Las pesadas evidencias informáticas que ahogan al sistema penal chileno

Un notebook gamer, un “fierro” de gran potencia, diseñado para correr gráficos de altísima resolución, fue lo que el Defensor Regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, decidió comprar –con su dinero– algún tiempo atrás, cuando le llegó la evidencia del caso relativo a la muerte del niño Tomás Bravo, en la comuna de Arauco, en el cual el tío abuelo del niño, Jorge Escobar, estaba imputado de homicidio calificado. 

La razón de dicha compra obedeció a que ninguno de los computadores de oficina que hay en la Defensoría Penal Pública (DPP) de Concepción era capaz de hacer funcionar en forma correcta algunos de los pesadísimos archivos que formaban parte de la enorme cantidad de evidencia que había en el caso.

Utilizando ese equipo fue que Pizarro pudo identificar –en medio de las imágenes captadas por la Fuerza Aérea en los días posteriores a la desaparición del niño– la imagen de un sujeto que nadie había notado antes, cerca del sitio del suceso, un tercero que nunca fue investigado y que fue uno de los factores que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete tuvo en consideración para absolver, en agosto pasado, al imputado.

Más allá de lo anecdótico, la situación da cuenta de algo por lo que pasan muchos defensores, abogados particulares, fiscales y jueces hoy por hoy: que se enfrentan a cantidades abrumadoras de información en las investigaciones en las cuales intervienen desde sus respectivas funciones.

4.5 millones de archivos

Siempre en Cañete, actualmente se encuentra atrasada la audiencia de preparación de juicio oral (APJO) en contra de los hermanos Tomás, Yeferson y Felipe Antihuén Santi, acusados –entre otros delitos– de haber asesinado a tres suboficiales de Carabineros en Cañete, el 27 de abril de 2024. La Fiscalía Regional de La Araucanía emitió en junio pasado la acusación respectiva, pidiendo presidio perpetuo calificado para los tres y también para un cuarto imputado, Nicolás Rivas Paillán. 

El 18 de julio pasado debería haberse realizado la APJO, pero las defensoras penales públicas que representan a los Antihuén, Katherine Valdés y Nelly Díaz, solicitaron que esta se reagendara, dado que habían asumido hacía poco la causa y necesitaban revisar “los 1284 documentos y otros medios de prueba ofrecidos en la acusación”, donde además se individualiza a 128 testigos y 80 peritos.

El 13 de agosto la Fiscalía entregó a las defensoras un disco duro que tenía 3.43 terabytes de información, con un total de 4 millones 496 mil 516 archivos, repartidos en 98 mil 141 carpetas, donde estaban los archivos faltantes.

Ante dicho volumen de antecedentes, y alegando una infracción al debido proceso, el 26 de agosto las abogadas de los Antihuén pidieron por escrito una nueva prórroga, con el fin de “realizar una revisión detallada de cada uno de los medios de prueba”. El asunto escaló hasta la Corte Suprema y, a su vez, el Juzgado de Garantía reprogramó la audiencia para el próximo 20 de octubre, por lo cual las abogadas deberían revisar los 4.5 millones de archivos (así como los que hay en otros discos duros) antes de esa fecha.

Los volúmenes 

Este caso evidencia algo que tanto fiscales como defensores y jueces reconocen en off: que el sistema de persecusión penal está más que sobreexigido, no solo porque a mediados de los años 90 se calculó que las fiscalías tendrían un poco más de 500 mil causas anuales (en 2024 las denuncias fueron más de 1 millón y medio), sino porque además se creó para un país en el cual no existía crimen organizado transnacional, donde las causas de corrupción eran muy incipientes y donde no había smartphones y/o aparatos electrónicos con miles o cientos de miles de evidencias en su interior, incluyendo fotos, videos, audios, chats y archivos escondidos o eliminados, a lo cual hay que sumar metadatos, planillas electrónicas interminables (provenientes de cuentas bancarias), antecedentes de ubicaciones de antenas telefónicas y de GPS, imágenes de cámaras de seguridad y material de redes sociales, así como cantidades gigantescas de escuchas telefónicas, que por lo general se cuentan por miles en las indagatorias de crimen organizado. A ello, por cierto, se suman las evidencias más clásicas, como la balística, genética, documental, etc.

En ese contexto, cabe recordar que solo la extracción de conversaciones del celular de Luis Hermosilla completa 777 mil páginas y que en el caso ProCultura, que se investiga en Antofagasta, solo a nivel de documentación, hay cerca de 80 mil fojas, a lo que se suma toda la evidencia informática. Todo ello implica la necesidad de analistas que revisen la evidencia y decidan qué es importante y qué no, y la gran cantidad de evidencias incide además en la extensión de las audiencias y juicios que cada vez toman no solo mayor tiempo en realizarse, sino también en cuanto a sus resultados.

Un ejemplo es lo que sucedió en Arica con el juicio en contra de Los Gallegos, que se extendió por ocho meses y que, luego de ello, requirió de parte de los jueces casi cinco meses más de trabajo, pues se trata de un fallo de 4.219 páginas en formato Word. Para tener una idea de su extensión, si eso se convirtiera en un libro de tamaño promedio (es decir, de 21 x 15 cm, aproximadamente), saldría un libro de entre 7 mil a 8 mil páginas, dependiendo del tamaño de la letra y el interlineado, entre otros factores.

Un fiscal de extensa trayectoria señala en off que en Santiago los tribunales de garantía que atienden las zonas céntricas y la zona sur, especialmente, están colapsados con las causas de crimen organizado, dado que muchas de estas se extienden por varias jornadas, por la complejidad de los delitos, la cantidad de imputados, el volumen de la evidencia y también por el hecho de que la mayoría de las organizaciones criminales transnacionales cuentan con abogados particulares que, “a diferencia de los colegas de la defensoría, no se limitan a defensa técnica, sino que incidentan todo lo que pueden, incluso cosas que no tienen ninguna razón de ser, para que sus clientes crean que los están defendiendo bien y, aunque eso es al fin y al cabo una ilusión, ralentizan las audiencias”.

El lago de datos

A ello se suman otras tinterilladas, como renunciar a la defensa un par de días antes de un juicio, para conseguir que este se dilate, y asumir nuevamente el patrocinio de el o los clientes un par de días antes de que empiece el nuevo proceso, todo lo cual también atrasa los procesos, como sucedió –por ejemplo– en los juicios en contra de Los Gallegos, en Arica, o en contra de la célula del Tren de Aragua, en Iquique.

Desde el ámbito de la Fiscalía no pocos apuestan a que la carga en general va a reducirse un poco con la entrada en funciones de la nueva Fiscalía Supraterritorial o con herramientas como “Detective Heredia”, un sistema adaptado de ChatGPT que permite procesar altos volúmenes de información, simplificando las búsquedas pero que, sin embargo, aún no está a disposición de todas las fiscalías del país.

El ex Fiscal Regional de O’Higgins Emiliano Arias señala que, a su juicio, efectivamente, la IA debería ser el camino a seguir, aunque siempre bajo la supervisión humana. “A la antigua ya no se puede”, asevera, y relata que cuando estaba aún en el Ministerio Público junto a su equipo creó un sistema piloto de análisis criminal basado en inteligencia artificial (IA), cuyo objetivo era procesar datos de casos de extorsión y estafas telefónicas a nivel nacional, el que –indica– expuso a sus colegas en al menos tres oportunidades, haciendo hincapié en que se trata de herramientas que permiten ahorrar mucho tiempo, pero que no pueden prescindir del factor humano, tanto para la revisión de los sesgos de información que genera la IA como en lo relativo a las “alucinaciones” que estos sistemas producen.

Sin perjuicio de aquello, señala que, por ejemplo, “en el caso de las estafas por medio de aplicaciones se pueden tomar 100 de estas apps y, como toda la información de comisión de delitos la tiene el Ministerio Público, lo primero que hace un sistema de este tipo es buscar todas las denuncias en el país, por medio de palabras clave, y eso arrojará un resultado. Por medio de los sistemas de reconocimiento de caracteres (OCR) se procesa la información ya filtrada, permitiendo leer incluso caracteres que están borrosos. Hoy incluso se puede transcribir, que es una herramienta que antes no existía”, detalla.

En efecto, según precisa, él utiliza una app que transcribe los audios de las audiencias y que además las analiza y resume. 

En ese sentido, indica que hay muchas herramientas que se pueden utilizar, lo que se suma a otras estrategias, como la “reescucha”, que es básicamente volver a revisar audios a la luz de nueva información. Según explica, si hoy se volvieran a revisar las escuchas telefónicas realizadas en el norte desde 2018 hacia adelante, aparecerían muchos antecedentes de utilidad en lo relativo a la instalación del Tren de Aragua en Chile, por ejemplo.

A ello agrega otra estrategia fundamental: la creación de un “lago de datos”, es decir, una suerte de fondo común de información, con personal especializado que esté analizando en forma permanente la información.

Lo más complejo

Sin embargo, para que el “lago de datos” funcione necesita contar con la voluntad de todos los actores del sistema, algo que su propia experiencia indica que es muy complejo, muy semejante a lo que ha pasado históricamente a nivel policial (y que ha comenzado a cambiar desde la irrupción del Ministerio de Seguridad Pública): “Lo que sucede, por ejemplo, es que los colegas no entregan las carpetas, el fiscal de tal parte no quiere compartir su información con el del otro lado, etc.”.

De momento, como señala un abogado defensor, salvo iniciativas como la de “Heredia” u otras, las instituciones del ámbito penal en general no cuentan con grandes recursos destinados a procesar altos volúmenes de información, por lo que el profesional dice que él y muchos de sus colegas más bien recurren a la “inteligencia artesanal”, a fin de hacer frente a un escenario penal cada día más complejo y exigente.