El caso de tuberculosis que tiene en vilo juicio contra banda ecuatoriana

Una peculiar situación se vive en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Arica, donde el juicio en contra de 18 personas que según la Fiscalía forman parte de una banda de crimen organizado que era encabezada por un sujeto que las oficia como “obispo” del rito de la Santa Muerte, se ha visto entorpecido debido a la batalla legal que se desató a raíz de la tuberculosis que afecta a una de las imputadas.

El juicio al respecto, en el que se acusa a personas ecuatorianas (17 mujeres y un hombre) de asociación ilícita y de internar grandes cantidades de ketamina desde Perú a Chile, debía comenzar el 25 de noviembre pasado, pero la documentación judicial evidencia que el 3 de noviembre una de las acusadas, Amparo Ramírez Benítez, quien está condenada en otra causa, dio positivo a un examen de tuberculosis al que fue sometida por Gendarmería en la sección femenina de la cárcel de Arica, lo que fue refrendado en un nuevo examen al que fue sometida el 20 de noviembre.

Ante ello, el 27 de noviembre el defensor público que representa a Ramírez, Jorge Videla, pidió que no se iniciara el juicio hasta no tener el resultado de una nueva muestra que tomaría a su representada. Otro defensor, a su vez, pidió más plazo para estudiar la carpeta, dado que esta le llegó con un atraso por parte de la Fiscalía. Ante todo ello, se fijó una nueva fecha para el inicio del juicio: el 4 de diciembre.

Pero ese mismo día el Servicio Médico Legal informó al TOP acerca de la situación y dio a conocer que, si el tratamiento de la enferma era favorable, recién después de cuatro o cinco meses ella estaría en condiciones de asistir al tribunal en forma presencial, sin riesgo de contagiar a otras personas, sugiriendo que la imputada asistiera vía telemática, desde la cárcel, lo que fue acogido por el TOP, que ordenó que los otros 17 imputados estuvieran presentes en las audiencias y que Ramírez acudiera por Zoom, algo que, sin embargo, no fue del parecer de su abogado.

No al Zoom

Como indica el fallo emitido el lunes por la Corte de Apelaciones de Arica, ante la cual Videla presentó un recurso de amparo, “en la audiencia convocada para el día 4 de diciembre de 2025, el abogado Jorge Videla Herrera insistió con la presencialidad de su defendida, requiriendo nueva fecha de juicio para ella e inclusive planteando sobreseer temporalmente la causa a su respecto, argumentando que la audiencia telemática haría más dificultosa la comunicación con su defendida con él”.

A ello se sumó una nueva solicitud por parte de otro defensor de aplazar la audiencia, y esta se fijó para el 11 de diciembre pasado. Ese día el juicio comenzó, pero el representante de Ramírez, que a esas alturas ya había interpuesto el recurso de amparo, pidió suspender la audiencia a la espera del resultado en la Corte, lo que fue negado por el TOP. Asimismo, Videla dijo que no se encontraba en condiciones de realizar un alegato de apertura, frente a lo cual la Fiscalía solicitó al tribunal declarar abandonada la defensa de Ramírez, a lo que accedió el juzgado, que ordenó a la Defensoría Penal Pública que designe un nuevo representante para la acusada y fijó una audiencia para el 17 de diciembre, a fin de resolver una posible sanción.

A su vez, Ramírez presentó otro recurso de amparo, en contra de los jueces del TOP, asegurando que la decisión de estos de remover a su abogado del caso “amenaza y perturba no solo mi libertad personal, desde el momento en que incrementa ilegalmente las posibilidades de una condena al privarme de una defensa técnica adecuada”. Dicha acción constitucional fue declarada inadmisible, por lo cual la defensoría apeló, mientras que el primer amparo fue rechazado.

Cabe indicar que Ramírez fue condenada a 5 años y un día de prisión efectiva tras haber sido encontrada junto a su hijo de 13 años con más de dos kilos de ketamina, que escondían en plantillas de sus zapatillas.

El caso en que está acusada –del que El Mostrador ha informado antes– gira en torno a la figura del sujeto conocido en Chile y Ecuador como José Luis Herrera Pozo, como Antonio Moreno de la Rosa en República Dominicana y como Dominic Moreno en Perú. “El don”, como le dicen, sería integrante de la banda ecuatoriana “Los Tiguerones”, organización que se hizo famosa cuando se tomó un canal de televisión de Guayaquil, a inicios de 2024, marcando el inicio de una crisis de seguridad que aún no termina en Ecuador.

Cuando “El don” fue detenido, en su teléfono se encontraron imágenes, dadas a conocer por este medio, en que se le puede ver efectuando un ritual alusivo a la Santa Muerte, en donde bendice los paquetes de ketamina que las mujeres a su servicio llevaban por distintos métodos desde Arica hasta Santiago.

Además de estar acusada de asociación ilícita, Ramírez también está imputada por dos delitos de amenazas, pues –según el auto de apertura del juicio– cuando fue detenida junto a otras mujeres, una de ellas declaró que “el día once de febrero, un día antes de declarar en la PDI, ella me gritó desde la celda que me iba a apuñalar y me iba a coger en grupo, también me dijo que no me preocupara porque sabe dónde vive mi familia”.

Por cierto, Ramírez era pareja de “El don” y, de hecho, el niño con el cual fue detenida por Carabineros en medio de un control vehicular es hijo de “El obispo”.

El juicio debería reanudarse el próximo lunes 22 de diciembre, pero en las últimas horas el nuevo abogado que asumió la defensa de Ramírez, Gabriel Apaza, solicitó una audiencia de cautela de garantías en favor de ella, argumentando vulneraciones a sus derechos y, además, alegando que el plazo que ha tenido para imponerse de la investigación ha sido muy breve, todo lo cual será discutido el próximo lunes.

Una enfermedad muy presente

Contrario a la creencia popular, lejos de haber desaparecido, la tuberculosis (TBC) sigue presente en Chile. Los registros más recientes del Ministerio de Salud revelan que los diagnósticos van en aumento, acercándose a los 3 mil casos nuevos por año.

Hasta 2023 el país tenía un total de 2.973 casos, cifra que no considera a quienes han sufrido una recaída de la enfermedad. Este número marca un leve aumento respecto a los 2.959 detectados el año anterior (2022) y los fallecimientos también se mantienen estables: 251 personas en 2023 y 247 el año previo.

“La tuberculosis nunca ha sido erradica, ni en Chile ni a nivel mundial”, aclara el médico Felipe Gallardo, referente clínico del programa en el Hospital San Pablo de Coquimbo. Los grupos más afectados en volumen son la población extranjera (29,7% de los casos), los adultos mayores (18,9%) y las personas con consumo problemático de alcohol y drogas (que suman cerca del 30% en conjunto). 

El especialista explicó que, aunque Chile está en una fase de control, zonas como Arica y Tarapacá presentan tasas consistentemente más altas: “Este aumento se relaciona en parte con la mayor proporción de pacientes pertenecientes a grupos vulnerables presentes en la macrozona norte, especialmente personas provenientes de países con mayor endemia, como Perú y Bolivia”.

Agregó que “en las zonas fronterizas del norte la migración puede aportar a la llegada o reintroducción de casos de tuberculosis, sobre todo cuando provienen de países con mayor carga de enfermedad y cuando existen condiciones de hacinamiento, precariedad y dificultades de acceso oportuno a atención de salud”.

Otro de los grupos más vulnerables a contagios lo componen quienes están privados de libertad. En ese contexto, las cárceles funcionan como una especie de “caja de resonancia”. Factores estructurales como el hacinamiento extremo, poca ventilación y una alta rotación de internos, señaló Gallardo, son parte de los factores de riesgo existentes: “A ello se le suman determinantes sociales y sanitarios propios de este grupo, como mayor prevalencia de consumo de sustancias, desnutrición, comorbilidades y diagnósticos tardíos”.

La tuberculosis en las cárceles

El Mostrador consultó a Gendarmería frente a los protocolos de reclusión y tratamiento de los contagiados, que, debido al alto número de población carcelaria, se esperaría fuera dificultoso. Frente a ello, señalaron que, para evitar la expansión de los focos de tuberculosis, aplican el Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis (Procet).

Este incluye la búsqueda activa de síntomas en el ingreso de reclusos y operativos preventivos, como la aplicación de exámenes para detectar infecciones latentes antes de que estas se vuelvan contagiosas. En el caso de un hallazgo positivo, el paciente es aislado del resto de la población penal, mientras se le brinda monitoreo de salud permanente.

A nivel nacional, la evolución de los contagios al interior de los recintos penitenciaros ha experimentado una especie de “efecto rebote”. En 2019 se contabilizaban 54 casos anuales, cifra que descendió a 34 y 37 diagnósticos durante 2020 y 2021, respectivamente, coincidiendo con la baja en la búsqueda activa producto de la pandemia. Sin embargo, los casos se duplicaron a 72 en 2022 y volvieron a aumentar a 173 en 2023, que es el último año respecto del cual se cuenta con estadísticas hasta el momento.

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