Cuech llama a que la Nueva Constitución garantice el derecho a la educación superior «a través de la provisión gratuita»

El presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), Ennio Vivaldi, presentó un documento elaborado por la entidad denominado “Universidades del Estado y la nueva Constitución”, en el que, entre otras cosas, pide que en la nueva Carta Magna se garantice el derecho a la educación superior, con la provisión gratuita de educación en instituciones estatales de nivel técnico y universitario.

En el documento, se destaca que “es fundamental la superación del estado subsidiario a partir del cual se han desarrollado políticas públicas que tienden a ser funcionales al mercado, privilegiando la competencia, la privatización y la desregulación del sistema de educación superior”.

«Así, será vital generar un nuevo contrato social entre el Estado y sus instituciones, que permita dar respuesta y efectivo cumplimiento al derecho a una educación superior de calidad para todas y todos los habitantes de este país”, añade el texto.

En esa línea, el rector Vivaldi afirma que es «necesario garantizar explícitamente el derecho a la educación superior en la nueva Constitución, siguiendo así ejemplos de países como Portugal, Noruega o Suecia. Para hacerse efectivo, este derecho debe materializarse a través de la provisión gratuita de educación en un conjunto de instituciones estatales de nivel técnico y universitario, reconocidas también en el texto constitucional y financiadas mayoritaria o completamente mediante aportes basales provenientes del Estado”.

Esta petición que hacen busca reconocer este tipo de entidades en su rol público, “reconociendo las diversas ubicaciones geográficas y las importantes particularidades que las diferencian entre sí”.

“No se busca desconocer o negar el carácter mixto del sistema educacional chileno (…) sin embargo es fundamental relevar explícitamente el rol que cumplen las casas de estudio estatales y otorgarles un tratamiento acorde y distintivo, reconociendo su naturaleza pública y asegurando su provisión gratuita”, añade.

En la parte final del documento, hacen una invitación a » romper con una lógica mercantilista donde las universidades públicas han debido luchar constantemente por el reconocimiento y financiamiento estatal, superando el trato al que han sido sometidas por décadas como instituciones privadas sin dueño. Esto requiere un nuevo acuerdo social, que las reconozca y considere como parte del mismo Estado, con un propósito ajeno a intereses corporativos, pluralista y promotor del bien común”.