Escrituras con firmas falsas: nuevo caso contra notario acusado por el CDE

A fines del año 2024, en medio de profundos cuestionamientos al gremio de notarios y conservadores por casos vinculados a nombramientos y pago de favores, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella en contra del titular de la 42ª Notaría de Santiago, Álvaro González Salinas, acusado de permitir la falsificación de cinco escrituras públicas.

La querella apunta al notario González como autor de falsedad documental, al no acreditar la identidad de las personas involucradas y autorizar firmas que no correspondían a las originales, faltando a sus deberes funcionarios como ministro de fe, permitiendo de este modo que terceros adquirieran propiedades sin el consentimiento de sus verdaderos dueños.

“No cumplió con su deber al autorizar un documento público sin verificar la presencia e identidad de los supuestos comparecientes”, apunta el documento del CDE.

Los cinco casos hoy están siendo investigados por la Fiscalía Centro Norte, a cargo del fiscal Víctor Vidal, y derivaron en la suspensión de González, en abril del año pasado, después que la Corte Suprema abriera un cuaderno de remoción en su contra. Su caso se suma al del notario Félix Jara Cadot, destituido por autorizar escrituras con firmas falsas.

A los hechos que hoy tienen con un pie afuera del Poder judicial a Álvaro González, acaba de añadirse un nuevo episodio sobre falsificaciones de documentos públicos. Esta vez, una mujer de 88 años asegura haber firmado una escritura engañada de una propiedad suya, a cambio de 8 millones de pesos que nunca le pagaron.

Control notarial bajo lupa

La nueva querella, interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, acusa al notario titular, Álvaro González, y a su asistente legal, Leonardo Brusi, de participar en la falsificación de la escritura pública de una propiedad perteneciente a Norma Body Catalán.

Según el documento al que tuvo acceso La Unidad de Investigación de El Mostrador, la mujer acudió a la notaría creyendo que firmaría una cesión de derechos sociales de una sociedad familiar. Sin embargo, el documento autorizado por el notario incluyó –sin el consentimiento informado de la mujer– una cesión de derechos sobre su único bien raíz, ubicado en calle Tocornal, en el centro de Santiago.

La inscripción fue realizada por la abogada Claudia Moya Urtubia, quien habría redactado el documento, incorporando en la escritura una cesión de derechos hereditarios que no habría sido instruida por su clienta –Norma Body– y que en el fondo ocultaba la transferencia del inmueble. Ello terminó en una querella previa por prevaricación en contra de la abogada.

Esta última acción judicial, sin embargo, es por falsificación de instrumento público: Body asegura que fue llevada a firmar un documento que no reflejaba su verdadera voluntad, pues creía estar transfiriendo únicamente derechos sociales a su hija Ingrid Medel Body en una sociedad familiar, y no derechos sobre un bien raíz cuyo valor comercial supera los $900 millones.

“Cuando una escritura pública permite la transferencia de derechos hereditarios que incluyen un inmueble de cientos de millones de pesos por un precio declarado de ocho millones, el problema no es menor ni anecdótico. Si esa operación hoy está bajo investigación penal por estafa, uso de documento médico presuntamente falso y maltrato a adulto mayor, entonces el estándar de control notarial debe ser examinado con lupa”, apunta el abogado querellante Francisco Pinochet Cantwell.

La escritura pública, otorgada en octubre de 2021, certifica que la mujer de 88 años habría comprendido y ratificado plenamente el acto notarial. La querella, sin embargo, advierte que la lectura y ratificación nunca ocurrieron, y que el instrumento público atribuyó declaraciones falsas a la adulta mayor.

En la ocasión –según detalla la querella–, Norma Body acudió a la notaría sin anteojos, no pudiendo leer ni ratificar el documento por sí misma. “El notario atribuyó una declaración de consentimiento o comprensión que no se ajustó a la realidad, especialmente considerando el limitado estado de las facultades cognitivas, atendida su avanzada edad”, explica el libelo.

El punto más controvertido es que uno de los testigos citados a declarar en una causa previa por falsificación de instrumento público respecto de los mismos hechos, Eduardo Leguer, declaró ante la PDI que el notario González no tomó personalmente la firma de la víctima, sino que delegó esta función en su asistente.

La querella sostiene que Leonardo Brusi –y no el notario titular– sería quien habría interactuado con la adulta mayor, formulando “preguntas guionadas” destinadas a simular consentimiento informado, mientras el instrumento final atribuía declaraciones que nunca ocurrieron, “facilitando así la consumación de la falsedad ideológica por parte del notario”, apunta el documento.

Para el abogado Pinochet Cantwell, la labor de un notario no es la de un simple “certificador de firmas”. “Es ministro de fe” –agrega–. “Eso significa que el Estado le delega una función de garantía. Si esa garantía se reduce a leer un documento y estampar un timbre, estamos ante una formalidad vacía”.

Supuesto pago

La escritura no solo consignó que en el acto se habrían pagado supuestamente ocho millones de pesos, monto coherente con la cesión de derechos sociales, pero no con la transferencia de derechos sobre un inmueble, cuyo avalúo fiscal superaba los 350 millones y con un valor comercial –como se ha dicho– estimado en más de 900 millones de pesos.

Además, se habría omitido un requisito legal esencial: la no comparecencia de los demás socios de la sociedad involucrada, lo que haría jurídicamente imposible la operación y reforzaría el carácter fraudulento del instrumento. Para la parte querellante, este solo hecho demuestra que el acto era jurídicamente imposible y que la escritura no pudo haber sido autorizada sin faltar gravemente a la verdad.

“Si una persona adulta mayor puede firmar una cesión de derechos por una suma ostensiblemente inferior al valor real de los bienes involucrados, y posteriormente alegar que no comprendía lo que suscribía, entonces algo estructuralmente está fallando. No puede ser que la fe pública dependa solo de la apariencia externa del acto”, asegura el abogado Francisco Pinochet.

El Mostrador intentó comunicarse con Juan Cristóbal Pino, abogado del notario Álvaro González, para poder contrastar la versión de Norma Body, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.