Publicidad
Diagnóstico reservado: el acoso y violencia que se viven en el mundo de la salud Investigación

Diagnóstico reservado: el acoso y violencia que se viven en el mundo de la salud

Publicidad
Sofía Meier Améstica
Por : Sofía Meier Améstica Unidad de investigación El Mostrador.
Ver Más

Ambientes laborales hostiles, turnos extenuantes y una inquebrantable verticalidad son algunos de los elementos que transforman en víctimas a miles de trabajadores del área de la salud, con problemas que van desde el acoso laboral hasta las torturas, como sucedió en Osorno.


En septiembre del presente año, las imágenes que mostraban cómo un joven ingeniero era torturado por sus “colegas” del Hospital Base San José de Osorno, entre 2018 y 2020, generaron una oleada de repudio, evidenciando una herida abierta en el sistema de salud, un área en la cual se espera que imperen el cuidado y empatía, pero en donde el maltrato entre colegas sigue siendo una práctica silenciada y persistente. Son varios los casos que así lo demuestran, incluyendo la muerte de la Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS) Karin Salgado, quien se quitó la vida tras una serie de hostigamientos que sufrió en el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, lo que llevó a la dictación de la llamada “Ley Karin”.

A ella se suman otros casos, como los de las muertes de las enfermeras Florencia Elgueta y Vanessa Araya, en Viña del Mar. También, el caso de la enfermera Pola Álvarez, quien fue objeto de un violento ataque a puñaladas en Las Condes, propinado por el esposo de una colega suya, quien actuó motivada por problemas laborales.

Por cierto, la existencia de ambientes tóxicos es de antigua data en el mundo de la salud. De hecho, una investigación realizada por profesionales de Enfermería de la Universidad de Concepción el año 2004 ya caracterizaba el perfil de las principales víctimas de violencia en el área de la salud, siendo la mayoría enfermeras, matronas y paramédicos.

De acuerdo con un informe elaborado por el Ministerio de Salud, en 2024 se reportaron más de 3 mil denuncias por acoso laboral y violencia en el trabajo en la red de salud pública. Esta cifra supera en un 22,6% al año previo.

Tres historias y un mismo final

Karin Salgado tenía 40 años cuando se suicidó, 14 de los cuales los trabajó en el área de pediatría. Sin embargo, sus problemas en el centro hospitalario se iniciaron luego de un sumario donde fue citada como testigo. En la instancia, a raíz de un hurto de insumos, denunció prácticas irregulares de sus superiores y, pese a que su testimonio debía ser confidencial, llegó hasta oídos de su jefa. Esta la confrontó y amenazó, argumentando que su actuar podría generar que ambas se quedaran sin trabajo.

El sumario concluyó con una sanción disciplinaria de suspensión de empleo por 30 días, con un goce del 70% de sus remuneraciones, además de una constancia en su hoja de vida y un demérito de seis puntos, calificándola con nota uno. Esta medida golpeó duramente la economía personal de Karin Salgado, puesto que su sueldo, debido a su grado, ya era escaso. Radio ADN publicó una carta que ella mandó a Contraloría, en la cual explicaba que no le alcanzaba para vivir y decía que “con esto me mataron”.

En octubre de 2019 ya había manifestado a sus colegas la intención de acabar con su vida, hecho que los llevó a buscar una atención particular, ya que el hospital no realizó la derivación inmediata a la mutual de seguridad.

Un mes después, decidió quitarse la vida, tras no resistir la angustia del acoso laboral. Ni su muerte estuvo exenta de humillaciones, pues –según un reportaje de Bío Bío– mientras su féretro era retirado del hospital, “unos pisos más arriba su jefa celebraba un cumpleaños en medio de risas y aplausos”.

Karin Salgado | Créditos: Coquimbo Noticias.

Algo semejante sucedió con Florencia Elgueta y Vanessa Araya, enfermeras que decidieron terminar con su vida tras el acoso y sobrecarga laboral que experimentaron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínico de Viña del Mar, con tan solo meses de diferencia.

Florencia Elgueta tenía 25 años cuando se suicidó por acoso laboral. Ingresó al Hospital Clínico de Viña del Mar en noviembre de 2018, en búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo. Su madre, Claudia Escobar, explicó a la revista Sábado que “sus colegas le ponían problemas para las entregas de turno o no cumplían con el protocolo y la culpaban. Eran muy densas, le faltaban el respeto”.

Esta situación empeoró tras su traslado a la UCI Covid durante la crisis sanitaria por la pandemia, donde la sobrecarga laboral incluía turnos incluso mayores a 24 horas. Tampoco podía hacer preguntas a sus compañeros, puesto que las respuestas que recibía cuestionaban su capacidad intelectual y el lugar donde estudió. “No quise escribirte ayer para no molestarte. Sobreviví a las 24 horas en la UCI, pero nada más. La Nati me dejó a cargo de sus dos pacientes, me explicó los horarios de la UCI y a cualquiera otra duda su respuesta fue: estúdialo”, decía en un mensaje que le dejó a su jefa directa poco antes de quitarse la vida, en 2020.

Vanessa Araya comenzó a trabajar a fines del 2019 en el servicio de urgencias de la misma clínica y, tiempo después de lo sucedido con Florencia Elgueta, fue trasladada a la UCI Covid, para tomar su puesto. ¿La historia? Muy similar a la de Florencia. El hostigamiento y el acoso laboral que sufrió la llevaron a tomar la misma decisión: terminar con su vida, lo que hizo después de que le confirmaran que no volvería a su unidad original (urgencias).

Florencia Elgueta y Vanessa Araya | Créditos: redes sociales.

Su familia también presentó una demanda civil, en la cual se recuerda que Vanessa fue víctima desde el primer día de malos tratos de parte de sus colegas a través de burlas, insultos, ocultamiento de información referente a los pacientes y aislamiento. A ello suman la indiferencia de su jefatura respecto de lo ocurrido, lo que incluso “la obligó a confrontar a sus agresoras, revictimizándola, sin salvaguardar su salud física, síquica y su propia vida”, señala la acusación.

En la carpeta judicial se incluye un informe elaborado por la Dirección del Trabajo de Valparaíso, que concluyó que “el empleador no adoptó medidas suficientes para afrontar la vulneración de estos derechos, incumpliendo su obligación de protección”. El mismo documento indicó que “durante las entrevistas con la fiscalizadora actuante, varias de las personas, enfermeras y TENS, al menos nueve, se quiebran ante la funcionaria y rompen en llanto”.

Antecedentes recopilados por este medio confirmaron que los involucrados en el caso de Vanessa ya no forman parte del centro asistencial, haciendo, en aquella época, uso de su renuncia voluntaria.

Felipe Olea, abogado de la familia de Vanessa Araya, confirmó que lo vivido por la joven enfermera no se trata de un caso aislado, sino que “en los últimos años han representado a un número considerable de trabajadores o funcionarios de la salud” por situaciones de acoso laboral.

Entonces… ¿cuál es el diagnóstico?

Entre los factores de riesgo más recurrentes, el abogado identifica el déficit de personal, una situación que escaló a niveles críticos durante la pandemia. Fue precisamente ese el escenario que sobrepasó a Vanessa y Florencia, enfrentadas a las exigencias extremas del área en que se desempeñaban.

Además, añadió un importante factor común en varios casos de violencia extrema donde las víctimas han tomado la decisión de terminar con su vida: “La mayoría de ellas habían obtenido su título profesional de enfermeras trabajando como técnicos profesionales de salud”. Y sería este progreso personal el que habría molestado a algunas de sus colegas.

“Es un acto de clasismo que no sé si se advierte en otras instituciones que no sean las jerarquizadas”, cerró Olea.

Valeria Altamirano, secretaria nacional de Igualdad de Oportunidades de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), confirmó que el sector de salud en Chile es “uno de los considerados con mayor vulnerabilidad a situaciones de acoso y maltrato”. Entre las principales razones, la dirigente apunta a “la permanencia de condiciones laborales adversas, incluyendo la sobrecarga, las condiciones de trabajo, la exposición a los sistemas de turno y la alta demanda”.

Por su parte, Heilen Fuentealba, coordinadora de bases del Servicio de Salud Araucanía Norte, de la misma confederación, complementó esta visión estructural y añadió que, en muchas oportunidades, “se solicitan rendimientos o respuestas no acordes a la realidad de los establecimientos”.

La abogada Evelyn Aguilar, creadora de Acción Funcionaria –una red de defensa laboral basada en su propia experiencia como víctima de acoso–, apuntó a que el problema también tiene raíces interpersonales: “Hay amiguismos, ansias de poder, mucho ‘pituto’ de personas que, en definitiva, no quieren trabajar para la institución, sino que lo hacen para tener los sueldos. Además, se ha desarrollado una costumbre arraigada donde los funcionarios trabajan lo justo, porque saben que el sueldo llegará igual”.

“Recibimos cerca de seis solicitudes de asesorías diarias, siendo en promedio dos de ellas por acoso laboral”, comentó. Cabe indicar que en agosto de 2024 ella interpuso una denuncia, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales, en contra del Hospital Dr. Mauricio Heyermann, de Angol.

El conflicto se desencadenó cuando Aguilar asumió la subrogancia de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas. Según los antecedentes de la causa, esta decisión fue resistida por su entonces jefa, quien había propuesto a otro funcionario.

Evelyn Aguilar relata –en la demanda laboral que interpuso– un duro pasar por aquella área del hospital, donde dice que fue víctima de aislamiento y exclusión de parte de su jefatura. De improviso y sin mayor detalle, fue trasladada al Departamento Jurídico en abril de 2024, en función de una supuesta reestructuración.

Sin embargo, el hostigamiento no cesó y, tras una serie de episodios, finalmente renunció en noviembre. La Unidad de Investigación de El Mostrador se contactó con el establecimiento para conocer su versión de los hechos. Frente a las acusaciones de acoso y hostigamiento laboral, señalaron que “tramitan este tipo de situaciones conforme a los protocolos internos vigentes, instruidos por su autoridad superior jerárquica, en el marco de las atribuciones que establece la normativa aplicable”.

El 13 de octubre pasado, el Juzgado de Letras de Angol concluyó que Evelyn fue maltratada por su jefatura, condenando al Hospital Dr. Mauricio Heyermann a pagar la suma de 15 millones de pesos a la denunciante por concepto de daño moral. Igualmente, dio al centro hospitalario un plazo de 30 días contados para emitir y entregar una carta de disculpas a la abogada, donde además “se reconozca la importancia del respeto a los derechos fundamentales y el compromiso en la adopción de medidas para que ello no vuelva a repetirse”.

El profesional que no encajó en la nueva receta de la jefatura

En el Hospital de Lonquimay, un profesional –que para efectos de este reportaje pidió reserva de su identidad–, denunció haber sido víctima de acoso laboral y hostigamiento tras un cambio de jefatura a fines de 2023, aseverando que atravesaba un periodo complejo para su salud mental: asistía a terapia y sufría crisis de pánico. Alega que, a raíz de ello, su nueva jefatura comenzó a perseguirlo.

La situación se agravó cuando, tras regresar de vacaciones, fue responsabilizado por la falta de medicamentos en medio del aumento del virus sincicial en el invierno de 2023: “Yo contemplé medicamentos para la temporada, pero no podía prever que habría un peak de virus sincicial. No había forma de anticipar eso”, detalla, agregando que el hostigamiento se intensificó con la negación sistemática de sus días de descanso. Intentó programar sus vacaciones, pero le fue solicitado reagendar la fecha hasta en tres ocasiones, incluso días antes de su inicio, debido a una supuesta “excesiva cantidad de pendientes”.

Más tarde, con el traslado del hospital a una nueva ubicación, fue removido de su área regular y enviado a trabajar a la bodega de medicamentos. Poco después, fue acusado de tener una “mala relación” con la colega nueva que utilizaba su antiguo puesto.

Además, enfrentó dos sumarios administrativos, uno de los cuales terminó en su destitución. Sin embargo, la Contraloría determinó que la sanción fue desproporcionada, ya que el fiscal había sugerido solo la suspensión de sueldo por tres meses. El funcionario apuntó a que la persecución podría tener relación con su buena relación con el antiguo jefe.

Frente a los hechos, El Mostrador se contactó con el Hospital de Lonquimay para conocer su versión de los hechos, pero hasta el cierre de esta nota no había respuesta al respecto.

Publicidad