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Foto: AgenciaUNO
Caso Factop-Hermosilla-Jalaff llega a su fase final: fiscales anuncian acusación antes de fin de año
El proceso comenzó con denuncias a la firma Factop, continuó con la difusión del polémico audio y culminó con la investigación de los empresarios vinculados al Grupo Patio, revelando un esquema de facturas falsas y coimas a funcionarios, comparado por los fiscales con una “estafa piramidal 2.0”.
La Fiscalía Oriente anunció que antes de fin de año presentará la acusación formal contra los principales imputados del caso Factop-Hermosilla, una de las investigaciones más relevantes y complejas del último tiempo, que involucra delitos económicos, corrupción y sobornos a funcionarios públicos.
Los fiscales Felipe Sepúlveda, jefe de la Fiscalía de Las Condes, y Juan Pablo Araya, de la Unidad de Alta Complejidad, informaron que la indagatoria —que ya suma más de 20 formalizados— se encuentra en su etapa final. El objetivo es llevar a juicio oral a quienes tienen la mayor carga de imputaciones y participación en los hechos más graves.
“Estamos en las últimas diligencias de investigación, vamos a cerrar la investigación en un lapso breve y esperamos dentro del año estar presentando la acusación”, aseguró el fiscal Sepúlveda en entrevista con The Clinic.
La causa, que comenzó con denuncias por fraude contra la firma financiera Factop, evolucionó con la divulgación del audio grabado por la abogada Leonarda Villalobos en la oficina del abogado Luis Hermosilla, y culminó con la investigación de los empresarios Antonio y Álvaro Jalaff, exvinculados al Grupo Patio.
Según los fiscales, esta “trilogía” permitió desenmascarar un esquema de defraudación, emisión de facturas falsas, sobornos a funcionarios públicos, delitos tributarios y lavado de activos, que habría tenido como fin mantener flujos de dinero para los involucrados pese a una caída real de ingresos.
Un hito clave fue la condena de Marcelo Medina Del Gatto, excontador de los hermanos Jalaff, quien firmó un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía. Medina entregó información detallada y permitió acceder a evidencia clave, como su teléfono celular.
Su testimonio sirvió para acreditar el uso de facturas falsas, pagos en efectivo a funcionarios públicos y maniobras de ocultamiento de fondos. Fue condenado en un procedimiento abreviado, lo que los fiscales consideran una validación judicial de sus imputaciones.
“Estafa piramidal 2.0”: Lavado de activos y esquema fraudulento
La grabación hecha por Villalobos en junio de 2023 reveló conversaciones sobre pagos ilegales, protección judicial y sobornos. A juicio del Ministerio Público, varios fragmentos del audio ya han sido corroborados con evidencia concreta.
“Aquí quizás partimos de atrás para adelante. Con una declaración de todo lo que había pasado y tuvimos que llegar a establecer a través de los medios de prueba la veracidad de lo que se se había dicho en esa reunión”, explicó el fiscal Araya, quien señaló que los delitos de soborno y cohecho a funcionarios públicos son los más graves por su impacto institucional y reputacional.
Por eso, una parte sustantiva de la acusación se centrará en el delito de lavado de activos, el cual los fiscales aseguran tener suficientemente acreditado, pese a las dificultades probatorias. También se investiga la figura del “autolavado”, donde los mismos autores del delito base intentan ocultar o legalizar los beneficios obtenidos.
Los fiscales compararon el esquema montado por los imputados con una “estafa piramidal 2.0”, en que los flujos de dinero se mantenían artificialmente mediante la circulación de facturas falsas y financiamiento de nuevos “inversionistas”.
Nuevas querellas de fondos internacionales
En las últimas semanas se han sumado dos querellas presentadas por fondos de inversión extranjeros: uno domiciliado en Delaware (Estados Unidos) y otro en Liechtenstein. Ambos acusan haber sido engañados mediante la presentación de facturas falsas como respaldo de negocios inexistentes.
Estado de Andrés Chadwick y otras aristas
La información extraída del celular de Luis Hermosilla tuvo consecuencias más allá de la causa principal. A partir de esos datos, se descubrió que el entonces director de la PDI, Sergio Muñoz, filtraba antecedentes judiciales al abogado, lo que derivó en su renuncia y formalización. También se iniciaron investigaciones en el Poder Judicial.
Sin embargo, los fiscales aclararon que sólo se usó información del teléfono autorizada por el tribunal y vinculada directamente a los hechos investigados.
En ese sentido, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, mantiene la calidad de imputado en esta causa, aunque no ha sido formalizado. Según Sepúlveda, no se han encontrado antecedentes suficientes para presentar cargos en su contra hasta ahora.
Asimismo, los fiscales señalaron que, si bien la investigación central está cerrando, podrían abrirse nuevas líneas investigativas derivadas de los antecedentes más recientes.
Todos los imputados estuvieron en prisión preventiva, pero hoy enfrentan medidas menos gravosas, como arresto domiciliario o firma periódica. Los fiscales aseguraron estar más enfocados en lograr condenas en juicio oral que en mantener las medidas cautelares durante el proceso.
El Ministerio Público espera presentar la acusación antes de diciembre de 2025. Esta incluirá todos los antecedentes recopilados en la investigación principal, especialmente aquellos relacionados con los protagonistas del audio y los delitos más graves.
“Queríamos presentarla antes, teníamos todo previsto para hacerlo. Pero hay situaciones que escapan un poco a nuestro control. También la idea es evitar que tengamos reaperturas del procedimiento y que directamente cuando presentemos la acusación sea para preparar el juicio oral”, cerró el fiscal Araya.
