La trama criminal de Ángela Vivanco en la querella de capítulos contra la exsuprema

La querellla de capítulos en contra de Ángela Vivanco, interpuesta por la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, expone una serie de antecedentes respecto a la participación de la exministra de la Corte Suprema y el particular rol de su conviviente Gonzalo Migueles,  junto a los abogados del consorcio Belaz Movitec, Eduardo Lagos y Mario Vargas, en el caso conocido como “muñeca Bielorrusa”, destapado por El Mostrador el año pasado.

La tesis general es que Vivanco, prevaliéndose de su rol como ministra titular de la Corte Suprema, recibió dinero por parte de dos abogados representantes de la empresa chileno-bielorrusa Belaz Movitec (CBM) –los mencionados Vargas y Lagos–, tras favorecer a la empresa en un litigio que tenía con Codelco.

El primer punto que destaca el escrito, al que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador, es que pese a tener una amistad con los abogados del consorcio minero, Vivanco no declaró su inhabilidad de acuerdo a los deberes que le correspondían como magistrado del máximo tribunal del país, interviniendo en la causa a favor de CBM.

Los antecedentes expuestos sobre un eventual cohecho en contra de Vivanco, apuntan a que la exmagistrada se reunió en su domicilio con Mario Vargas Cociña, el 09 de octubre de 2023, una semana antes de su voto de rechazo en contra de un recurso de reposición con nulidad que había interpuesto Codelco, en contra de una resolución que obligaba a la estatal al pago por “desmovilización de maquinarias”.

La tesis de la fiscalía es que cuando la sociedad de abogados Lagos, Vargas y Silver Asesorías Jurídicas Limitada, recibió el pago de $198.711.729, parte de ese dinero –USD$ 14.000– fueron a parar a Ángela Vivanco a través de la cuenta bancaria de su pareja, Gonzalo Migueles, como “una forma de retribución por la intervención de la empresa CMB”

El argumento judicial para imputar a Vivanco de cohecho, se fundamenta los artículos 248 y 249 del código procesal penal, que apunta a la aceptación de beneficios económicos de algún empleado público, “para sí o para un tercero”, con sanciones que van desde pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación absoluta temporal para ejercer cargos públicos y multas equivalentes a cuatro veces el provecho aceptado.

La conclusión es que Vivanco, “en su rol de Ministra titular de la Excelentísima Corte Suprema, anteponiendo el interés particular por sobre el interés general, acordó un pacto ilícito con la finalidad de favorecer a la empresa CBM en el litigio generado con Codelco entre 2023 y 2024, acordando para ello el pago de una retribución económica para ella y terceros para resolver a favor del consorcio extranjero todas las instancias judiciales en que le correspondiera intervenir”.

Las reuniones en la casa de Vivanco, registradas por geolocalización de los aparatos móviles de los imputados, se repiten durante el transcurso del proceso. El 09 de febrero de 2024, al día siguiente de haberse declarado admisible un recurso de queja con voto favorable de la entonces magistrada a favor de Belaz Movitec, nuevamente acuden al domicilio de la pareja los abogados de la compañía, Eduardo Lagos y Mario Vargas.

El 14 de junio de ese mismo año, una vez resuelto el pago de Codelco a Belaz Movitec por la desmovilización de maquinarias –instancias judiciales aprobados por Vivanco–, Eduardo Lagos recibe en su cuenta personal del banco ITAÚ la suma de $1.026.602.196. De esta cifra, tres días más tarde, el abogado paga a Gonzalo Migueles “la suma de $45.000.000 en efectivo en moneda nacional y dólares americanos, como retribución por la intervención de Vivanco Martínez a favor de la empresa CMB en el ejercicio de sus funciones como Ministra de la Corte Suprema”, explica el documento judicial.

Dinero contaminado

Las acusaciones sobre lavado de activos en contra de Ángela Vivanco apuntan al uso de “dinero contaminado”. Tal como se comentó, Belaz Movitec pagó en diciembre de 2023 $198.711.729 por concepto de honorarios a los abogados Vargas Cociña y Lagos Herrera.

El blanqueamiento del dinero, según los antecedentes expuestos por la fiscalía, se realizó luego que Lagos, a solicitud del propietario de una casa de cambios, Harold Pizarro Iturrieta, girara un cheque nominativo por $70.000.000 a nombre de su hijo, Cristián Pizarro Cornejo, desde la cuenta bancaria del estudio de abogados, Lagos, Vargas y Silver Asesorías Jurídicas Limitada.

El documento fue cobrado por caja en efectivo en la sucursal Bandera del Banco ITAÚ y luego entregado a Pizarro Iturrieta, quien realizó con “negligencia inexcusable” el cambio de divisas a su equivalente en dólares –US$79.908–, “sin registrar ni reportar esta operación, estratificando y ensombreciendo el origen ilícito de los valores”, entregando posteriormente el dinero en la oficina de los abogados, ubicada en Las Condes.

Con este dinero contaminado, agrega la querella, se le pagó a “Ángela Vivanco Martínez a lo menos $14.000 dólares americanos a través de su conviviente Migueles Oteiza, por haber intervenido como empleada pública en el conocimiento y resolución favorable para CBM durante distintas actuaciones procesales ya individualizadas del litigio entre este último y Codelco”

El traspaso de dinero se materializó el 18 de diciembre de 2023, alrededor del mediodía, explica la querella sin ahondar cómo llegó a esta información, luego que Migueles acudiera a la oficina de los abogados de CBM, donde Vargas y Lagos le hicieron entrega de los $14.000 dólares, “dando lugar a la reintroducción formal como dinero en efectivo de las divisas previamente contaminadas como dinero en efectivo de origen legal”.

La querella detalla que Vivanco y Migueles, tras recibir el dinero y en conocimiento de su origen ilícito, hicieron uso de él con “ánimo de lucro” en un viaje recreativo realizado a Buenos Aires, entre los días 22 y 25 de febrero de 2023, y luego un viaje a Brasil, entre el 12 y 27 de enero de 2024, “donde ambos efectuaron millonarias compras con sus tarjetas de crédito en dólares”.

“El uso con ánimo de lucro conociendo el origen ilícito de los aproximadamente $14.000 dólares contaminados al momento de recibirlos fueron realizados por la imputada Vivanco
Martínez a través de un pago por $2000 USD en dos depósitos efectuado el 10 de enero de 2024 y abonados a su tarjeta de crédito Mastercard del Banco Scotianbank”, dice el escrito.

Migueles, en tanto, también habría hecho uso del dinero contaminado –alrededor de 12.780 dólares– a través de diversas operaciones, como pagos por caja por 6.670 USD, el 5 de febrero de 2024, y otro del mismo tenor por $6.110 USD, con fecha 05 de marzo de 2024, ambos realizados con su tarjeta de crédito visa del Banco BCI.

Los antecedentes expuesto en la querella de capítulos, concluye el documento, se exponen con el objeto de solicitar al juez de garantía “las medidas cautelares personales” en contra de Ángela Vivanco.