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Foto: AgenciaUNO
Muñeca Bielorrusa: Codelco acusa “patrón de comportamiento” y se querella contra Vivanco e imputados
La acción penal declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía reitera que hubo intervenciones irregulares, maniobras financieras y resoluciones aceleradas que terminaron favoreciendo al consorcio Belaz Movitec y causando un perjuicio millonario a la cuprífera estatal.
En un nuevo capítulo del escándalo conocido como caso Muñeca Bielorrusa, Codelco entró con todo al expediente. La cuprífera estatal presentó una querella criminal contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y otros cinco imputados, reiterando la acusación de un entramado de intervenciones irregulares, resoluciones aceleradas y beneficios económicos que —según sus cálculos— derivaron en un golpe de más de $17 mil millones a sus arcas en favor del consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM).
La acción judicial, ingresada el sábado 15 de noviembre y declarada admisible este martes por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, apunta a delitos de cohecho agravado, soborno y lavado de activos. En la lista de querellados figuran, además de Vivanco y Migueles, los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, junto a tres piezas clave para la ruta del dinero: el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto Sergio Yáber, su par de Chillán Yamil Najle y el dueño de una casa de cambios Harold Pizarro.
Cabe mencionar que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó el 5 de noviembre una querella criminal contra Migueles, Lagos, Vargas, Najle y Yáber, por los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos. En dicha ocasión, el CDE también incluyó en su querella a “todos quienes resulten responsables” por eventuales delitos conexos que puedan acreditarse durante la investigación del Ministerio Público.
El patrón que encendió las alarmas
Para Codelco, lo ocurrido no fue un episodio aislado, sino un “patrón de comportamiento” que calzó —punto por punto— con los antecedentes expuestos recientemente por el Ministerio Público en la formalización de Vargas, Lagos y Migueles. Según la querella, detallada vía comunicado, las actuaciones de Vivanco habrían favorecido de manera reiterada a CBM: aceleración de trámites, alteración del curso regular de recursos y gestiones internas sin facultad para ello.
La estatal acusa que la entonces ministra “hizo gestiones para que la sala conociera la orden de no innovar y del fondo del recurso sin que el presidente de la Corte Suprema hubiese dictado la resolución respectiva”, e incluso que instruyó dictar una resolución para validar la revisión del fondo del asunto sin el decreto previo que ordenaba dar cuenta. Operaciones que, según Codelco, solo se explican por la existencia de beneficios económicos dirigidos a la magistrada y/o a su pareja.
Uno de los episodios más delicados para la Fiscalía —y ahora para Codelco— es la serie de depósitos en efectivo que recibió Migueles apenas días después de que la cuprífera pagara miles de millones de pesos al consorcio bielorruso.
El escrito detalla la ruta: pagos de Movitec al estudio Lagos & Vargas; derivaciones hacia operadores clave —Yáber, Najle y Pizarro—; y finalmente fondos ingresando a la cuenta de Migueles mediante operaciones catalogadas como de “ocultamiento de origen”, lo que sustenta el delito de lavado de activos en modalidad culposa atribuido a estos últimos.
Codelco como víctima y actor protagonista
La corporación recordó que fue reconocida como víctima en septiembre de 2024, cuando el fiscal nacional abrió de oficio la investigación, y que desde entonces ha empujado diligencias, entregado antecedentes y estado presente en cada instancia. Según la empresa, varias de las líneas hoy investigadas surgieron precisamente de su colaboración.
Con esta querella, la estatal —liderada por Máximo Pacheco— busca ejercer “todas las facultades que la ley reconoce a los querellantes” para esclarecer responsabilidades penales y perseguir nuevos delitos que puedan emerger durante la indagatoria. El mensaje político-técnico fue nítido: Codelco actuará con “máximo rigor” para defender la fe pública y resguardar los recursos de todos los chilenos.
El Séptimo Juzgado de Garantía declaró la acción admisible este martes 18 de noviembre, abriendo un capítulo aún más explosivo en una causa que ya remeció al Poder Judicial y al sector minero, y que mantiene bajo lupa la operación del consorcio vinculado a la maquinaria bielorrusa.
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