Investigación
Fotografía: Poder Judicial
Archivos del terror: investigan más de 1.400 causas por robo de niños en Chile
Indagatorias dirigidas por ministro en visita de la Corte de Santiago se concentran numéricamente en Santiago, Concepción y Temuco, donde el juez ya ha interrogado a personal de los antiguos juzgados de menores, implicados en tráfico de niños hacia el extranjero, delito que comenzó en los años 60.
Un total de 1.444 causas se encuentra investigando el equipo que dirige el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Aguilar, relativas a adopciones ilegales efectuadas en Chile a partir de la década del 60, en su mayoría vinculadas a los antiguos juzgados de menores.
En total, se estima que cerca de 25 mil niños fueron traficados hacia el extranjero, especialmente durante la dictadura. Las indagaciones al respecto se iniciaron en 2018, a cargo del entonces ministro del tribunal de alzada capitalino Mario Carroza.
Hoy en día, la mayor parte de las indagatorias dicen relación con adopciones ilegales registradas en las regiones Metropolitana (281), Biobío (133) y La Araucanía (107).
La investigación se encuentra, además, dividida en tres cuadernos, asociados cada uno de ellos a la ley de adopción vigente en la época de los hechos denunciados.
De ese modo, el Cuaderno 1 contiene indagatorias desde 1965 al 09 de mayo de 1988 y se trata del más cuantioso, pues son 1.228 las causas (varias de las cuales involucran a más de un menor).
El segundo, va desde el 10 de mayo de 1988 al 04 de agosto de 1999; y el último, desde el 5 de agosto de 1999 hasta el inicio de la Reforma Procesal Penal, según la región en que se habrían cometido (2005, en el caso de Santiago).
Cabe indicar que en el marco de las indagaciones, el ministro en visita ya realizó los primeros sometimientos a proceso, en contra de la exjueza de menores de San Fernando Ivonne Gutiérrez y otras cuatro personas que estaban implicadas en la red de tráfico de niños que ella manejaba junto a su esposo (ya fallecido).
El caso de San Fernando
Como informó El Mostrador, la exjueza huyó de Chile en 1983, después que el secretario del tribunal la denunciara a la Corte de Apelaciones de Rancagua, estableciéndose en Israel, donde vive hasta hoy. Tras la dictación del auto de procesamiento, Aguilar pidió la extradición de la exmagistrada, de 86 años en la actualidad, ante lo cual su defensa argumentó que ella había escapado del país en razón de una presunta persecución en su contra ejercida por la policía secreta de Pinochet.
Sin embargo, la Corte Suprema declaró procedente la solicitud de extradición, argumentando que dados “los antecedentes reunidos en el proceso, es posible concluir que estamos en presencia de hechos que constituyen múltiples y graves violaciones de derechos humanos, en especial de los derechos del niño a la integridad familiar y a la identidad”, las que se produjeron en un contexto de dictadura, afectando especialmente los derechos de niños que fueron vendidos a familias residentes en otros países, motivo por el cual el máximo tribunal estimó que se trata de delitos imprescriptibles.
En el caso de Gutiérrez, está acusada de asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa. Cabe indicar que Bronfman poseía un estudio jurídico ubicado en el centro de Santiago, en la calle San Antonio, en el cual incluso había una guardería, donde los bebés robados a madres campesinas de San Fernando, Santa Cruz y otras zonas, eran exhibidos a parejas extranjeras que era atendidas por una traductora profesional.
En tres días, los padres adoptivos, en su mayoría estadounidenses o italianos, completaban los trámites, incluyendo la inscripción respectiva ante la oficina del Registro Civil ubicada en calle Teatinos, frente a La Moneda, por un precio promedio de 50 mil dólares de la época (162 mil dólares en la actualidad; es decir, 150 millones de pesos).
De hecho, solo en el Juzgado de Menores de San Fernando, en la época de Gutiérrez, se estima que fueron cerca de 50 los niños vendidos, aunque la cifra puede ser mucho mayor, dada la relación de la mujer con el cura italiano Alceste Piergiovanni (ya fallecido), quien se piensa que traficó más de 1.200 niños chilenos hacia Italia, por lo menos, muchos de los cuales pasaron por el hogar de menores que el sacerdote administraba en Quinta de Tilcoco, el que sigue operando hasta hoy en día.
Los pasos siguientes
En junio pasado, el ministro se constituyó por varios días en Temuco y en agosto hizo lo mismo en Concepción, recabando testimonios de víctimas, testigos e inculpados. Al respecto, el investigador indicó que todas estas diligencias se relacionan con el “compromiso adquirido de que todas las denuncias y/o querellas serán investigadas considerando el contexto histórico y la realidad social de la época, siendo posteriormente resueltas conforme a derecho, con independencia, autonomía e imparcialidad”.
En el caso de Concepción, según Radio Bío Bío, ya hay tres exjuezas de menores que tienen la calidad de inculpadas, una de las cuales ya fue interrogada en dicha condición. Asimismo, el ministro interrogó a casi todo el personal de dos antiguos juzgados de letras de menores y se estaría alistando para emitir autos de procesamiento en algunos meses más.
En las últimas semanas, además, Aguilar se reunió con el representante de la Oficina de América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, junto a la secretaria ad hoc del tribunal, Cecilia Erazo, y la consultora de ACNUDH, Andrea Ordóñez.
La semana pasada, en tanto, Aguilar y Erazo recibieron a Sofia Karlberg, embajadora de Suecia en Chile, y otros funcionarios de la misma repartición; Anna Borhn, representante de la agrupación de chilenos adoptados en ese país; y Lisa Dahlin, abogada asesora de este grupo, quien participó por Zoom, en el contexto de la investigación por adopciones irregulares seguida por los delitos de sustracción de menores y otros ilícitos.
En la ocasión, se explicó a los representantes del país escandinavo que, del total de causas, un poco más de 10% tiene que ver con Suecia. Previamente, el ministro se había reunido con representantes de las embajadas de Noruega y Francia.
Cabe indicar que todas las causas, que son por lo general muy voluminosas y complejas, son trabajadas por un equipo de seis personas (incluyendo al ministro en visita) y por un puñado de detectives de la Brigada de Derechos Humanos (Bridehu) de la PDI.
Solo en el caso de los niños traficados hacia Europa por el cura Piergiovanni (cuyo destino principal era Italia), se cree que la cifra inicial puede ser muy superior, dado que algunos meses atrás la PDI incautó los archivadores del sacerdote, actualmente fallecido, y las primeras revisiones del material documental que allí se contiene indica que las estimaciones iniciales se quedaron cortas.
