ser municipal, solo puede ofrecer atención primaria (consultas médicas, vacunación, controles) y concluyó, tras analizar las tasaciones, que no se justificaba el precio a pagar, ordenando adoptar medidas para resguardar el patrimonio municipal. Además, constató que el 9 de abril de 2021 se publicó un aviso de venta de la Clínica Sierra Bella en portalterreno.com por 95 mil UF ($3.325 millones).

Tras ello vino la querella por fraude al fisco de los diputados republicanos Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser; la designación del fiscal Patricio Cooper y la doble negativa del conservador de Bienes Raíces, Luis Maldonado, de inscribir la clínica a nombre del municipio por problemas de forma. Y el vendedor no pudo cobrar el primer vale vista por $2.475 millones, equivalente al 30% del precio ofrecido por el municipio de Santiago.

Lo que iba a ser un triunfo político para la alcaldesa del PC, terminó en una pesadilla. Y en un escándalo.

También te puede interesar:

La carrera por el vale vista

La pregunta que aflige a los habitantes del edificio consistorial es si, después de dos años y medio y tras un reciente fallo favorable a la sociedad San Valentino, tendrá que desembolsar $8.252 millones por un edificio que, según Mario Desbordes (RN), sucesor de Hassler, “no nos sirve para nada, ni siquiera podemos hacer un Cesfam ahí”.

Aunque el 5 de julio de 2023 el municipio presentó una demanda para anular el contrato de compraventa, esta quedó detenida, debido a que el vendedor, Felipe Sánchez Pérez –exgerente general de la querellada y clausurada clínica de cirugía estética Los Dominicos, inscrita a nombre de su madre–, ingresó otra demanda en contra del Conservador de Bienes Raíces, para obligarlo a inscribir la clínica a nombre de la municipalidad.

El pasado 9 de septiembre, el 19° Juzgado Civil de Santiago le dio la razón y el 23 Sánchez logró inscribir la propiedad en el Conservador a nombre del municipio, lo que le abrió la puerta para cobrar el vale vista por $2.475 millones que está en la notaría Félix Jara Cadot. Y aún más: requerir el saldo restante por casi $6 mil millones.

A pesar de que Sánchez corre con ventaja, no será llegar y pedir el documento: debe acreditar ante el notario Jara Cadot que la propiedad en cuestión no registra gravámenes en el Conservador, mediante un certificado que debería emitir este último.

Mientras él espera, el 17 de septiembre el municipio solicitó a la Corte de Apelaciones que se registre el juicio pendiente (por la demanda de nulidad del contrato) en el Conservador de Bienes Raíces. Si la Corte acoge la petición, la propiedad quedará con un gravamen (anotación) y el notario no podrá entregarle el codiciado vale vista. Sería lo único que podría salvar a la municipalidad de tener que pagar $2.475  millones, la primera parte del precio.

Como era de esperar, Sánchez Pérez se opuso a la solicitud del municipio.

La palabra la tiene la Corte.

También te puede interesar:

Las tasaciones

Hasta el dictamen de la Contraloría, Hassler defendió con vehemencia la compra de Sierra Bella apoyada en las tres tasaciones.

Una era de María José Sepúlveda (Esinco), contratada por la Inmobiliaria San Valentino y entregada el 14 de noviembre de 2022, por un valor de 238.137 UF ($8.335 millones), y otras dos del municipio, realizadas por Mylena Cárcamo (Emes), por 232.843 UF ($8.105 millones) y Patricio Gajardo Rocha, por 235.600 UF ($8.224 millones). Ambas tienen fecha 13 de diciembre de 2022, lo que significa que el municipio las recibió tres días antes de que la Inmobiliaria San Valentino inscribiera a su nombre la Clínica Sierra Bella.

No solo tienen una diferencia mínima, sino que la municipalidad no pidió una tasación bancaria, lo que no es obligación, pero sí recomendable, ya que el banco escoge al tasador de una larga lista de empresas reconocidas, como Tinsa, Transsa, Colliers, Arenas y Cayo.

Con la incautación de celulares, pendrives y computadores a los tasadores y sus declaraciones ante la Fiscalía, quedó al descubierto que Mylena Cárcamo y María José Sepúlveda fueron contactadas por una conocida y amiga: Loreto Fernández, funcionaria de la Corporación de Desarrollo de Santiago. El tercero, Patricio Gajardo, fue recomendado por Sepúlveda.

Loreto Fernández se encargó, según los testimonios de las profesionales, de crear un chat de WhatsApp en el que los tres peritos compartieron información y al que la funcionaria municipal subió la tasación realizada por la parte vendedora.

Pese a que la norma exige que los informes sean hechos con total independencia, los tres tasadores visitaron las instalaciones de la Clínica Sierra Bella acompañados de Loreto Fernández y del vendedor Felipe Sánchez Pérez.

“De este grupo de WhatsApp me sacaron apenas apareció el primer reportaje referente a la Clínica Sierra Bella”, declaró Cárcamo.

“No hubo gasto para el municipio”

Tantas irregularidades tuvo la compra de “la primera clínica municipal de Chile”, que se esfumó en apenas tres meses.

Irací Hassler anunció, aquel 13 de abril, el mismo día del demoledor dictamen de la Contraloría, la decisión de no seguir adelante con la adquisición.

Sin hacer una autocrítica –ni entonces ni después– como cabeza de un proyecto poco transparente, viciado e injustificadamente caro, destacó un punto que hoy está en entredicho: “Acá no ha habido gasto de ningún recurso municipal, no ha habido ningún pago y, por tanto, ninguna afectación al patrimonio de nuestro municipio”.

Anunció acciones legales en contra de quienes antes defendió: los tasadores. Los mismos a los que un mes antes describió ante la Contraloría, cuando envió sus CV, como “peritos y peritas que han acreditado su expertiz (sic) tanto en el desarrollo profesional y laboral como en el desarrollo de estudios de inmuebles tanto para bancos, cortes superiores de Justicia, órganos de la administración del Estado”.

También ordenó sumarios en contra de sus funcionarios de confianza, a los que, además, les pidió las renuncias: el director jurídico, Jean Pierre Chiffelle, y el secretario de Planificación, Luis Mayorga Salces, lo que algunos medios calificaron como “purga”. Al dejar sus cargos, sin embargo, los sumarios anunciados quedaron en nada, ya que no se puede destituir ni aplicar la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años a los funcionarios públicos que ya no ejercen funciones.

El 1o de mayo de 2023 el municipio presentó una querella por estafa y falsificación de instrumento privado en contra de los tres tasadores, representada por la abogada Julia Panez, la directora de asuntos jurídicos que reemplazó a Chiffelle.

A Luis Mayorga, en tanto, lo sucedió Felipe Esbir (PC), hombre de confianza de Irací Hassler y hasta ese entonces director de la Corporación de Desarrollo de Santiago y jefe de Loreto Fernández, la funcionaria que convocó a dos de los tres tasadores y se coordinó con ellos vía WhatsApp. A Fernández la alcaldesa también le pidió la renuncia.

Candidata por cuarta vez

A sus 34 años, Irací Hassler postula por cuarta vez a un cargo de elección popular. Concejala en 2016, se convirtió en alcaldesa de Santiago en 2021, al anotar un inesperado triunfo, con el 38,62% de los votos, frente al 35,28% de Felipe Alessandri, que iba a la reelección; en 2024, sufrió una aplastante derrota en su repostulación (28,67% versus 51,1% de Mario Desbordes).

Ahora, la ingeniera comercial con mención en Economía de la U. de Chile, se presenta como candidata a diputada por el distrito 10 (Santiago, San Joaquín, La Granja, Providencia, Ñuñoa y Macul). Allí se eligen ocho diputados y siete van a la reelección: Gonzalo Winter (FA), Lorena Fríes (FA), Emilia Schneider (FA), Alejandra Placencia (PC), Helia Molina (PPD), María Luisa Cordero (Ind RN) y Jorge Alessandri (UDI).

En total hay 70 candidatos, entre “hijos de” como José Antonio Kast Adriasola (PR), Jean Pierre Bonvallet (PSC) y Macarena Zarhi (Ind UDI); y famosos como los actores Sandra Solimano y Juan Pablo Sáez, ambos independientes en cupo Demócratas. A ellos se suman rostros conocidos de la política: Francisco Orrego (RN), la exministra Fernanda Villegas (PS) y el exdirector del Museo de la Memoria, Francisco Estévez (AH).

Sobre el impacto de la compra de Sierra Bella en la candidatura de Hassler, el director del Centro de Políticas Públicas de la UDD, Gonzalo Müller, dice que “si bien para ella es una buena noticia que se cerró la arista penal, puede ser una muy mala noticia si se fuerza a la Municipalidad de Santiago a terminar comprando en $8.200 millones algo que no los vale”.

Cree que los problemas de transparencia o corrupción fueron parte de las razones de su derrota en su reelección como alcaldesa y pueden poner en una “desventaja marginal” su candidatura a diputada.

Más complejo aún es el fallo pendiente del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que, con fecha 12 de septiembre, declaró admisible el requerimiento por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad en contra de Hassler, presentado por seis concejales de Santiago. “Es una guillotina sobre la cabeza de Irací. El riesgo es que pueda ganar la elección y el Tricel decida que queda inhabilitada por cinco años para ejercer cargos públicos. Ella tendría que renunciar”, asevera Müller.

“Todas las polémicas durante su gestión pueden ser factores que determinen la decisión de los electores, pero como la elección de diputados es mediante un sistema proporcional, Irací Hassler necesita hablarle a su público. Si logra movilizar el voto duro del PC, con un 7% o 10% puede ser elegida”, dice el sociólogo y analista político Damián Trivelli, socio de la agencia EK.

Chiffelle volvió a Recoleta

Mayorga y Chiffelle son sindicados como los funcionarios municipales que llevaron adelante el proceso de compra exprés de Sierra Bella.

El 3 de enero de 2023, en una reunión de la Comisión de Trabajo del concejo –en la que no participan los alcaldes–, que lideró el secretario de Planificación, Luis Mayorga, informó que se desechó la compra de Carmen 35 porque hubo un traspaso de propiedad (entre los mismos dueños), lo que a la municipalidad le pareció imprudente, siendo apoyado por el entonces director jurídico Jean Pierre Chiffelle.

Mayorga pidió a los concejales una modificación presupuestaria para la compra de Sierra Bella, aumentando el monto original de recursos de $3.080 millones (que costaba Carmen 35) a $8.252 millones.

La concejala Rosario Carvajal recuerda que planteó dudas acerca del conflicto legal que arrastraba la Sociedad Médica y Maternidad Sierra Bella, dueña original del inmueble, a lo que Mayorga y Chiffelle respondieron que había un nuevo nuevo dueño: la Inmobiliaria San Valentino, sin entregar documentos ni mayores detalles.

El 4 de enero de ese año, el Concejo Municipal aprobó la modificación presupuestaria. El 10, en otra Comisión de Trabajo, Chiffelle puso a disposición de los concejales los primeros antecedentes de la Clínica Sierra Bella: el estudio de título que él había elaborado, las tasaciones, los fundamentos de la compra y los antecedentes del vendedor.

Y el resto es historia conocida.

Previendo que la escritura de compraventa pudiese tener algún error, Chiffelle le otorgó un poder al abogado del vendedor, Pablo Casanova, para representar al municipio. Es decir, la compradora designó como su representante al abogado de la contraparte, lo que es normal entre privados, pero no cuando interviene un organismo público.

Pese a la instrucción de la Contraloría a la Municipalidad de Santiago de abstenerse de perfeccionar la compraventa, esto sí ocurrió: Casanova firmó una aclaración y agregó una cláusula, lo que le permitió a la Inmobiliaria San Valentino solicitar la inscripción en el Conservador. Si bien el trámite demoró y se concretó el pasado 23 de septiembre, hoy tiene a la administración Desbordes contra las cuerdas.

Tras ser despedido, Chiffelle regresó a la Municipalidad de Recoleta en junio de 2024, gracias a que, un día antes de ser formalizado, el entonces alcalde Daniel Jadue lo seleccionó dentro de una nómina de 53 cargos para ser parte de la apetecida planta de funcionarios. Son casi inamovibles, ya que solo pueden ser removidos en caso de existir un sumario con sanción de destitución.

Militante del PC, Chiffelle entró como abogado del área de Control, donde fue nombrado director suplente en noviembre de 2024 y desde agosto de este año es director titular de Control en Recoleta. Fiscaliza la legalidad de las actuaciones municipales, controla la ejecución presupuestaria e informa al alcalde cuando estima que existen ilegalidades. Todo lo que, a juzgar por los hechos, no hizo en la compra de la Clínica Sierra Bella.

En su primer paso por Recoleta –2013 a enero de 2021– fue abogado a contrata, director jurídico por tres años en calidad de “planta suplencia”, lo que significa que el cargo está sin proveer y él lo suple mientras se llena, y abogado del área de Control.

Mayorga, por su parte, trabajó en nueve municipalidades y en la de Melipilla –según publicó Ciper– era secretario de Planificación cuando intervino en la venta de parte de un terreno de un liceo municipal, que fue comprado por Falabella en $2.500 millones. La Contraloría objetó la operación, ya que el liceo en cuestión pertenecía al Ministerio de Educación. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló por fraude al fisco, la compra fue anulada por acuerdo de ambas partes y Mayorga nunca fue interpelado. Dejó el municipio antes de las investigaciones penales y administrativas, que tampoco arrojaron sanciones, porque al anularse la compra no hubo daño patrimonial.

Mayorga estaría jubilado.

Tabla de salvación para Santiago

En la arista penal, el fiscal Patricio Cooper decidió no perseverar en la querella por fraude al fisco, al no reunirse los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución. El 30 de julio, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago comunicó el sobreseimiento de Irací Hassler, del dueño y vendedor de la Clínica Sierra Bella, Felipe Sánchez Pérez, de los tres tasadores y otros funcionarios municipales, lo que fue ratificado el 22 de septiembre por la Corte de Apelaciones.

Solo está pendiente la demanda de nulidad del contrato presentada por el municipio, el 5 de julio de 2023, en contra de la Inmobiliaria San Valentino y su dueño Felipe Sánchez Pérez.

Detenida hasta que la Corte de Apelaciones resuelva un recurso de casación, plantea que, al momento de celebrarse el contrato, la municipalidad desconocía que las tasaciones adolecían de graves incongruencias, lo que quedó de manifiesto con el dictamen de la Contraloría y, por lo tanto, no existió consentimiento o voluntad. Alega lesión enorme, que significa comprar un bien por más del doble del valor de mercado o justo precio, citando el Código Civil que, en su artículo 1888, establece que “el contrato de compraventa podrá rescindirse por lesión enorme”.

Si se tramita favorablemente esta demanda, siempre que la Corte acoja el recurso de casación, sería la tabla de salvación para el municipio, ya que dejaría sin efecto el contrato firmado entre la Municipalidad de Santiago y San Valentino.

Estos juicios son largos: demoran en promedio cinco años, incluyendo primera instancia, Cortes de Apelaciones y Suprema.

Todo ello por “la primera clínica municipal de Chile”: la obsesión de Irací Hassler.