Investigación
Archivo
El Mocito: los chats en que Manuel Guerra entregaba información sensible a Hermosilla
En dos casos de muertes sospechosas, incluyendo la de un hijo de Jovino Novoa, el exfiscal oriente filtró información del caso al protagonista del caso Audios. Guerra enfrenta actualmente una querella de capítulos presentada en su contra por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera.
Varios chats evidencian la forma en que el exfiscal regional metropolitano oriente Manuel Guerra filtraba información reservada y políticamente sensible al abogado Luis Hermosilla, más allá de los ya conocidos públicamente en torno al caso Penta y otros hechos vinculados con el expresidente Sebastián Piñera.
Guerra es actualmente objeto de una querella de capítulos que fue presentada en su contra por parte el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, quien lo acusa de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa, en función de los chats que se conocían hasta el momento.
Dicho documento señala, entre otras cosas, que dichos delitos eran “tendientes a favorecer indebidamente los intereses del imputado Hermosilla Osorio y su red de contactos, en virtude los cuales el mismo imputado Guerra Fuenzalida solicitó reiteradamente a este beneficios indebidos, tanto para sí como para terceros”.
Carrera señala que dicha red de estaban “especialmente vinculados a un determinado partido político y, en particular, al señor Andrés Chadwick Piñera, exministro del Interior y primo del entonces Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique. Asimismo, el señor Hermosilla osorio intervino en importantes casos y demostró tener una amplia red de contactos en el sector público”.
Aprovechándose de la cercanía con Hermosilla, dice la querella de capítulos, Guerra le solicitó varios favores, entre ellos reunirse con el presidente Piñera, ser designado consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y en otros trabajos y pedir varios otros favores.
Sin embargo, lo más grave, en función de los chats encontrados en el celular de Hermosilla, son las decisiones que Guerra tomó en causas de financiamiento ilegal de la política, decidiendo -por ejemplo- que al senador Iván Moreira se le ofreciera una suspensión condicional del procedimiento, en el caso Penta (en el cual los imputados fueron objeto de un procedimiento abreviado que como “castigo” incluyó las famosas clases de ética), en la investigación en contra del administrador electoral de Sebastián Piñera, Santiago Valdés y en el caso Exalmar-Dominga, la cual Guerra se autoasignó a sí mismo, para luego sobreseerla.
El hijo del coronel
Sin embargo, existen otras conversaciones con Luis Hermosilla que dan cuenta del estrecho vínculo entre ambos y cómo el entonces persecutor intentaba congraciarse con Hermosilla a cómo diera lugar, debido a lo cual el periodista Daniel Matamala lo tildó como “El mocito del poder político” en una columna publicada en La Tercera.
Uno de esos chats, del 1 de noviembre de 2019, se inició justamente a instancias de Guerra, quien a las 16.50 horas informó a Hermosilla que “encontraron muerto a un hijo de Jovino Novoa”, en referencia al exsenador de la UDI que pocos meses antes (en marzo de ese año) había terminado de cumplir una condena de tres años de pena remitida, precisamente en el marco del caso Penta.
Ante ello, Hermosilla replicó que acababa de enterarse y que “Jovino todavía no sabe”. Luego le preguntó: “¿Sabes en qué circunstancias?”
Guerra le indicó que no, pero agregó “creo que suicidio” y que era “segundo hijo con lo mismo”. Además, dijo que lo había llamado el subsecretario Ossa, “el pituco”, aparentemente en referencia al entonces subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
A las 17.05 Hermosilla le informó que “Jovino está en el sur” y preguntó a su interlocutor si tenía confirmado “el suicidio”.
“No aún” respondió Guerra, quien precisó que el hecho había ocurrido en Providencia, en el sector de una piscina. Curiosamente, el certificado de defunción de Felipe Novoa Mackenna, que tenía 37 años al momento de su muerte, fija el deceso a las 18 horas; es decir, al menos una hora después del momento en que produjeron las primeras conversaciones.
Después, Guerra informó a Hermosilla que al parecer la causa de muerte era un infarto, que había hablado con el entonces director de la PDI, Héctor Espinosa (que acaba de ser condenado por lavado de activos, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento de uso público) y que al sitio del suceso iban la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística, preguntando (sin que le respondieran) “entiendo que tenía enfermedad previa?”.
Luego, Hermosilla inquirió, a las 1814: “¿Tú crees que irá un fiscal para allá?”
Guerra contestó que sí, que iba César Moya.
A las 21.39 Hermosilla retomó el contacto, preguntando si “hecha la autopsia, se podrá retirar el cadáver?”, a lo cual le respondieron nuevamente que sí.
El certificado de defunción no precisa la causa del fallecimiento del hijo del antiguo“coronel” de la UDI, pues dicho documento indica solo, como causa de muerte “indeterminada en estudio”. En otras palabras, al menos desde el punto de vista del Servicio Médico Legal, nunca se pudo precisar cuál fue la verdadera causa de fallecimiento y si hubo en ella intervención de terceros o no, como lo creía inicialmente Guerra.
El caso de Ñuñoa
Distinto fue lo que ocurrió en otro caso acaecido casi un año antes en Las Condes. A las 17.49 del 13 de enero de 2018 fue Luis Hermosilla quien preguntó a Guerra si lo podía llamar “muy cortito”. Este le respondió que sí.
Luego, a las 19.57, Hermosilla le mandó varios datos, incluyendo el nombre de Juan Felipe Urrutia Riesco, su RUT y la dirección de un departamento de Avenida Vespucio Norte que le precisa “puede ser Vitacura”. Tras ello agradeció y él mismo informó a Guerra que ya estaba en el sitio la PDI y que el Servicio Médico Legal iba en camino.
“Sí. Me comuniqué con el fiscal jefe de flagrancias Ernesto Navarro y él ya dispuso el procedimiento” respondió el entonces fiscal regional.
Al día siguiente Hermosilla lo contactó a las 12.14 horas: “Hola Manuel! De nuevo molestándote”, para luego agregar que “solo falta que el fiscal llame al doctor de Quillota que hizo la autopsia”.
Posteriormente, el mismo Hermosilla le informó al fiscal que estaba lista la autopsia y que “necesitamos la orden verbal del fiscal para que nos entreguen a Felipe”, explicando que “esto me acaba de escribir su hermano desde allá”, en referencia, aparentemente, al abogado José Antonio Urrutia.
A las 12.44 Manuel Guerra respondió: “Ok, Hablaré ahora con el fiscal para que lo ordene”.
Finalmente, a las 13.46, Hermosilla pidió “una última molestia”, indicando que “necesitamos que el fiscal autorice la cremación”, ante lo cual Guerra le respondió que debían ir a la fiscalía de flagrancias de La Florida “para que les entreguen el certificado”.
El cuerpo efectivamente fue cremado, pero se inició una investigación que concluyó en mayo de ese año, cuando el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago aprobó la Decisión de la fiscalía de no perseverar en el caso, al no encontrarse indicios de la intervención de terceras personas y concluirse que la causa de muerte era un suicidio con arma de fuego.
Como informó El Mostrador, la primera audiencia del caso relativo al fiscal Guerra se producirá el próximo 15 de diciembre, a instancias de la defensa del exfiscal, que -previo a la presentación de la querella de capítulos- solicitó una audiencia ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en la cual pedirán que este sea sobreseido de las causas en que le atribuye participación, pese a que ni siquiera ha sido formalizado, pues para ello es necesario que previamente la Corte de Apelaciones de Santiago acepte la querella de capítulos presentada por el fiscal Carrera, tras lo cual este podría pedir fecha y hora para imputar cargos a su excolega.
Sin embargo, dicho libelo -cuyo objetivo es despojar a Guerra de fuero que lo protegía cuando era fiscal- aún no es discutido en el tribunal de alzada. A la acusación ya adhirieron el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los querellantes Mauricio Daza y María Inés Horvitz, expenalista del CDE, quien fue la primera en denunciar públicamente la actuación de Guerra en el caso Penta. Ambos abogados se querellaron en octubre de 2024 en contra de Guerra.