PAÍS
Por cohecho y lavado de activos formalizarán a círculo de Ángela Vivanco: exministra es imputada
Diligencias se desarrollaron en torno al caso conocido como “La muñeca Bielorrusa”, dado a conocer por El Mostrador. Exministra Ángela Vivanco tiene calidad de imputada en la misma causa, pero como era jueza a la fecha de los hechos, deberá ser previamente sometida a una querella de capítulos.
Tras una serie de diligencias llevadas a cabo por personal del OS-7 de Carabineros tres personas permanecen detenidas y son vinculadas a la llamada “Muñeca Bielorrusa“, uno de los casos de corrupción que le costó la destitución a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Según fuentes vinculadas al caso, se trata de la pareja de Vivanco, el contador Gonzalo Migueles, el exdiputado y abogado Eduardo Lagos, y de su socio el también abogado Mario Vargas Cociña. Sobre todos pesaba una orden de aprehensión, emanada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Los detenidos serán formalizados en la jornada de este miércoles en dicho tribunal, acusados de cohecho y lavado de activos.
Todos los detenidos llegaron por sus medios a dependencias del OS-7 luego de diversos allanamientos. El último en entregarse fue Vargas Cociña quien se acercó a la unidad policial cerca de las 23:00 horas. Los otros dos imputados habían llegado al recinto cerca de las 21:00.
Durante la tarde, la policía desarrolló una serie de diligencias en la zona oriente de Santiago por instrucciones de la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, y del fiscal SACFI de Los Lagos, Marco Muñoz Becker, junto con la sección de investigación patrimonial del OS-7 de Carabineros.
También se conoció que en los tres inmuebles se incautaron diversos dispositivos electrónicos, entre ellos computadores y teléfonos celulares. Cabe indicar que la exministra Vivanco tiene calidad de imputada en la misma investigación, pero para que pueda ser detenida debería ser objeto de una querella de capítulos, dado que en el momento de los hechos era integrante del máximo tribunal y por ende estaba revestida de fuero.
El conflicto judicial entre Codelco y la empresa bielorrusa Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM), como dio a conocer +Política de El Mostrador en septiembre del 2024, se originó por el incumplimiento de un contrato de obras en la División El Salvador. Codelco acusó a la compañía de avanzar solo un 23% de los trabajos, acumular seis meses de retraso y registrar un accidente fatal. Tras ello, la estatal cobró las boletas de garantía por US$ 20 millones y se quedó con las maquinarias de la empresa, acción respaldada inicialmente por la Corte de Apelaciones de Copiapó.
Sin embargo, la situación dio un giro cuando la Tercera Sala de la Corte Suprema, encabezada provisionalmente por la ministra Ángela Vivanco, acogió un recurso de protección presentado por CBM —pese a que este tipo de recursos no suele aplicarse a disputas económicas— y ordenó la devolución de las máquinas y de las boletas de garantía. El fallo se dictó con una rapidez inusual de seis días y sin que la causa estuviera formalmente en tabla. Cabe indicar que en las últimas horas la representación de Codelco fue asumida por el penalista Julián López.
Posteriormente, la misma sala confirmó su decisión y amplió los beneficios a favor de la empresa, obligando a Codelco a pagar US$ 4 millones adicionales por traslado y US$ 1 millón por reajustes e IVA. Diversos académicos y juristas calificaron el proceso como “irregular” y “anómalo”, por su celeridad, su alcance patrimonial y las inconsistencias procedimentales detectadas.
Las acciones realizadas en las últimas horas se suman a los allanamientos realizados el 23 de octubre, cuando el Ministerio Público y el OS-7 irrumpieron simultáneamente en las oficinas de los Conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto y Chillán, en el marco de una arista del caso que investiga lavado de activos y delitos de corrupción.
En Chillán, el operativo —que se extendió por más de cuatro horas— apuntó al conservador Yamil Najle Alé, quien, según un reportaje del medio LaBot, transfirió $25 millones a Gonzalo Migueles a través de una sociedad de su propiedad. Los pagos se realizaron entre el 17 y el 19 de julio de 2024, apenas dos meses antes de que Najle fuera nombrado en el cargo.
Medios como Ciper y La Discusión han revelado que dicho nombramiento habría sido impulsado por un grupo integrado por el abogado Luis Hermosilla, el juez Antonio Ulloa y la propia Ángela Vivanco. Ulloa, quien promovió la llegada a la Corte de Chillán de la magistrada Paulina Gallardo —clave en la votación que favoreció a Najle—, mantiene una estrecha relación personal con Vivanco y Migueles, incluso participando en reuniones sociales con ellos.
