El enigmático caso de Julia Chuñil, a casi un año de su desaparición

A punto de cumplirse un año desde que su rastro se perdió por completo, se sigue acrecentando el misterio en torno al paradero de la dirigente mapuche Julia Chuñil Catricura y de su perro “Cholito”, de quienes se dejó de saber el 8 de noviembre del año pasado cuando la mujer, de 72 años y presidenta de la comunidad Mapuche Putreguel (comuna de Los Lagos) fue vista por última vez en el sector Huichaco, desde donde salió hacia la Reserva Cora Uno-A, un campo que lleva años en disputa con la empresa agrícola de Lonquimay Juan Carlos Morstadt Anwandter.

Cerca del sitio donde se la vio por última vez, cuando salía a alimentar a sus animales, fueron encontradas huellas de neumáticos, un primer indicio que a juicio de la familia indica una desaparición forzada.

La familia interpuso una denuncia por presunta desgracia el 11 de noviembre, en la Quinta Comisaría de Carabineros de Panguipulli, y al cumplirse un mes de su desaparición la ONG Escazú Ahora se querelló en contra de todos quienes resulten responsables de delitos como secuestro, femicidio y homicidio, algo que a juicio del equipo legal que representa a la familia queda refrendado en un documento de la fiscalía regional de Los Ríos al cual accedieron días atrás y que dieron a conocer públicamente el martes en Santiago.

Según explicó a la prensa la abogada Karina Riquelme, en dicho documento se cita una interceptación telefónica en la cual se escucha a Morstadt decirle a su padre que a la mujer “la quemaron”, pese a lo cual, la abogada dijo -citada por La Tercera– que “respecto de dicha información no se ha hecho absolutamente nada. Ciertamente que este antecedente es muy delicado y existiendo otros antecedentes igual de delicados, no se han hecho públicos por respeto que tanto la familia, como la investigación se merecen”.

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, este se tramita en reserva por parte de la fiscalía y del Juzgado de Garantía de Los lagos, pese a lo cual una petición de renovación de escuchas telefónicas solicitada por el Ministerio Público quedó “abierta” en la página web del Poder Judicial.

Como elemento fundante de dicha solicitud se citaba la existencia de dicho audio y también se apuntaba a que las escuchas telefónicas previas evidenciaban que el empresario, domiciliado en Lonquimay, tenía un amplio conocimiento de lo que sucedió el día que desapareció la dirigenta.

De hecho, según antecedentes recopilados por El Mostrador, el 8 de noviembre la familia de Julio Chuñil vio una camioneta desconocida al interior de la Reserva Cora Uno-A, por lo cual se comunicó con Mordstadt, quien les habría confirmado que su padre había andado allá junto a un corredor de propiedades y miembros de otra comunidad indígena que habrían estado interesados en adquirir la tierra, por intermedio de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

Sebastián Benfeld, presidente de Escazú Ahora, señala que lo relativo al audio son antecedentes “tremendamente graves y refuerzan la urgencia de esclarecer este caso con la máxima celeridad posible“. El dirigente agregó que “Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para defender el medio ambiente y Chile no es la excepción. Según nuestro último informe, solo entre 2023 y 2024 se registraron más de 80 agresiones contra defensores ambientales en nuestro país. Esto debe detenerse“.

Por lo mismo, afirmó que es urgente avanzar en medidas de protección efectivas a quienes cuidan el medioambiente, y que en ese contexto, “el próximo martes la Sala de la Cámara de Diputados votará un proyecto de ley inédito en esta materia y esperamos contar con una mayoría transversal en favor del medio ambiente y la protección de las personas que velan por su cuidado”.

Julio Chuñil (imagen: Escazú Ahora)

El problema de las tierras

En 2011 la comunidad indígena Blanco Lepín, formada por 129 familias domiciliadas en la comuna de Lautaro (es decir, a unos 200 kilómetros al norte) compró a Agrícola y Ganadera Juan Carlos Morstadt Andwandter EIRL el predio Reserva Cora Uno-A, vecino a la comunidad Putreguel, por un valor de mil 114 millones de pesos, que había adquirido gracias a un crédito del banco Scotiabank, mientras que el dinero con el cual se compró a Morstadt provenía del fondo de tierras y aguas de la Conadi.

Sin embargo, a los pocos días los miembros de la comunidad se dieron cuenta de que el predio no contaba con agua ni electricidad, ni tampoco buena conexión y, además, poseía una topografía muy escarpada. Además, de acuerdo con una demanda presentada por la comunidad en 2013, el vendedor no cumplió con una parte del contrato, que era terminar un cierre perimetral del campo, ante lo cual pidieron rescindir la venta. El Juzgado de Letras de Los Lagos concordó con ello y ordenó rescindir el contrato y devolver los dineros a Conadi y las tierras a la empresa de Morstadt.

De acuerdo con un informe de Escazú ahora, finalmente los ocupantes iniciales del predio Uno-A lo dejaron abandonado, por lo cual quedó sin moradores, frente a lo cual,  “Julia Chuñil decide resguardar dichas tierras ancestrales, instalándose en el predio. Del total de la extensión del predio, Julia ocupa una fracción mínima, construyendo su hogar y dejando una pequeña parte para pastoreo y crianza de ganado a pequeña escala”. En efecto, Chuñil comenzó a quedarse periódicamente en una vivienda conocida como “La casa de la toma”, ubicada a unos tres kilómetros de su domicilio original.

Según el mismo reporte, Julio Chuñil pidió a la Conadi que el terreno fuese adjudicado a su comunidad, por ser la más cercana, por lo cual se constituyó en el sitio el director de la Conadi de Valdivia, Cristian Cayul, para explicarle los pasos a seguir, al tiempo que la empresa propietaria del terreno comenzó a talar el bosque nativo (al tiempo que seguía intentando vender el sitio), encontrando una férrea oposición de la mujer.

“Debido a esta labor, Julia Chuñil Catricura sufrió diversas amenazas previas a su desaparición. Dentro de las distintas vulneraciones que sufrió, destaca el corte de un puente por el que ella transitaba frecuentemente, esto en más de una ocasión, realizado por vecinos del predio colindante, a cambio de una suma de dinero pagado por terceras personas. Igualmente, Julia señaló antes de su desaparición que le habrían ofrecido montos de dinero directamente, para que abandonara el terreno. El hostigamiento se basaba en que ya había logrado sobornar a los demás vecinos, y la única pendiente era Julia. Además, habría sufrido un intento de atropello por parte de un conocido empresario del sector, mientras transitaba por el camino que dirigía hacia el predio”, agrega el informe.

La hipótesis inicial de la fiscalía

Las fuentes consultadas por El Mostrador en torno a la investigación indican que esta está abierta y que “todas las hipótesis están sobre la mesa”. Una de ellas, como lo refleja la petición de medidas intrusivas, apunta a Morstadt -quien en todo momento ha negado a los investigadores tener relación con el hecho- y otra de las  hipótesis iniciales decía relación con miembros de la familia de Julia Chuñil, cuyos hijos interpusieron recursos de amparo e incluso se querellaron en contra de la fiscal regional Tatiana Esquivel (a cargo de la investigación), acusándola a ella y al suboficial de Carabineros José Arriagada Solar, de dotación del Laboratorio de Criminalística de Ñuble, de apremios ilegítimos, por hechos ocurridos el 30 de enero pasado, cuando la fiscalía realizó un allanamiento en la casa de Jeannette Troncoso Chuñil, en Huichaco sur, en función de una autorización judicial.

Para justificar dicha petición al juzgado, la fiscalía indicó que “se hace presente que Labocar, el día 19 de diciembre, levantó desde la casa de Julia Chuñil un pantalón con sangre, el cual tendría ADN de Julia Chuñil, lo que se suma a la evidencia de ADN por levantamiento de rastros sanguíneos, encontrados en la casa de la toma”, según se lee en la apelación del recurso de amparo, que fue rechazado por las Cortes de Valdivia y Suprema.

Sin embargo, según indica la abogada Riquelme en el mismo libelo, la fundamentación esgrimida por el Ministerio Público en dicha solicitud “es falsa”, lo que se confirmaría en función de “los informes periciales del sitio del suceso y genéticos que derivaron de dicha diligencia, realizada el 19 de diciembre”. Un reportaje de Interferencia explica que, de hecho, “los informes periciales del sitio del suceso y los análisis genéticos realizados tras la diligencia del 19 de diciembre no respaldan la existencia de sangre ni la presencia de ADN de Julia Chuñil en la prenda incautada”.

Sin embargo, durante la jornada del 30 de enero Jeannette Troncoso Chuñil fue interrogada a bordo de un furgón blanco, por parte de un funcionario policial (Arriagada) y en presencia de la fiscal. De acuerdo con la querella que Troncoso presentó en contra de la persecutora, el uniformado la conminó a decir la verdad, aseverando que “su mamá nunca salió de acá” y que “su marido fue”, agregando que estaban al tanto de varias denuncias por violencia intrafamiliar que existían en contra de su cónyuge.

Según el relato de Troncoso, el policía le exigió que confesara, pues aseveraba que había “testigos que dicen que su mamá nunca salió de acá”, al tiempo que “sacaba el arma, ponía su mano sobre la funda del arma, y ahí empecé así a tiritar”.

En ese momento, según su relato, intervino la fiscal Esquivel, pidiéndole que confiara en ella, pero como no le dijo nada, ordenaron que la llevaran hasta la tenencia de Mafil, donde la tuvieron retenida a bordo de un furgón por varias horas: “todo ese tiempo estuve incomunicada, no le dieron a conocer mi paradero a mi abogada Carmen Caifil, que preguntó por ella en Mafil, ni nadie dio explicaciones de lo que estaba sucediendo”, relata la querella, que fue admitida a trámite el 22 de septiembre recién pasado, ordenando el Juzgado de Garantía de Los Lagos que los antecedentes sean enviados al fiscal de Osorno Matías Montero Harboe, quien debe investigar los delitos denunciados.

Además, en este caso existe una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del 14 de julio de este año, la cual pide al Estado chileno que “redoble los esfuerzos para determinar la situación y paradero de Julia Chuñil Catricura e informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición”.

Pese a ello, hasta ayer la fiscalía mantenía su decisión de no referirse públicamente a los hechos.

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