PAÍS
Contraloría prohíbe financiar beneficios extra de Prodemu con fondos públicos
El organismo fijó un nuevo criterio que obliga a cubrir con recursos propios bonos y asignaciones pactadas, en medio de la crisis financiera que enfrenta la fundación.
La Contraloría General de la República estableció un nuevo criterio que prohíbe financiar beneficios laborales adicionales de la Fundación Prodemu con recursos públicos, en un dictamen que impacta directamente en la situación financiera de la institución.
El pronunciamiento —contenido en el dictamen N° D169/2026— determinó que las asignaciones, bonos u otros beneficios pactados en convenios colectivos no pueden ser cubiertos con transferencias fiscales provenientes de convenios con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.
Según el organismo, los recursos públicos destinados a personal deben limitarse estrictamente al cumplimiento de obligaciones legales, excluyendo cualquier beneficio adicional que exceda ese marco. En consecuencia, estos deberán ser financiados con ingresos propios de la fundación.
La Contraloría precisó que este criterio regirá hacia adelante, por lo que no se objetarán pagos realizados con anterioridad bajo esquemas distintos.
La decisión se produce en un contexto de fuerte deterioro financiero de Prodemu, que arrastra un déficit superior a los $1.500 millones, producto de deudas acumuladas, gastos rechazados y compromisos laborales sin respaldo presupuestario.
De acuerdo con los antecedentes, la aplicación de este nuevo criterio permitiría reducir significativamente ese déficit, acercándolo a los $300 millones y facilitando el pago de remuneraciones pendientes, aunque solo de manera acotada durante el presente año.
El origen del problema se vincula precisamente al cambio de interpretación de la Contraloría sobre qué gastos pueden financiarse con recursos públicos. La exclusión de beneficios pactados en convenios colectivos elevó el volumen de gastos rechazados, tensionando las finanzas de la fundación.
El escenario ha generado preocupación en el Ministerio de la Mujer, desde donde ya se había solicitado un pronunciamiento al organismo fiscalizador para aclarar los criterios de financiamiento, en medio de la necesidad de contener el deterioro financiero de la entidad.
En este contexto, el dictamen fija un marco jurídico claro para el uso de recursos públicos, pero al mismo tiempo obliga a la fundación a redefinir su estructura de financiamiento y enfrentar ajustes para cumplir con sus obligaciones laborales.
El futuro de Prodemu será analizado en instancias de su directorio, donde se evaluarán medidas para abordar la crisis, incluyendo eventuales cambios estructurales en su funcionamiento.
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