Las claves de los últimos golpes contra el crimen organizado en Santiago

En medio del panorama que se vive, debido a la forma en que el crimen organizado irrumpió en Chile, diversas autoridades destacaron esta semana la manera en que están trabajando en conjunto Carabineros y la PDI, con buenos resultados, especialmente en casos de alta connotación, como sucedió con el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, el homicidio del “Rey de Meiggs” (incluyendo la captura del sicario Alberto Mejía en Colombia), y los secuestros de un empresario de Quilicura y del exalcalde de Macul, entre otros casos.

La “interagencialidad” fue resaltada tanto por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, como por el director general de la PDI, Eduardo Cerna, así como por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y diversos fiscales.

Al respecto, el Fiscal Regional Sur y jefe del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, indicó que ese trabajo conjunto, en el cual también interviene la Fiscalía Nacional, “está dando muy buenos resultados y es la razón por la cual hemos tenido un aumento en la cantidad de personas detenidas y formalizadas”. Un indicador de ello, precisó, es que en el último mes se ha detenido a 30 personas implicadas en casos de crimen organizado en la Región Metropolitana.

Otro dato al respecto es que “en un año y medio de funcionamiento de ECOH, tenemos 170 personas que ya están formalizadas solo por delitos de secuestro”. En el mismo sentido, indicó que un ejemplo del modelo de trabajo en conjunto es lo que permitió “poder formalizar a un imputado en la causa del secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno, donde a partir de un trabajo realizado por el OS9 (de Carabineros) se pudo establecer que tenía vinculaciones con la causa del secuestro con homicidio y se le informó al equipo de la Policía de Investigaciones, quien lleva esa investigación, y en virtud de eso se pudo pedir, por lo tanto, la orden de detención que se formalizó y el imputado quedó en prisión preventiva, tanto por el delito de asociación criminal como también por el delito de secuestro con homicidio del exteniente venezolano”.

La reingeniería

Por cierto, superar las rencillas, inquinas e, incluso, enfrentamientos que culminaron con funcionarios policiales muertos por parte de otros efectivos no es sencillo, ya que se trata de un problema cultural, que se arrastra desde hace muchos años. No obstante, según asegura un oficial en servicio activo, quien pide reserva de su identidad, el inicio del fin de la rivalidad se debe, entre otros motivos, al estallido social. 

“Hubo no pocas ocasiones en que la PDI tuvo que concurrir a apoyar a Carabineros y viceversa, y eso no solo limó asperezas, sino que mostró a unos y otros que estaban del mismo lado”, asevera, afirmando que, ante la aparición de un nuevo “enemigo” común al frente (el crimen organizado), ya no existe la resistencia estructural histórica, aunque reconoce que “los celos de cada institución están muy arraigados y es imposible borrarlos”.

Respecto del crimen organizado, el fiscal Barros relata que el equipo ECOH de la Fiscalía, en el caso de Santiago, cuenta actualmente no solo con funcionarios del Ministerio Público, sino también con dos detectives, dos carabineros y un gendarme, y que, por lo tanto, “de todas las investigaciones que van ingresando al equipo ECOH se hace un análisis tanto con nuestros analistas como con esos equipos que son operativos”.

Y agrega: “¿Qué permite eso? Permite que la policía tenga la información que tenemos nosotros, por ejemplo, de los vaciados de teléfonos que hacemos en la Fiscalía; permite también que las policías tengan acceso a la información de las otras policías; y que también tengamos información del sistema carcelario. Todo eso produce un círculo bastante virtuoso, que se ha ido transformando en lo que vimos hoy día, que es que en el fondo ambas policías aparecen trabajando en conjunto en procedimientos que son de relevancia”. 

Una demostración de aquello, apunta Barros, es lo ocurrido con el “Gordo Alex” (Alfredo Henríquez, el sujeto implicado en el secuestro del exteniente Ronald Ojeda), “porque si bien fue Carabineros quien lo fiscaliza, finalmente es un blanco de la PDI, pero eso Carabineros ya lo sabe y, por lo tanto, de inmediato se contacta con la PDI y le dice ‘tenemos un blanco suyo’, para efecto de que pidan las órdenes correspondientes. Ellos hablan con nosotros y nosotros pedimos de inmediato las órdenes de detención. Pero esa red que tenemos ahora, esa red no existía antes”. 

Sin embargo, lo anterior implica lidiar con grandes cantidades de información, sobre todo provenientes de teléfonos y computadores, pero Barros asevera que, pese a que “son volúmenes gigantescos de datos, son absolutamente indispensables para construir las estructuras criminales”, los cuales “nos permiten a nosotros tener el panorama completo de cómo están comportándose las organizaciones, cómo se están moviendo, cómo se van reestructurando, cuando no las golpeamos, cómo permanecen un tiempo aletargadas hasta que vuelven nuevamente a resurgir”. 

Los tiempos y la especialización

Otro factor que el fiscal destaca es que “antes nosotros nos dábamos seis meses como tiempo mínimo de investigación en una causa, para tener resultados. El día de hoy estamos teniendo resultados con órdenes de detención dentro de las 24 horas. Y eso es por el mayor profesionalismo en las policías, el mayor profesionalismo en el equipo ECOH de la Fiscalía, pero también el cruce fundamental que hay de la información entre las instituciones de persecución penal”. 

Además, indica que “cuando comienza el fenómeno del Tren de Aragua en Chile, no era conocido para nosotros y, por ello, pasamos bastante tiempo viendo cómo se comportaban, cómo actuaban, cómo eran las vinculaciones entre ellos. Y el día de hoy ya hay un conocimiento tan acabado y tan especializado en la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), de la Policía de Investigaciones, y en el OS9, en el caso de Carabineros, que eso nos permite anticipar escenarios y nos permite ya empezar a ver cómo se están moviendo o qué es lo que nos puede venir”. 

En ese sentido, recuerda que “nosotros adelantamos hace más de un año que probablemente íbamos a empezar a tener víctimas que fueran empresarios, que fueran de nacionalidad chilena, y lo hemos visto en Rancagua, lo hemos visto en Santiago, lo hemos visto en otro caso que estamos investigando, pero también en muchos otros casos que son de microempresarios, que son en este caso extorsionados”. 

Prospectando el escenario futuro, adelanta que lamentablemente “esto va a continuar. Lo que pasa es que, si bien las hemos golpeado harto, esto es un negocio, es una empresa criminal, por lo tanto, lo que va a hacer esta empresa criminal es tratar de rearticularse y de traer nuevos miembros, como lo está haciendo”. 

Frente a ello, detalla que “en la causa Ojeda formalizamos a un imputado cuya su queja era que llevaba sólo seis días en el país, pero nosotros planteamos que, claro, llevaba seis días, pero el Tren de Aragua le había pagado los gastos para que se viniera de Ecuador hasta Chile y en una semana participó en dos secuestros. Entonces la pregunta era: ¿a qué venía ese sujeto? ¿Venía a cometer delitos? Ese es el proceso de renovación que tienen ellos. Como es una institución tan jerárquica, hay mucho ascenso en la medida en que los vamos deteniendo o van muriendo, y tras ello se renuevan con otros, pues cuando se ven disminuidos, lo que hacen es traer más gente y ahí tenemos el problema de los ingresos ilegales, que es por donde llegan finalmente estos sujetos”. 

A futuro, indica que uno de los desafíos en el combate al crimen organizado es lograr una mejor segregación de los presos en las cárceles, pues indica que “nos ha pasado que detuvimos a un integrante de ‘La hermandad’ y a los dos días de estar detenido ya estaba hablando por teléfono y amenazando a gente en la vía pública y volviendo a secuestrar”. 

Otro caso, vinculado con “Los Piratas”, fue que algunos de ellos “desde la cárcel organizaban secuestros extorsivos. Ellos hacían toda la negociación con la persona a la que, por ejemplo, le ofrecían comprar un producto, para lo cual lo citaban a un lugar y ahí llegaban los miembros de la organización que estaban afuera y lo procedían a secuestrar”.

El trabajo en macrocausas y los riesgos

El experto en crimen organizado Pablo Zeballos, autor del libro Un virus entre sombras, coincide con Barros y asevera que “efectivamente, lo mejor que ha funcionado en la persecución penal reciente, en casos como los que acabamos de conocer, es la combinación de un foco especializado, una coordinación interagencial y técnicas investigativas que son oportunas. La creación y despliegue de efectivos, por ejemplo, de los equipos ECOH, permitió instalar fiscalías preferentes que se han ido especializando en secuestros, sicariato y homicidios vinculados al crimen organizado, y se va acoplando ese conocimiento investigativo, desde la Fiscalía, a las unidades policiales especializadas, como la BIPE u OS9”.

En el mismo sentido, indica que los criterios de “macrocausa y priorización territorial” son, a su juicio, “una arquitectura que se está construyendo en Chile, que ha sido reconocida por la propia Fiscalía como exitosa, y que apalanca estos resultados cada vez con una mayor velocidad y densidad probatoria, en causas que son complejas”.

Una demostración de ello, señala, es la forma en que se trabajó el caso del empresario secuestrado en Quilicura a inicios de agosto, donde indica que “se actuó con rapidez táctica, con negociación controlada y una persecución posterior del dinero del rescate, que permitió la recuperación de una fracción relevante del pago, todo lo cual fue muy discretamente manejado, en el sentido de que los matinales no estaban siguiendo esto en vivo, sino que se enteraron al final de los resultados. Eso derivó en varios formalizados, medidas cautelares intensivas, y una línea investigativa sobre un eventual dato interno que ocurrió de la empresa, que todavía se mantiene, según la prensa, en investigación”.

Asimismo, destaca que también se está trabajando en investigaciones que abarcan verticalmente a los imputados, como sucedió en el crimen del “Rey de Meiggs”, donde “no solo se dio con los imputados materiales, sino también se logró la detención del presunto autor intelectual, Wilson Verdugo, y ahora además la del intermediario, el que media entre quien decide el acto criminal y quien lo ejecuta. En este caso, el intermediario Ricardo Villón, que se mantiene en prisión preventiva, lo que además permite conocer otras dinámicas criminales que estaban sucediendo en Chile”. A ello suma el trabajo interagencial realizado con las autoridades colombianas, que permitió la detención de Alberto Mejía en Barrancabermeja.

En el caso del secuestro del exalcalde de Macul, Zeballos puntualiza que “la BIPE antisecuestros también demuestra una capacidad de integración y capacidad investigativa muy fuerte con el equipo ECOH, pero además permite avanzar hacia la línea de especialización criminal de la banda denominada ‘Los mapaches’. Eso también demuestra cómo las instituciones han ido avanzando y creciendo. Entonces, resumidamente, porque me enredé, creo yo que podríamos hablar que transversalmente hay tres fortalezas que se van repitiendo”.

Pese a todo, dice que “también es necesario hacer una advertencia: la lucha del Estado contra el crimen organizado debe entenderse como un sistema. Si no la entendemos como sistema, los éxitos investigativos de las policías, del equipo ECOH, de la PDI, de Carabineros, de Gendarmería, de la Policía Marítima, solo van a consolidarse si la Justicia, el otro paso de este sistema, dimensiona el riesgo sistémico del crimen organizado, al imponer medidas cautelares y fallos que no solamente vayan en protección de la víctima o protección de los testigos, sino que impongan medidas que permitan también la protección de la sociedad en su conjunto”.

También argumenta que “otro componente que debe funcionar como sistema es que el componente penitenciario y reinserción opere con una lógica sistémica estructurada. De lo contrario, corremos el riesgo de que la cárcel se convierta en un multiplicador delictivo que, incluso, podría potenciar la resiliencia de las estructuras criminales dentro de la cárcel, como hemos visto que sucede en gran parte de América Latina”.

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