El juicio por cohecho, soborno y delitos tributarios, por el que están acusados Marco Enríquez-Ominami, Pablo Longueira y Patricio Contesse, entre otros, ya lleva más de un año y casi 243 audiencias. Tras 2 semanas de suspensión por vacaciones, fue retomado con algunos contratiempos domésticos.
Al igual que cualquier misión de largo aliento, el juicio por financiamiento ilegal de la política por parte de la minera Soquimich (SQM) –que se desarrolla en el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago– lleva un registro de actas, con lo que ocurre día a día. Hoy se celebra la audiencia número 243, con un reciente cambio de Sala.
Ha pasado un año y un mes desde que se realizó la audiencia n° 1, el 13 de febrero de 2023. Un hito que, tras ocho años de investigación criminal, partió con retraso, cierta polémica y mucha expectación mediática, cualidades que han bajado de intensidad y han sido reemplazadas por el quehacer doméstico del tribunal y sus participantes.
Entre los acusados están el excandidato presidencial y fundador del disuelto PRO, Marco Enríquez-Ominami (ME-O), imputado por delitos tributarios; el expresidente UDI, exsenador y exministro de Economía de Sebastián Piñera, Pablo Longueira Montes, acusado de delitos tributarios y cohecho, por recibir dineros a cambio de incluir en la Ley del Royalty Minero algunos párrafos a favor de la minera no metálica; y el exgerente general de SQM, Patricio Contesse González, por soborno y delitos tributarios. El resto de los querellados son Cristián Warner (exasesor de ME-O y administrador de su campaña presidencial), Marisol Cavieres (secretaria de la presidencia de la UDI), Carmen Valdivielso (secretaria de Longueira), Marcelo Rozas (DC, exembajador en Praga durante el Gobierno de Michelle Bachelet) y Roberto León (exdiputado DC).
Desde que partió el caso SQM cayeron dos ministros de Bachelet (Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas), rodó la cabeza del entonces director del SII (Michel Jorratt, en mayo de 2015), y renunciaron los dos principales fiscales a cargo de las investigaciones (Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, en febrero de 2018), además de la intervención del ex Fiscal Nacional Jorge Abbott, entre varios otros sucesos.
Este 2024, el primer “aniversario” del juicio encontró a los litigantes e imputados, además de los funcionarios del Poder Judicial, con descanso legal. Esto, porque el tribunal aprobó la suspensión temporal por vacaciones, a petición de las defensas, que ingresaron la solicitud en noviembre de 2023.
El receso del juicio fue autorizado entre el 2 de febrero y el lunes 19 del mismo mes. Pero, desde entonces, el retorno ha sido algo accidentado.
El martes 20 la audiencia fue suspendida a media mañana por el anuncio de una bomba en el Centro de Justicia. Al día siguiente, el 21 de febrero, se suspendió por solicitud del querellante Luis Ignacio Pastén, debido a una intervención médica que debía realizarse. Además –quedó estipulado– las magistradas tenían turno en la tarde.
En otra jornada (el día 228) el juicio se inició más tarde, porque la magistrada Claudia Santos Silva debía realizarse exámenes médicos.
El 23 de febrero fue la presidenta de la Sala, jueza María Teresa Barrientos Marabolí, quien presentó problemas de salud. Al día siguiente se supo que debió tomar licencia médica, por lo que se suspendieron las audiencias hasta el 28 de febrero. Ese día se retomó el juicio, pero más tarde que de costumbre (suele ser a las 9:00 de la mañana). Así quedó estipulado en el acta: “Se da inicio a la hora señalada en atención a que la hora médica de magistrada Barrientos para el día de hoy, fue cambiada en forma intempestiva por no presentarse el profesional médico que debía atenderla”. Y párrafo seguido agrega: “Se hace receso a la hora señalada a petición de la defensa del Sr. Patricio Contesse, por tener alegatos en la Corte Suprema”.
Y a partir del pasado martes 12 de marzo, comenzó “la mudanza” de Sala –desde la 303 a la 201–, lo que ha implicado, a petición de la administración, terminar más temprano las audiencias.
Detalles de las actas que retratan el devenir diario de uno de los juicios más emblemáticos e importantes de la historia reciente.
Este juicio también ha tenido resoluciones de otros tribunales que han marcado el desarrollo del caso SQM. El 28 de abril de 2023 la Corte Suprema determinó que la asistencia diaria obligatoria –como suele ser en todos los juicios– de los intervinientes era ilegal, considerando la larga extensión que tendrá este y decretó que “los intervinientes deben estar presentes sólo cuando se exponga prueba que los vincule”. Los abogados querellantes acudieron al Tribunal Constitucional (TC) para rebatir el dictamen de la Suprema, pero el TC apoyó al máximo tribunal, considerando inconstitucional la comparecencia obligada y estableció que “los imputados no están obligados a asistir todos los días”.
Considerado entre los más complejos casos de corrupción en Chile, desde que existe la Reforma Procesal Penal (2000), el caso SQM estalló en 2015 durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet. Desde entonces el Ministerio Público ha investigado los pagos ilegales a políticos de distintas tendencias (de derecha, centro e izquierda). Se considera que la minera, controlada entonces directamente por el exyerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, pagó entre 2009 y 2014 más de 14 millones de dólares de manera ilegal a casi 300 personas vinculadas a la política. El objetivo: financiar campañas parlamentarias y presidenciales (Sebastián Piñera, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ME-O), además de financiar directamente a algunos partidos políticos.
La Fiscalía –que presentó inicialmente 14.609 documentos como pruebas (aunque después muchos fueron excluidos), 651 testigos y 52 peritos– llegó a investigar a 180 personas, pero la mayoría de los imputados fueron sobreseídos o suspendidas sus causas bajo “ciertas condiciones”.
En concreto, ahora las magistradas del Tercer TOP tienen en sus manos la responsabilidad de condenar o absolver a los imputados que quedan. En el caso de ME-O, arriesga 4 años de prisión, más multas; Pablo Longueira, 818 días de cárcel, más multas; y Patricio Contesse se expone a una pena de 7 años de cárcel por delitos tributarios y 818 días por soborno, más multas.
