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La oscura defensa del juez Ulloa en la víspera de la acusación constitucional PAÍS Foto: AgenciaUNO

La oscura defensa del juez Ulloa en la víspera de la acusación constitucional

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A días de que la Cámara Alta decida su futuro, el magistrado intenta contener los flancos que lo acorralan: su amistad con Mario Vargas, los chats con Hermosilla, las escuchas que revelan gestiones en su favor y la polémica por no inhabilitarse en causas vinculadas a su círculo cercano.


A horas de que el Senado revise este lunes 10 de noviembre la acusación constitucional en su contra, el juez Antonio Ulloa enfrenta uno de los momentos más críticos de su carrera. Con el riesgo real de ser destituido por notable abandono de deberes, el magistrado ha intensificado su defensa pública en un intento por marcar la narrativa antes de la votación.

En una extensa entrevista con La Segunda publicada el 7 de noviembre, Ulloa abordó abiertamente el concepto de “pituto judicial”, afirmando que las recomendaciones y redes informales “han existido siempre” dentro del Poder Judicial y que forman parte de una cultura arraigada en los procesos de nombramientos y ascensos. Sus dichos reactivaron críticas de distintos sectores, especialmente en un momento en que su credibilidad ya está tensionada por investigaciones previas y filtraciones de audios y chats.

También hubo otro punto de esa entrevista que generó ruido: el magistrado recalcó que el abogado Mario Vargas —formalizado hoy por el caso Muñeca Bielorrusa y mencionado en varias aristas del caso Hermosilla— es “un gran amigo personal” y aseguró que es “el único que mencioné como causal de inhabilidad”. Añadió además que él se aparta de causas “cuando corresponde”.

Esa afirmación reflotó un episodio ocurrido más de un año antes. El 11 de septiembre de 2024, la periodista Mónica Rincón publicó en la red social X que Ulloa no se inhabilitó en la discusión de prisión preventiva del abogado Sebastián Morando, quien justamente era representado por Vargas. No solo no se apartó: votó en la sala, pese a la evidente cercanía con el defensor.

En aquella ocasión, el magistrado defendió su actuación citando el artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, que establece que la causal de recusación recae sobre la parte y no sobre el abogado. Para Rincón, la explicación legal no resolvía el problema ético: el estándar, sostuvo, vulnera la igualdad ante la justicia y rompe las garantías mínimas de imparcialidad.

Ese contraste —entre lo que Ulloa declara hoy y lo que hizo entonces— volvió a instalarse en el centro del debate justo cuando el juez más necesita disipar dudas sobre su criterio y su conducta. Y lo hace en un contexto aún más adverso, marcado por escuchas reveladas por el medio Ciper que muestran gestiones externas para influir en votaciones internas de la Suprema, filtraciones de información a Luis Hermosilla y una defensa cada vez más apoyada en argumentos formales más que en consistencia ética.

El Senado deberá decidir si los antecedentes constituyen o no causal suficiente para remover al magistrado de su cargo. Para ello, se requiere el voto de 26 senadores, en un escenario tensionado por ausencias eventuales, posiciones divididas y el precedente reciente de la destitución de la exministra Ángela Vivanco —por el caso Muñeca Bielorrusa—.

Mientras tanto, Ulloa insiste en que lo suyo fue una imprudencia, no un delito; que la Suprema ya analizó su conducta y que la acusación está cargada de componentes políticos. Pero su propio relato —en especial el referido a Vargas y las inhabilidades— vuelve a dejar preguntas abiertas que serán clave en la evaluación final.

El lunes, la Cámara Alta tendrá la última palabra. Y para Ulloa, será el día en que sus argumentos deberán valer más que las contradicciones que hoy lo rodean.

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