Investigación
La arista política de la Muñeca Bielorrusa: el intenso lobby de Belaz Movitec en el Congreso
Paralelo a la arista judicial de la trama bielorrusa, CBM presionó en el Congreso para revertir el fin de su contrato con Codelco, con la ayuda del diputado Cristián Tapia y el operador DC Antonio Saavedra, exasesor parlamentario de Gabriel Silber, socio de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Mucho antes que la denominada trama de la Muñeca Bielorrusa irrumpiera en la opinión pública, en una arista que hasta ahora se ha desarrollado casi exclusivamente en el plano judicial, el Consorcio Belaz Movitec (CBM) digitaba de manera paralela una arremetida en varios frentes, buscando contrarrestar la decisión de Codelco de poner término anticipado a un contrato entre ambas partes. Uno de esos frentes se desarrolló en el Congreso Nacional.
El 22 de marzo de 2023, un mes y medio después del primer recurso de protección presentado por la empresa chileno-bielorrusa en contra de Codelco, la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, recibió a las empresas litigantes para conocer los argumentos de cada una en el conflicto. Por Codelco asistió su presidente, Máximo Pacheco, y por la empresa chileno-bielorrusa, sus dueños, Jaime Duch y Josip Sekul.
El encuentro fue puesto en tabla por el diputado Cristián Tapia (Ind-PPD) y generó las suspicacias inmediatas del diputado PS Nelson Venegas, quien advirtió en la Sala que se trataba de un juicio entre privados. “Acá estamos entrando en una situación bastante compleja, porque aquí no se falla con criterio jurídico. Se falla de acuerdo al criterio popular”, expresó aquella vez.
Según fuentes que conocen de cerca el caso, el diputado Tapia no solo habría operado para que Movitec pudiera hacer sus descargos en la sesión, sino que derechamente buscó llegar a un acuerdo entre las empresas en la misma instancia parlamentaria, promoviendo reiteradamente un acercamiento entre ellas. Sobre la decisión de Codelco de terminar el contrato, el diputado argumentó que fue “de un día para otro”.
“Me cuesta pensar que un proyecto tan importante, donde están involucrados cerca de 2.240 y tantos millones de dólares, se termina tan abrupto. Porque ese contrato tiene que seguir funcionando hacia adelante”, dijo en la comisión.
Tiempo después, cuando el caso ya había estallado públicamente, Máximo Pacheco declaró ante la Fiscalía de Los Lagos que su impresión, después de la sesión en el Congreso, es que se intentó “transformar un conflicto comercial en un conflicto político con la participación de parlamentarios”.
Un diputado que estuvo en la cita aseguró a la Unidad de Investigación de El Mostrador que está “harto” de que se intente resolver conflictos judiciales al interior de la comisión. “No está bien, hay cierta utilización al respecto, porque no se resuelve nada, pero logran meter presión pública. Esto es manipulado. Lo mismo que en el conflicto SQM-Codelco por el litio. Es el mismo patrón de conducta”, explicó.
Sin mencionarlo, los dardos del párrafo anterior también apuntan a Cristián Tapia, pues fue el mismo diputado quien presidió la comisión investigadora sobre el acuerdo entre Codelco y Corfo con SQM por el litio y –según fuentes interesadas en el caso– habría tendido el puente desde el Congreso con Belaz Movitec, a través de un reconocido operador político de la DC involucrado en varios casos de corrupción política, Antonio Saavedra Veas, quien trabajaba entonces para el consorcio chileno bielorruso y también participó en la reunión del Congreso de marzo de 2023.
Consultado al respecto, el diputado Tapia aseguró que no conoce a Saavedra y que su aproximación al conflicto Codelco-CBM fue luego de la muerte del trabajador Rubén Trigo, caso que precipitó el término del contrato por parte de la estatal, hecho que habría derivado en una serie de reuniones con dirigentes sindicales de CBM. La cita de Codelco, Movitec y el sindicato en el Congreso, aseguró el parlamentario, fue una decisión de la comisión y no directamente suya. “Los trajimos para que cada uno diera su versión y a ver cómo podíamos solucionar el tema”, sostuvo.
Asedio a tres bandas
La declaración de Máximo Pacheco a la fiscal de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, aportó otros antecedentes. El presidente de la cuprífera estatal comentó que la arremetida de Belaz Movitec había llegado hasta Cancillería, buscando “convertir un conflicto contractual entre dos empresas chilenas en un conflicto de carácter internacional” y que hasta en el funeral de un exdirector de Codelco, Isidro Palma, el expresidente Piñera aprovechó la ocasión para preguntarle “cuál era el conflicto que tenía Codelco con Bielorrusia”.
La arista internacional, en paralelo, ganaba presencia en la prensa. Fue el propio Antonio Saavedra quien aseguró que el conflicto generado “por la decisión unilateral de Codelco de poner término al contrato y cobrar la boleta de garantía, al menos, causa sorpresa en los inversores que están al otro lado del mundo”, aseguró en Emol en febrero de 2023.
Un mes después, la empresa binacional se reunió por Ley de lobby con el entonces director de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la Cancillería, Sebastián Gómez. El grupo de gestores de interés del Consorcio estaba compuesto por el dueño de Movitec, Josep Sekul; el representante de Belaz, Rostilav Lavrenov; el periodista Erik López y el entonces abogado de la empresa, Antonio Saavedra. Este último, también figura como lobbista de Andes Iron en el proyecto minero-portuario Dominga.
Según los registros públicos de la reunión, Sebastián Gómez “escuchó a los representantes del Consorcio Movitec-Belaz con respecto al término de un contrato de este consorcio con Codelco” y, a su vez, explicó el ámbito de competencia de la subsecretaría con la unión Económica Euroasiática y sus Estados miembros, siendo acompañado en la ocasión por la encargada de litigio del organismo, Johanna Klein.
Atendiendo a estos antecedentes, Pacheco concluye en su declaración que la conducta de CBM fue un “asedio institucional a tres bandas, dirigido al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial”. No solo eso, aseguró haber recibido mensajes de WhatsApp del exdiputado democratacristiano Aldo Cornejo, quien le escribió el 3 de julio de 2023 que en las próximas horas se haría público un fallo de la Corte Suprema en contra de Codelco y días después, el 6 de julio de 2023, le mandó el fallo en PDF que rechazaba el recurso de nulidad presentado por los abogados de Codelco.
En la ocasión, el exalcalde de Valparaíso le explicó que con la medida se acababa la vía judicial y reiteró “la disposición a conversar y encontrar una solución amistosa”. A la luz de los acontecimientos y considerando que Cornejo no era abogado de la contraparte, Pacheco aseguró que dejó de responder el mensaje y no volvió a “tener ninguna interacción con él sobre este conflicto”.
Cornejo aseguró a El Mostrador que quien lo contactó fue Antonio Saavedra, el abogado de Movitec presente en la reunión del Congreso, a quien conoció mientras este trabajaba como asesor de otro exdiputado DC, Gabriel Silber, socio del estudio de abogados que representó a Belaz Movitec en el litigio con Codelco. En el mismo bufete trabajan los abogados Eduardo Lagos –otro exdiputado del Partido Radical, acusado de cohecho en el caso coimas y luego absuelto– y Mario Vargas, ambos en prisión preventiva por cohecho reiterado, soborno y lavado de activos en el marco del caso Muñeca Bielorrusa, junto a Gonzalo Migueles, pareja de la exmagistrada Ángela Vivanco.
“Él conversó conmigo (Saavedra) cuando este tema de Movitec estaba en sus inicios, o sea, todavía no había nada de lo que hoy día se conoce… Antonio actuaba como abogado de esta empresa y me hicieron consultas a mí, en términos personales. Pero ahí se agotó mi conversación o relación con ellos, después no tuve ninguna relación. Nunca fui abogado de Movitec”, aseguró.
Respecto a las gestiones que realizó con Pacheco, Cornejo sostiene que tienen una explicación lógica, nada de ilícita ni falta a la ética. “Es una situación que debiera explicar en su minuto donde corresponde”, aludiendo a que aún no ha sido citado a declarar en la causa que lleva la fiscal Carmen Gloria Wittwer.
“Yo consideré que, en vez de seguir litigando recursos para allá, recursos para acá, lo mejor era conversar y llegar a un acuerdo, eso es todo. Ese WhatsApp me representa a mí, yo pensé en Codelco, por eso le envié un mensaje a Máximo Pacheco, porque con Movitec no tuve y no tengo ninguna relación profesional”, agregó el exparlamentario de la DC.
SQM, Ley de Pesca e informes falsos
La arista política del caso Muñeca Bielorrusa vincula a todos los personajes de esta historia con un lugar específico: el Congreso Nacional. Fue en el Parlamento donde las relaciones entre ellos se consolidaron y en el mismo recinto donde los nombres de los involucrados volvieron a aparecer.
Antonio Saavedra Veas es abogado de la Universidad de Chile y es un reconocido operador de la DC de larga trayectoria en el Congreso, donde ha figurado como asesor del exdiputado Gabriel Silber y del exparlamentario y exembajador en Ecuador, Gabriel Ascencio, a quien representó en la fallida impugnación de los resultados de la senatorial en la Región de Los Lagos de 2013, que dio como ganadores a Iván Moreira (UDI) y Rabindranath Quinteros (PS).
Mucho antes de volver a reunirse con Silber en la trama de la Muñeca Bielorrusa, Saavedra fue uno de sus asesores más cercanos en el Congreso, al punto de figurar emitiendo un informe plagiado al parlamentario en un caso que estalló en septiembre del año 2017, cuya investigación acreditó millonarios pagos por documentos que, en algunos casos, fueron extraídos de monografías.com, una web utilizada por escolares para realizar sus tareas.
No fue el único caso controvertido donde estuvo involucrado. Ese mismo año, Saavedra declaró como testigo ante los fiscales del caso SQM, Paola Castiglione y Carmen Gloria Segura, reconociendo que mantuvo un intercambio de correos electrónicos con Hernán Contreras, abogado PS y director de Norte Grande, una de las sociedades cascadas que participaban en el control de la minera.
El 27 de enero de 2014, Contreras envió un correo a Saavedra compartiéndole el borrador de un oficio para que parlamentarios de la DC enviaran a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). “Efectivamente, Hernán Contreras me envió tips de ayuda relativa al contexto del oficio que estaba trabajando”, confesó Saavedra a las fiscales. Pese a que el asesor negó ante el Ministerio Público haber recibido algún pago de SQM, el oficio ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados al día siguiente de haber sido enviado.
Los casos suman y siguen. Durante la tramitación de la antigua Ley de Pesca o Longueira, Antonio Saavedra –en ese entonces miembro del Tribunal Supremo de la falange– fue acusado de recibir pagos del Grupo Angelini, a través de Inversiones Siemel, junto al entonces senador Patricio Walker y el otrora diputado Iván Fuentes.
El dirigente de la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales de Chile (Fenaspar), Hernán Cortés, aseguró que el daño hecho por Walker, Saavedra y Fuentes “no tiene nombre”. “Por culpa de ellos hoy tenemos una Ley de Pesca ilegítima donde solo han ganado ellos y los industriales pesqueros”, acusó en esa época.
El Mostrador se contactó Gabriel Silber, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta. Antonio Saavedra, en tanto, aseguró a este medio que se encontraba fuera del país y que prefería no participar en este reportaje.
