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1989: el montaje por medio del cual quemaron archivos vitales en causas de DDHH
Todos los procesos realizados por Consejos de guerra en el país entre 1973 y 1977 fueron incinerados en un supuesto atentado cometido por el FPMR en 1989. Fallo sobre la quema de archivos de la CNI, sin embargo, apunta a una acción sistemática destinada a eliminar archivos.
La madrugada del 14 de noviembre de 1989 una fuerte explosión se escuchó a eso de las 2:10 horas en las dependencias que el Ejército posee en La Reina. El entonces conscripto Juan Umaña Umaña estaba de guardia esa noche, en la dependencias de la Escuela de Educación Física militar, ubicadas en la esquina de Valenzuela Llanos y Larraín, y en 2018, recordaría ante la justicia vio cómo desde la parte posterior del recinto, cuando vio que desde un sitio eriazo que era propiedad del Ejército, “ingresó un artefacto tipo explosivo luminoso, que detonó momentos después en el pabellón de solteros ubicado dentro de esa escuela”.
Tras ello, relató Umaña al ministro Mario Carroza, “comenzó a generarse un incendio en una oficina en la cual tengo conocimiento que había documentación, porque me percaté al día siguiente que el día anterior otros conscriptos habían trasladado documentos y cajas a ese lugar”.
Según su testimonio, luego de la explosión, él participó, junto a otros soldados, de un rastreo por el sitio eriazo, donde “vi una bandera del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que no estaba quemada, creo (que) también fue fotografiada y después salió esto en la prensa”.
Lo señalado por Umaña resultó ser uno de los antecedentes clave en una investigación que no solo determinó lo ocurrido con la quema de archivos de la CNI (la sucesora de la DINA), los que fueron incinerados en alguna fecha no determinada entre 2000 y 2001, en la Escuela de Inteligencia del Ejército, en el sector de Nos, sino que también arroja luces acerca del peculiar supuesto ataque del FPMR en contra de la Escuela de Educación Física del Ejército,en donde, como dice el fallo recientemente dictado por la ministra en visita para causas de DDHH de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, “lo único afectado fue el lugar donde se mantenía cuantiosa información de relevancia para el conocimiento y esclarecimiento de causas vinculadas a violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante los primeros años de la dictadura militar, al menos entre los años 1973 a 1977”.
En efecto, tal como estableció la investigación iniciada por Carroza y concluida por la ministra Plaza, el 13 de noviembre de 1989, a pocos meses de que el dictador Augusto Pinochet debiera dejar definitivamente el poder (lo que ocurrió el 11 de marzo de 1990), cientos de archivos fueron trasladados en medio de un absoluto sigilo desde las oficinas del Ejército en calle Zenteno, en el centro de Santiago, hasta uno de los dormitorios de solteros de la Escuela de Educación Física, exactamente el mismo donde a la noche siguiente impactó un cohete LAW disparado desde un montículo ubicado a unos 300 metros, según las estimaciones realizadas por la PDI, sector que -como lo explicó Umaña- se encontraba dentro del mismo terreno del Ejército.
Fuentes del caso indicaron a El Mostrador que entre los investigadores y querellantes -entre ellos, la oficina Caucoto abogados- existe la convicción en orden a que se trató de un montaje destinado a destruir archivos que serían comprometedores luego del regreso de la democracia, especialmente porque estaban todos los “procesos en tiempos de guerra” efectuados en las seis divisiones del Ejército.
Se trata de al menos 7.419 juicios arbitrarios efectuados a partir del 11 de septiembre de 1973 que, como señala un informe realizado por el investador Juan Pablo Jarufe, fueron reiteradamente solicitados por la Corte Suprema, la Comisión Rettig y distintos ministros en visita que investigaban violaciones a los Derechos Humanos, pero la respuesta invariable siempre fue la misma: que no había antecedentes, pues todos los documentos al respecto se habían quemado en el “atentado terrorista” del 14 de noviembre de 1989.
Allí también ardieron otros documentos que habrían sido de mucha utilidad, pues se incineró todo lo enviado por el departamento “Asuntos Especiales”, además de lo relativo al departamento de Auditoría, encargado de supervisar, precisamente, todo el aparataje jurídico de la institución castrense. Del mismo modo, el LAW terminó con los archivos de la oficina de Seguridad, con “documentación proveniente del archivo general de guerra” y, además, con la documentación de la administración de fondos militares, algo que también era crítico en las investigaciones por violaciones a los DDHH, pues en dichos papeles deberían haberse encontrado -entre otras cosas- los presupuestos de la DINA.
La quema de archivos
Todos los antecedentes anteriores fueron recopilados en medio de la investigación realizada por Plaza y detectives de la Brigada de Derechos Humanos respecto de la quema de los archivos de la antigua Central Nacional de Informaciones (CNI), hecho que fue denunciado públicamente en 2013 por el periodista Mauricio Weibel, en un reportaje publicado por la agencia DPA.
Dichos antecedentes quedaron al desnudo en la investigación que el ministro Alejandro Madrid realizó respecto de la muerte del expresidente Eduardo Fei Montalva, en la cual apareció una serie de antecedentes que daban cuenta de los seguimientos, amenazas e incluso infiltración del círculo cercano del exmandatario por parte de la CNI, a tal punto que su chofer personal era un informante de dicho organismo represivo.
Fue así como, buscando antecedentes respecto de la carpeta que la CNI llevaba sobre Frei, que surgieron datos relativos a la quema de las carpetas de la CNI a inicios del siglo XX, lo que luego de varios años de proceso terminó con una condena de tres años y un día dictada en contra del exgeneral Eduardo Jara Hallad y la excomandante Mercedes Rojas Kuschevich, como autores del delito de “infidelidad en la custodia de documentos con grave daño a la causa pública”. Otro militar implicado en los hechos, el general Patricio Chacón Guerrero, fue condenado a 200 días.
De acuerdo con lo indagado por Plaza, la incineración fue ordenada por el entonces jefe de Inteligencia del Ejército, Eduardo Jara Hallad, a la encargada de la sección Archivo, del Departamento II de la Dirección de inteligencia del Ejército (DINE), la comandante Rojas. Según la versión de todos los ahora condenados, entre lo quemado solo había archivos de prensa y papeles sin utilidad, lo que no fue creído en lo más mínimo por la jueza, quien señaló en el fallo en contra de ellos, dictado el 25 de marzo pasado, que “no es plausible ni verosímil que los archivos del los años 1980 a 1982 de la Central Nacional de Informaciones comprendieran meras banalidades carentes de cualquier interés investigativo”. Cabe indicar que el mismo fallo establece que la documentación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fue enviada a la Central Nacional de Informaciones (CNI), cuando la primera fue disuelta, en 1977, y que esos archivos, posteriormente, fueron entregado al DINE, en 1990.
El montaje de 1989
En cuanto al supuesto ataque del FPMR en 1989, el fallo de la ministra en visita enfatiza que nunca se probó la autoría del grupo subversivo en esos hechos, pero hay otros elementos que refuerzan la idea de que se trataba de un montaje. Uno de ellos es que no todos los testigos de los hechos fueron llamados a declarar a la fiscalía militar, algo curioso, al igual que el breve tiempo en que dicha repartición cerró la indagatoria (un año).
Además de la documentación que se sabe que estaba en esa bodega, pues existe un acta al respecto, queda la duda de si había otro tipo de antecedentes vinculados con violaciones a los derechos humanos pues otro conscripto, Carlos Bilbao Legal, dijo que luego del ataque “resultaron quemadas dos piezas que eran ocupadas como bodega y que en ese lugar había almacenada educación clasificada y confidencial, que según comentarios de pasillo podía ser de la CNI”.
Aunque Bilbao especificó que por su rango no tenía conocimiento del contenido de la información “recuerda que después pudo observar que había varios muebles tipo kárdex incinerados”. Dicho testimonio fue respaldado por el de otro soldado, Jorge Luis Gutiérrez Escobar, el cual “señaló además haber visto varios documentos quemados que estaban guardados en una pieza tipo bodega, pudiendo ver cajas, papeles, etc., desconociendo su contenido”.
También quedó en evidencia que el propio director de la Escuela de Educación Física del Ejército, Francisco Riveros Lagreze, no tenía idea de qué se trataba la documentación que había en el lugar. Según declaró, luego del ataque “llegó el Coronel Julio Cerda Carrasco, Comandante del Batallón de Inteligencia del Ejército, y dijo que personal de su unidad había encontrado un arma antitanque, liviana, llamada LAW, y un lienzo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez”.
Por más tarde, el comandante de los Bomberos que habían apagado el fuego le dijo a él y al subdirector de la escuela que “en la documentación que resultó dañada había archivos de causas instruidas por Juzgados Militares, lo cual les llamó profundamente la atención, pues no conocían la documentación y se les había dicho que eran sólo archivos administrativos. Esos archivos llegaban desde la Subsecretaría de Guerra, autorizados por el Ejército, lo que ocurrió aproximadamente un mes antes de lo sucedido e investigado”.
Como explicó también en la causa Eduardo Quiroga Jofré, que en 1989 era jefe del departamento “Asuntos Especiales”, a fines de ese año su jefe, que era el subsecretario de guerra de la fecha, el general Ricardo Izurieta Caffarena, le dijo que iban a trasladar archivos desde el edificio de las Fuerzas Armadas ubicado en Zenteno 45 hasta el Diego Portales, pero “debido al volumen de archivo que había en la subsecretaría no era factible trasladarlo completamente”.
Ante ello, según Quiroga, el Ejército “ofreció dependencias existentes en la Escuela de Educación Física para guardar archivos y documentación histórica correspondiente a oficiales en retiro, por lo que se trasladarían al Diego Portales solamente las carpetas de oficiales en servicio activo. Señaló desconocer la razón del por que llegaron a ser almacenadas en ese lugar y es muy posible que ese material también hubiese sido trasladado por instrucción del Sr. Izurieta a los respectivos jefes de departamento”.
En 1997, Izurieta (fallecido en 2014) se convirtió en el sucesor de Augusto Pinochet como comandante en Jefe del Ejército, cargo en el cual estuvo hasta 2002, por lo cual la quema de los archivos de la CNI se produjo cuando él estaba al mando de la principal rama de las Fuerzas Armadas del país. Chacón, de hecho, fue jefe del estado mayor del Ejército entre 1998 y 2000 y Jara Hallad asegura que fue él quien le dio la orden de quemar los archivos de la CNI, aunque Chacón sostuvo que no recordaba haber dado alguna instrucción en ese sentido.
El modus operandi y el almacenaje
Independiente de ello, lo que sí estableció la ministra Plaza es que el modus operandi utilizado en la destrucción de esos archivos hacia los años 2000 y 2001 fue muy parecido al empleado en 1989, puesto que al igual que ese año, se produjo un traslado de un edificio a otro (en este caso, de las dependencias de la DINE, desde un edificio ubicado en calle República a sus actuales dependencias en Bulnes 129), también ordenado por el general Izurieta, en medio del cual una gran cantidad de cajas que contenían microfilmes fueron derivadas a las instalaciones de Nos, por instrucciones de la comandante Rojas, donde fueron cremadas por dos suboficiales de Ejército, sin que ni siquiera se levantara un acta al respecto, lo que es más que curioso, pues como quedó estampado en la causa, se hicieron viajes con el material a desaparecer con destino a Nos, microfilmes que “según el acusado Eduardo Jara Hallad ocupaban una pieza completa y se almacenaban en seis o siete estantes de fierro”.
Pese a todo ello, se cree que aún existen archivos de la DINA y la CNI, pues en la misma investigación figuran dos antecedentes al respecto. El primero es que en 2004 el exbrigadier Pedro Espinoza (segundo jefe de la DINA) entregó a la justicia chilena un informe de inteligencia realizado por su excolega Juan Morales Salgado, relativo a las actividades, domicilio, automóvil y relaciones del excomandante en jefe del Ejército Carlos Prats, en Buenos Aires, confeccionado en 1974, poco antes de que fuera asesinado con un coche bomba junto a su esposa, Sofía Cuthbert.
Al ser interrogado sobre el origen de ese documento, Espinoza respondió que la primera vez que lo vio fue en 1988, en dependencia de la CNI, al revisar documentos vinculados al crimen de Orlando Letelier (asesinado del mismo modo en 1976, en Washington DC) y que “en el 2004 lo encontró por casualidad” en dependencias de la DINE.
Otro exintegrante de la DINA y de la CNI, Raúl Otárola López, por su parte, declaró ante la PDI que en 2005 estuvo en subterráneo de la DINE (ya en calle Bulnes) y que allí “existen repisas metálicas donde están los rollos de celuloide soportados por cartridges, ordenados por códigos y números”. Asimismo, aseveró que pese a lo quemado en Nos, “otra parte de la documentación fue almacenada”.
