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Foto: AgenciaUNO
Gobierno confirma expropiación en megatoma de San Antonio a días del plazo de desalojo
La medida permitirá adquirir 100 hectáreas del predio y habilitar un plan habitacional para miles de residentes, luego de que fracasaran las gestiones con los propietarios y mientras avanza el operativo ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
A dos días de que expire el plazo judicial para que el Estado y el municipio definan los terrenos destinados al operativo de desalojo, el Gobierno confirmó este martes la expropiación de 100 hectáreas del campamento Cerro Centinela —la mayor megatoma del país— en San Antonio, Región de Valparaíso.
La medida busca habilitar un proyecto habitacional definitivo para más de 10 mil personas que hoy viven en el asentamiento, creado en 2019 y compuesto por 4.136 hogares, entre ellos más de 3 mil niños y adolescentes.
El anuncio fue realizado por los ministros de Vivienda, Carlos Montes, y del Interior, Álvaro Elizalde, quienes explicaron que la decisión responde al fracaso de las negociaciones con la Constructora Inmobiliaria San Antonio, dueña del predio de 215 hectáreas y que obtuvo un fallo judicial para recuperar el terreno. Según Montes, los propietarios rechazaron la oferta estatal basada en una tasación comercial externa, exigiendo valores “muy elevados” para una eventual compra.
El Gobierno pagará 0,23 UF por metro cuadrado —bajo los 0,44 UF solicitados por los dueños— utilizando recursos del presupuesto 2025 para asentamientos precarios, transferidos desde el nivel central al regional. Con la expropiación del lote 1-A se dará viabilidad a un proyecto que beneficiará a 40 comités de vivienda, equivalentes a unas 3.700 familias.
Elizalde subrayó que la herramienta de la expropiación ha sido usada en muchos gobiernos para responder a necesidades sociales, afirmando que en la administración anterior —del fallecido expresidente Sebastián Piñera— se ejecutaron 135 procesos de este tipo. Ambos ministros recalcaron que el plan expropiatorio se coordinará con el diseño del desalojo de las zonas no adquiridas, el cual se realizará conforme a la resolución judicial vigente.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó previamente al Minvu, Interior, Seguridad Pública, Bienes Nacionales, Desarrollo Social y al municipio presentar un plan de acción con albergues transitorios para los habitantes. El 4 de diciembre vence el plazo para que las instituciones identifiquen los espacios destinados a esa fase.
Con este anuncio, el Ejecutivo busca evitar un desalojo masivo que afectaría a más de 10 mil residentes del campamento más grande del país. La expropiación, recalcaron desde La Moneda, es el primer paso para dar una solución habitacional definitiva a miles de familias que llevan años a la espera de alternativas formales.
