El lobby de Francisco Moreno en la trama del cable chino

El anuncio de sanciones por parte de Estados Unidos contra tres altos funcionarios del Gobierno chileno, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz, desató un conflicto diplomático que ha tensionado las relaciones entre ambos países y se ha convertido en una carga ineludible para la próxima administración.

La acusación no es menor: el Departamento de Estado norteamericano, a través de su secretario Marco Rubio, acusó a los funcionarios de brindar apoyo a actividades que “erosionaron la seguridad regional”. El embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, aclaró días después que se trataba de “actores malignos” que intervinieron en redes de comunicaciones y que incluso habían hackeado a una compañía nacional.

La información de inteligencia –se supo poco después– había sido transmitida por un emisario del embajador al jefe de gabinete del subsecretario, Guillermo Petersen, el mismo día en que el ministro Juan Carlos Muñoz firmó el decreto con la empresa china CM Chile SpA, el 27 de enero de este año, dando visto bueno al proyecto que pretende instalar un cable submarino de fibra óptica desde Valparaíso a Hong Kong.

La alerta del Gobierno norteamericano fue derivada a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el ministro Muñoz informó personalmente al Presidente Boric. Si bien la concesión fue anulada dos días después de firmar el decreto, tras la advertencia de Estados Unidos, las reuniones previas fueron claves para amarrar un negocio de alrededor de US$ 500 millones, donde el lobby de la consultora Pluribus Consulting jugó un rol fundamental.

La compañía, enfocada en asesorías corporativas y representación comercial de empresas extranjeras, perteneciente al exsubsecretario de Hacienda y Telecomunicaciones del segundo Gobierno de Piñera, Francisco Moreno Guzmán, aportó su experiencia en materias regulatorias para destrabar el proyecto en tiempo récord: apenas 63 días de tramitación.

Moreno incluso participó en la última reunión de lobby con el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, junto al gerente general de CM Chile, Shuai Liu, realizada el 16 de diciembre de 2025, en el octavo piso del edificio de la cartera ubicado en calle Agustinas.

Hasta ahora el rol del exsubsecretario del Gobierno de Piñera, militante de la UDI, sobrino de Jaime Guzmán y estrecho colaborador de Andrés Chadwick, ha pasado casi inadvertido en la trama que tiene al Gobierno en una encrucijada diplomática y donde recién comienza a vislumbrarse el papel que tuvieron cada uno de las nombres que figuran en la negociación exprés.

Al margen de la autonomía respecto a los negocios realizados por el Estado chileno, la decisión del Gobierno estadounidense respecto a las autoridades chilenas, entre ellas dos militantes del Partido Comunista –el subsecretario Claudio Araya y el jefe de gabinete Guillermo Petersen–, respondería a la participación que ambos habrían tenido durante la tramitación del proyecto.

“Nosotros no tomamos en cuenta variables políticas, sino técnicas… Si cumplen con los requisitos técnicos, el cable debería autorizarse”, dijo Araya en una entrevista, pocos días después de estallar el escándalo diplomático.

La tesis que empezó a circular entonces –primero soterrada y luego explícitamente– fue que tras las negociaciones estaban los partidos Comunista de Chile y Comunista de China. Argumento que circuló desde la propia derecha, luego que se filtrara un mensaje de WhatsApp de la exministra de Transportes Gloria Hutt, donde calificaba el proyecto como “innecesario”, apuntando a las gestiones de los personeros del PC en el ministerio.

La iniciativa, en verdad, venía estudiándose desde hace varios años.

El proyecto fue presentado al Gobierno chino en 2016, por el exembajador de Chile en el país asiático Jorge Heine, quien reconoció en entrevista con CNN ser uno de los promotores, junto al exsubsecretario de Telecomunicaciones del segundo Gobierno de Bachelet, Pedro Huichalaf.

A pesar de alcanzar un memorándum de entendimiento con el Gobierno Chino, la administración de Sebastián Piñera habría cancelado la iniciativa, tras una visita a Chile del entonces secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien ya en esa época habría manifestado reparos sobre el proyecto, que luego sería retomado por la actual administración del Presidente Boric.

La rapidez en la adjudicación de la concesión se debe al lobby realizado por la empresa dirigida por el abogado Francisco Moreno, el exsubsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Piñera, quien volvió al edificio ubicado en Agustinas 1382, pero esta vez como asesor de la empresa china CMI.

Si bien nunca logró ser elegido en cargos públicos –postuló a Core, diputado y convencional–, Moreno sí ha logrado obtener nombramientos políticos. Antes de arribar al Ministerio de Transportes, el año 2021, fue subsecretario de Hacienda durante el segundo mandato de Piñera, donde trabajó con el actual asesor comunicacional de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela.

Humboldt

Antes de abandonar el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Moreno tuvo una breve participación en varias iniciativas de infraestructura digital, entre ellas, el proyecto Humboldt, el plan que busca conectar América Latina con Asia-Pacífico y Oceanía, impulsado por Desarrollo País, asesorado técnicamente por la Subtel y que cuenta con la participación de Google.

Al igual que en otros casos de reinvención profesional, el exsubsecretario de Telecomunicaciones retornó al mundo privado con su propia consultora, enfocada en materias regulatorias y asuntos públicos, desde donde le ha tocado asesorar a la competencia directa del proyecto Humboldt.