¿Dónde está Lucía? Las fallidas notificaciones judiciales a hija mayor de la familia Pinochet

Han pasado tres años, siete intentos de notificación, un exhorto internacional y todavía Lucía Pinochet Hiriart no aparece en ningún lado. La hija mayor de Augusto Pinochet ha sido buscada intensamente desde que la enfermera que cuidó a su madre Lucía Hiriart Rodríguez, Silvia Jara Oliver, presentara una denuncia por tutela laboral por “malos tratos y humillaciones”, en contra de todos los hijos del fallecido matrimonio, en su calidad de herederos del clan familiar.

Hasta ahora, Lucía es la única inubicable de todos los hermanos Pinochet Hiriart, en un proceso que hoy se encuentra en audiencia de juicio y que ha tenido que resolverse más tarde de lo habitual –por lo general, no demora más de un año– y en ausencia de quien ha sido buscada por cielo, mar y tierra, tanto en Chile como en el extranjero.

El expediente, al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de El Mostrador, tiene más de 400 páginas acumuladas y detalla las diligencias tendientes a encontrar a la mujer en al menos seis domicilios, repartidos en las comunas de Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura. En ninguna de ellas, por cierto, pudieron ubicarla.

Ante las dudas respecto a su real paradero, el tribunal ofició al Departamento de Migraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, que emitió un certificado dando cuenta de que salió de Chile el 22 de enero de 2022, con destino a Estados Unidos, sin volver a ingresar al país.

Un año después, el Registro Civil confirmó que Pinochet Hiriart había registrado un domicilio en la ciudad de Miami, Florida, en un barrio cercano al aeropuerto ejecutivo de la ciudad. El descubrimiento derivó en un exhorto internacional, dirigido al Departamento de Justicia de Estados Unidos, enviado el 15 de mayo de 2023.

La respuesta, sin embargo, tardó un año en llegar. El 15 de marzo de 2024, el exhorto internacional confirmó que la primogénita de Augusto Pinochet estaba “imposible de localizar”. “El paradero de esta se ignora y se encuentra, consiguientemente, inubicable”, se lee en el documento.

Pese a la respuesta y ante el inminente inicio de la audiencia de juicio, el 25 de abril de este año la defensa de la enfermera solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile y al Departamento de Migraciones de Aeropuerto un informe de los movimientos migratorios de la exconcejal de Vitacura, desde el año 2022 a la fecha, buscando complementar la solicitud realizada anteriormente.

El certificado de vuelos, entregado el 1 de agosto pasado, arrojó viajes a Colombia, Perú y Estados Unidos, con ingresos regulares todos los años a Chile, periodos en los cuales Lucía Pinochet se ha mantenido en el país durante uno o dos meses. Lo más curioso es que la última vez que ingresó fue el 12 de julio de este año y, según el registro migratorio, todavía se encontraría al interior del país.

No obstante los recursos gastados y una larga búsqueda sin resultados, el juzgado determinó finalmente la designación de un “defensor de ausentes”, usualmente un abogado público que asume la representación judicial de personas que no han podido ser ubicadas o que han sido notificadas y no han comparecido en la causa.

Silvia Jara Oliver, la enfermera que acusa graves vulneraciones a su “integridad física y síquica”, ha tenido una espera inusual que pronto llegará a su fin, en un juicio donde exige casi 60 millones de pesos adeudados, 20 de ellos pertenecientes a deudas previsionales impagas.

Pañales reciclados

El litigio partió tras la muerte de Lucía Hiriart, el 16 de diciembre de 2021, cuando Marco Antonio Pinochet, responsable de coordinar los cuidados de su madre, exigió a Silvia Jara –antes de pagar su finiquito– firmar un acuerdo de confidencialidad. El “pacto de silencio” incluía una cláusula de 2.000 UF ($65.5 millones) que la enfermera no aceptó. “Nos entenderemos con abogados”, le dijo entonces Pinochet.

La amenaza tuvo, en el fondo, un efecto contrario. El 3 de mayo de 2022, Jara presentó una denuncia laboral por malos tratos, vulneración de derechos y deudas impagas, mientras cuidaba a la fundadora de Cema Chile durante sus últimos años de vida, acusando a Marco Antonio Pinochet de ofrecerle condiciones laborales abusivas y extendiendo las responsabilidad contractual a los otros hijos de la familia.

La enfermera describe en el documento judicial jornadas de 48 y 72 horas, con tareas que incluían higiene, alimentación y administración de medicamentos, bajo constantes recriminaciones del hijo de Lucía Hiriart por el uso excesivo de pañales y guantes quirúrgicos. “Resulta humillante y paupérrimo pedir a sus cuidadoras lavarlos para ahorrar dinero”, explicó Jara en la demanda laboral.

En otra oportunidad, la enfermera cuenta que el hijo de Pinochet la habría increpado por la desaparición de un anillo de diamantes perteneciente a su madre, comentándole ella misma que la señora Lucía se lo había heredado en vida a Jacqueline, quien habría corroborado la historia tras una llamada telefónica realizada por su hermano.

La desconfianza en el entorno de trabajo era habitual, al punto de que en otra ocasión Marco Antonio Pinochet acusó a Silvia de un eventual robo, luego que otra cuidadora encontrara un sobre con dinero escondido. Al indicarle que eran ahorros que Lucía Hiriart guardaba a escondidas para la boda de su nieta Sofía, él estalló en cólera diciendo que “no era posible que le ocultasen ninguna información, menos de ese tipo”, señala el libelo.

La demanda también denuncia turnos extenuantes, especialmente durante la pandemia, con trabajos ejecutados durante semanas completas sin que Silvia pudiera visitar a su familia, y enfrentando la negativa de Pinochet de usar el auto familiar para trasladarse a casa, argumentando que “se iba a gastar o se podía echar a perder”.

Silvia Jara solicita $59.3 millones por pagos adeudados, pero fuentes cercanas al caso aseguran que es probable que las partes lleguen a un acuerdo por una cifra inferior, todo en medio de un contexto de enfrentamiento judicial por la herencia de la familia, luego que Jacqueline Pinochet se querellara en contra de Marco Antonio, acusándolo de apropiarse del patrimonio dejado por su padre tras su muerte en diciembre de 2006.