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Foto: AgenciaUNO
Fiscal del caso SQM no reconoce el knockout: “no hablaría de derrota”
Claudia Perivancich reconoció que la absolución de los imputados no es el resultado que esperaban, pero calificó el fallo como “no acorde con la prueba rendida”, y dijo que las defensas extendieron el proceso. El exfiscal del caso, Carlos Gajardo, habló de “un gran acuerdo de impunidad”.
La Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, salió a defender el trabajo del Ministerio Público, luego de que el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolviera —por mayoría— a los ocho acusados en la última arista del caso SQM, la investigación por financiamiento ilegal de la política que se extendió por más de una década y costó más de $2 mil millones al Estado.
Y es que la jueza María Teresa Barrientos cuestionó duramente la labor del Ministerio Público, al afirmar que el órgano persecutor incurrió en un “actuar poco prolijo” que terminó vulnerando el derecho de los acusados a ser juzgados en un plazo razonable, debido a la excesiva extensión del proceso. Añadió que la Fiscalía presentó pruebas “mezcladas, revueltas y repetidas”, sin lograr acreditar los delitos tributarios y de cohecho imputados.
Sin embargo, Perivancich aseguró que “no hablaría de derrota. Esto termina un capítulo con el deber cumplido. Nosotros desarrollamos una investigación seria, responsable, con una mirada objetiva, que nos llevó a la convicción de interponer una acusación”, sostuvo la abogada, quien lideró al equipo de fiscales que estuvo a cargo del caso.
“No hubo ninguna dilación de parte del Ministerio Público”
Sin embargo, Perivancich reconoció que la absolución de Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami, Patricio Contesse y los otros cinco imputados “no es el resultado que esperábamos y eso lo lamentamos”. Al mismo tiempo, insistió en que el fallo “de mayoría no se condice con la prueba que fue rendida” durante las 560 jornadas de juicio.
“Yo no puedo dejar tirar aquí por la borda todo el trabajo que se ha hecho en estos años. Para mí, el hecho de haber convencido a una magistrada de que aquí se rindió prueba suficiente, que dio cuenta de la existencia de cientos de documentos tributarios falsos, de que se incorporaron maliciosamente a la contabilidad del SQM, que sólo quien tuvo la decisión de aprobar esos pagos fue el señor Contesse y que eso configuraba el delito tributario”, enfatizó en alusión al voto de minoría, de la magistrada Carolina Paredes.
La fiscal agregó que le “llama la atención” que la jueza que emitieron el voto absolutorio (Claudia Santos y María Barrientos) “no se hagan cargo, al menos por ahora, de la prueba rendida”, aseverando que “decenas de testigos declararon que no prestaron los servicios, y aun así el tribunal estimó que no se acreditó la falsedad de los documentos tributarios”, dijo.
Sobre los argumentos del tribunal, afirmó que “no hubo ninguna dilación de parte del Ministerio Público. ¿Qué interés podría tener la fiscalía en retardar la llegada del juicio oral? Desde que presentamos la acusación, en 2018, hicimos todo lo que estuvo de nuestra parte para agilizar el procedimiento. Fueron las defensas las que incidentaron reiteradamente, incluso oponiéndose al inicio de la audiencia de preparación durante la pandemia”.
El veredicto absolutorio en SQM es el punto final de una historia de impunidad que empezó 10 años atrás en la propia Fiscalía y en el SII, orquestada transversalmente por los políticos. Demuestra lo difícil que es que la ley se aplique por igual para todos. pic.twitter.com/eq72hVNGlc
— Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) October 22, 2025
Gajardo: “El punto final de un gran acuerdo de impunidad de la clase política”
El fallo fue recibido con alivio por los imputados y con indignación por antiguos investigadores del caso.
“Se hizo justicia”, declaró Marco Enríquez-Ominami, quien estuvo 10 años bajo investigación. “No encontraron nada, porque no había nada. Fueron 28 fiscales, ninguna prueba en mi contra y más de una década de persecución judicial, política y mediática”.
La UDI también celebró la decisión, asegurando por medio de un comunicado que “la fiscalía actuó de manera arbitraria, persiguiendo inocentes y asumiendo como delitos actuaciones que no lo eran”. Desde el gremialismo resaltaron “el hecho de que a Pablo Longueira la fiscalía le ofreció muchas veces salidas alternativas que el nunca aceptó, por el contrario, él siempre exigió llegar a juicio para probar su inocencia”.
En contraste, el exfiscal Carlos Gajardo, quien inició la investigación en 2015, calificó el resultado como “la mayor derrota que ha tenido la fiscalía en toda la historia de la reforma procesal penal”. En redes sociales acusó que el desenlace fue parte de “un gran acuerdo de impunidad de la clase política donde el fiscal Jorge Abbott y el SII fueron claves”.
El caso SQM, que comenzó en 2014 a partir de la investigación del caso Penta, fue junto al segundo el emblema del financiamiento ilegal de la política chilena. En él se investigaron boletas ideológicamente falsas emitidas por asesores, familiares y fundaciones ligadas a diversos sectores políticos, incluyendo a una gran cantidad de políticos de izquierda.
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