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AgenciaUno
Fiscalía fue por lana y terminó trasquilada en caso “Tomasito”: deberá pagar las costas
El Ministerio Público perdió por partida doble en lo relativo a la muerte del niño Tomás Bravo, pues no solo absolvieron a su tío abuelo, a quien acusaron de abandono de menor, sino que además ahora deberá pagar los honorarios de los abogados de la Defensoría Penal Pública que lo defendieron.
Uno de los más sonados fiascos penales de los últimos años ha sido el caso del niño Tomasito, que desapareció a inicios de 2021 en el sector de Caripilún (provincia de Arauco), para ser encontrado 10 días después sin vida, en la misma zona.
Tras lo anterior, el Ministerio Público formalizó por homicidio calificado a su tío abuelo Jorge Escobar Escobar, pese a que la primera autopsia realizada por el Servicio Médico Legal (SML) de Concepción determinó que la causa de muerte del niño era inanición e hipoxia.
Finalmente, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, removió del caso a la Fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena, y designó a la Fiscal Regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, para que investigue una querella por sustracción de menores presentada por la madre del niño.
Pese a ello, en el Biobío insistieron en la persecución penal contra Escobar, a quien llevaron a juicio oral acusado de abandono de menor con resultado de muerte, por lo cual pedían 10 años en su contra. Sin embargo, el 2 de julio pasado, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete (TOP) lo absolvió por dos motivos fundamentales. El primero es que no se logró “configurar la acción de abandono” y el segundo es que, gracias a un video exhibido en el juicio, la defensa introdujo una duda razonable en cuanto a la eventual presencia de un tercero en el sitio del suceso, que podría haber tenido algún grado de participación en la desaparición de Tomás.
Pero eso no fue todo, sino que además los jueces del TOP de Cañete (Ricardo Piña Vallejos, Lathy Pérez Quilodrán y Rodrigo González-Fuente Rubilar) decidieron además que las costas del juicio debían ser asumidas por el Ministerio Público, el abogado querellante que representaba al padre del menor y la Defensoría de la Niñez, lo que en lenguaje judicial significa que los acusadores terminaron completamente derrotados en sus tesis.
