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Archivos del terror: exjueza acusada de robo de niños alega haber sido perseguida por Pinochet
Según un recurso de amparo interpuesto por Ivonne Gutiérrez, ella abandonó Chile en 1983 debido al hostigamiento que asegura haber sufrido de parte de “la policía secreta”, porque –dice– era militante de la Democracia Cristiana. Incluso pidió ser considerada una exonerada política.
La exjueza de menores de San Fernando Ivonne Gutiérrez, cuya extradición está siendo solicitada a Israel por parte de Chile, acusada de la sustracción de menores en los años 80, argumentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por medio de su abogado, que los hechos que le imputó el ministro en visita Alejandro Aguilar no existieron y que ella no escapó de Chile en 1983 tras haber sido denunciada, sino que lo hizo para escapar de la dictadura de Pinochet.
Como ha informado El Mostrador, la mujer, hoy de 85 años, fue denunciada en 1983 por el secretario del tribunal y también fue objeto de una querella de capítulos presentada en su contra por Ruth Reyes, madre de un niño de pocos meses que le había sido arrebatado el año anterior, cuando acudió al Juzgado de Menores a pedir ayuda, dado que a sus 16 años ya era madre de dos niños y no tenía ingresos, por lo que pidió que su hijo menor fuera enviado por algunos meses a un hogar de menores.
Contrario a ese deseo, sin embargo, el niño fue objeto de una adopción exprés, gestionada por la exmagistrada y su pareja de aquel entonces, el abogado Alberto Bronfman.
Luego de muchos años de investigación, en junio recién pasado el ministro Aguilar la sometió a proceso por varios delitos, incluyendo la sustracción de Alex, el hijo de Ruth Reyes. Pocos días después de eso, la asociación Hijos y Madres del Silencio (HMS) logró dar con el paradero de él, hoy un hombre que vive en Estados Unidos y que no tenía ni una sola pista acerca de su origen. Alcanzó a interactuar por Zoom con su madre, quien, sin embargo, falleció en julio, producto de una enfermedad.
¿Exonerada política?
El representante de la exmagistrada, Marcos Contreras Enos, adjuntó al recurso de amparo presentado en nombre de ella ante la Corte de Apelaciones de Santiago una copia de la solicitud que formuló –en una fecha que no se indica– al Programa de Reconocimiento al Exonerado Político.
Allí, de puño y letra, Gutiérrez se autocalifica como “exiliada” y asegura que la fecha en que quedó en tal condición fue 1982 (cuando existe evidencia en orden a que salió en un vuelo regular por Pudahuel, en 1983). Como causal de su supuesto exilio marcó la casilla “Miembro de partidos políticos proscritos o en receso” y de su puño y letra escribió que en los años 80 fue “injustamente injuriada” y perseguida por “la policía secreta”. Asimismo, dijo haber sido torturada y que “viendo en peligro mi vida y la de mis pequeños hijos viajé a Israel, sin dinero y sin bienes”.
En el recurso, su abogado asevera que ella “reside en el Estado de Israel desde el año 1983, año en el que tomó la difícil decisión de dejar Chile producto de las presiones que sufría desde los aparatos represivos de la dictadura cívico-militar que detentó el control jurídico y fáctico de nuestro país entre los años 1973 y 1990”.
A juicio del profesional, existieron varios problemas formales en la tramitación de la causa en contra de su defendida, incluyendo el que no hubiera existido una defensa letrada de ella cuando la causa se alegó en la Segunda Sala de la Corte Suprema.
Además, Contreras criticó el hecho de que, pese a que dicho tribunal no calificó los hechos como delitos de lesa humanidad, sí determinó que no están prescritos y son perseguibles, dado que se trata de graves vulneraciones a los derechos humanos, aseverando que la causa inicial –la que comenzó debido a la denuncia de 1983– estaba prescrita, a juicio de la Corte de Apelaciones de Rancagua, por lo cual, a su juicio, en este caso existe “cosa juzgada”.
No obstante, la Sala tramitadora de la Corte estimó que el recurso era inadmisible, por lo cual lo rechazó de plano. Ante ello, el abogado Contreras recurrió ante la Corte Suprema, estando pendiente la resolución del máximo tribunal del país al respecto.
La versión del querellante
El abogado Ciro Colombara, que representa a la familia de una de las víctimas de San Fernando, se hizo parte del recurso de apelación, pidiendo que este sea rechazado, pues señala que Gutiérrez “fungió como líder de la organización criminal que tenía su centro de operaciones en la comuna de San Fernando, Región de O’Higgins, y estaba integrada por jueces, abogados, funcionarios públicos, sacerdotes, operadores de instituciones de salud y particulares de confianza de la Sra. Gutiérrez Pavez. Su modalidad se fundaba en la captación de madres jóvenes, solteras y en condiciones de vulnerabilidad extrema, a quienes se les inducía –mediante engaño, presión o falsas promesas– a entregar a sus hijos para internación temporal, lo que luego derivaba, sin su consentimiento, en la entrega ilegal de los menores en adopción”.
En ese sentido, recuerda el caso que afectó a Ruth Reyes, indicando que a sus 16 años era analfabeta e indigente, cuando “fue contactada por una mujer con discapacidad en una pierna, a quien identifica como la entonces jueza del Juzgado de Menores de San Fernando, Sra. Gutiérrez Pavez”, la cual –explica el escrito– ofreció acoger temporalmente al hijo menor de la adolescente. Sin embargo, lo dio en adopción a una pareja estadounidense, sin el consentimiento de la madre.
El abogado también recordó en su escrito que la red de robo de niños vendía a los menores en 50 mil dólares de la época y asevera que la jueza, su pareja (Alberto Bronfman) y sus hijos huyeron de Chile “poco después de que los hechos comenzaran a ser investigados a raíz de la denuncia efectuada por el entonces secretario del tribunal, Sr. Diego Téllez, quien los denunció el año 1983”.
Consultado respecto del amparo y de la versión de Gutiérrez en orden a ser una perseguida por la dictadura, el abogado Colombara dijo que “la Corte Suprema resolvió de manera unánime pedir a Israel la extradición de la exjueza Ivonne Gutiérrez y no existen antecedentes que justifiquen acoger la nulidad que pide su defensa”.
Y agregó: “En este momento, estamos conversando con estudios de abogados en Israel, donde debemos lograr que se le extradite a Chile. Un elemento relevante son sus alegaciones de haber abandonado Chile como perseguida política de la dictadura, porque lo cierto es que huyó para eludir la acción de la Justicia”.
El Mostrador también solicitó al abogado Marcos Contreras la posibilidad de referirse al tema, pero hasta el cierre de esta edición dicha solicitud no había sido respondida.
