Caso “muñeca bielorrusa”: Tribunal da por acreditado delitos de cohecho, soborno y lavado de activos

Luego de que la magistrada Patricia Ibacache decretara prisión preventiva para Gonzalo Migueles (pareja de la exjueza Ángela Vivanco) y para los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos —imputados en el caso “Muñeca Bielorrusa”, arista del caso Audios, donde se investigan cohecho, lavado de activos y sobornos para influir en fallos de la Corte Suprema a favor de la firma bielorrusa Belaz Movitec contra Codelco—, los abogados de la cuprífera, Julián López y Carolina Sepúlveda, señalaron que los antecedentes demuestran la existencia de una asociación delictiva entre dos abogados, una ministra de la Corte Suprema y un operador, quienes se habrían concertado para perjudicar a Codelco en 20 millones de dólares mediante resoluciones judiciales espurias.

“Estamos en presencia de una relación corrupta entre abogados y una ministra que traficaron influencias para enriquecerse ilícitamente. Las pruebas son contundentes. (…)Este es un caso de corrupción pública sin precedentes. Los imputados crearon una asociación delictiva, una red de amistades destinada a intercambiar favores y pagos fraudulentos que afectaron a Codelco y a todos los chilenos en más de 20 millones de dólares. Es el atentado más grave que se ha perpetrado contra la credibilidad de nuestro sistema de administración de justicia y sus protagonistas son dos abogados y una ministra de corte, los mismos que juraron desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado y guardar la Constitución y las leyes. La red que montaron y los delitos que cometieron son un ataque a la línea de flotación de nuestro sistema. Son conductas inaceptables”, manifestaron en un comunicado los abogados en un comunicado.

“La magistrada en su resolución ha dado por acreditado tanto los hechos que nosotros imputamos como fiscalía, es decir, los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos, y también dio por acreditada la participación de los imputados en estos hechos”, señaló la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer a la salida de la audiencia. “Estamos conformes, porque ratifica y da la razón a la teoría del Ministerio Público”, agregó. “Efectivamente se pagó por la dictación de resoluciones favorables a una de las partes en una causa. Eso es extremadamente grave para el sistema de justicia, y eso fue lo que fue recogido por la magistrada en su resolución”.

La persecutora también comentó que le fue asignado el caso del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue. “Me fue asignado ayer en horas de la tarde por el Fiscal Nacional. En ese sentido se va a investigar en conjunto con esta causa que yo estoy investigando. Respecto de los otros magistrados, no hay ningún otro antecedente, no hay ningún antecedente a su respecto, en el sentido de que hayan fallado algún deber del cargo al dictar la resolución”, señaló la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer.

Codelco hay un perjuicio de 20 millones de dólares

Los abogados de Codelco, Julián López Masle y Carolina Sepúlveda Varela, quienes impulsaron la querella, señalaron que la decisión judicial es una “muy buena señal” que refuerza la gravedad de los hechos.

López enfatizó que este es el “atentado más grave contra la credibilidad del sistema de administración de justicia”. Según el querellante, la “columna vertebral de este caso” radica en una “asociación delictiva” que involucró a “dos abogados, una ministra y un operador”.

El objetivo de esta asociación era “perjudicar a Codelco y a todos los chilenos” mediante la dictación de “resoluciones judiciales espurias”. Como resultado directo de la trama, la red corrupta “arrebató al patrimonio de Codelco” una suma cercana a los “20 millones de dólares”. López sostuvo que la red buscaba “obtener dinero a cambio del soborno de una ministra de la Excelentísima Corte Suprema”.

Los abogados describieron la situación como “corrupción pura y dura” y una “trama escandalosa” de tráfico de influencias. Codelco se mantiene comprometido con la probidad y seguirá colaborando activamente en la investigación.

Tras ocho extensas jornadas de formalización, la jueza Patricia Michelle Ibacache del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó este sábado la medida cautelar de prisión preventiva contra Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, imputados en el caso “Muñeca Bielorrusa” por soborno, cohecho y lavado de activos.

La jueza acogió la solicitud de la Fiscalía Regional de Los Lagos, argumentando que la libertad de los imputados constituye un “peligro para la seguridad de la sociedad”. En una resolución calificada de “extraordinariamente contundente”, el tribunal afirmó que la corrupción judicial “ha dejado de ser un fantasma y se ha convertido en una realidad” a partir de este caso, sentenciando además que los imputados “se han reído de todo un país”.

La Fiscalía ratifica el pago por fallos favorables

La Fiscal Carmen Gloria Wittwer se mostró “muy conforme” con el dictamen de la jueza, que dio por acreditados los delitos imputados y la participación de los acusados. La fiscalía logró ratificar su hipótesis central de que “efectivamente se pagó por la dictación de resoluciones favorables”.

Respecto a los pasos a seguir contra la exministra Ángela Vivanco, la Fiscal Wittwer confirmó que el Ministerio Público ya presentó la “querella de capítulos” ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El reproche judicial específico contra Vivanco, a diferencia de otros magistrados, es que ella “estaba en la obligación de inhabilitarse”. La Fiscalía anunció además que investigará el caso del juez Diego Simpertigue en conjunto con esta causa.