Concesiones marítimas: el Triángulo de las Bermudas del ministro Fernando Barros

A pesar de haber renunciado al estudio de abogados que formó hace 38 años junto a José Tomás Errázuriz Grez, el nuevo ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, mantiene intacta la red de contactos empresariales que llevaron a su bufete a convertirse en uno de los más importantes y diversificados del país.

No es un misterio que buena parte de los ministros del gabinete de José Antonio Kast pertenecen a la elite empresarial y que varios de ellos –como el propio Barros– han formado parte de directorios en la Sofofa, Icare y la CPC, entre otros gremios, dando cuenta de la delgada línea que separa el mundo de los negocios con la órbita de los intereses públicos. La famosa puerta giratoria de la política.

La primera alerta respecto de Barros llegó tras el escándalo sobre el cable que pretendía conectar la Región de Valparaíso con Hong Kong, proyecto que generó un conflicto internacional con Estados Unidos y que –según se supo después– fue impulsado por la sociedad CMI Chile, constituida con asesoría legal del estudio Barros & Errázuriz, el bufete fundado hace casi cuatro décadas por el actual secretario de Estado.

Aunque desde el entorno del ministro se aseguró que el estudio solo prestó servicios legales para la constitución de la sociedad –algo habitual en firmas corporativas–, el episodio reveló cómo la infraestructura estratégica puede cruzarse con redes profesionales del nuevo titular de Defensa, cosa que sucedió, por cierto, antes que Barros pusiera un pie en el ministerio.

Lo cierto es que el escándalo del cable chino no es el único punto de intersección entre el bufete y sectores regulados por el Estado. El estudio Barros & Errázuriz no solo es uno de los más grandes del país, con más de 150 abogados, decenas de socios y oficinas en Nueva York, sino que posee una de las carteras de clientes más potente del mercado.

La firma participa en asesorías ligadas a energía, infraestructura logística, terminales portuarios, telecomunicaciones y proyectos mineros. La mayoría de estas iniciativas requieren intervenciones sobre el borde costero o infraestructura marítima, lo que implica permisos estatales o concesiones otorgadas por el Ministerio de Defensa o algunos de sus organismos dependientes, como la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

El punto no es menor. En Chile, cualquier obra permanente sobre playas o fondo marino –desde puertos y ductos hasta cables submarinos– requiere autorización del Estado. Y esas autorizaciones, en el caso particular de las concesiones marítimas, pasan por la estructura administrativa que ahora encabeza el ministro Fernando Barros.

En la actualidad, de hecho, hay más de una decena de clientes de Barros & Errázuriz que han presentado solicitudes de concesiones marítimas ante el Ministerio de Defensa, entre ellas, la misma empresa del cable chino, y otras que esperan conseguir terrenos en el borde costero en distintas regiones del país.

Si bien no hay ilegalidad en los actos, la cercanía de Barros con algunas empresas en busca de permisos constituye una zona gris que bien podría convertirse en el Triángulo de las Bermudas del nuevo titular de Defensa.

Para especialistas en transparencia, el cruce no constituye necesariamente una irregularidad, pero sí abre interrogantes sobre la gestión del cargo ante un eventual conflicto de intereses. “Siempre hay tensiones”, comenta Juan José Lyon, presidente ejecutivo de Fundación América Transparente.

“Tener a un ministro con amplia experiencia en el sector privado requiere de límites muy claros en el Estado”, explica. “Lo que esperamos desde la sociedad civil es que Fernando Barros transparente su lista de inhabilidades desde el día uno. Si una empresa en la que fue director o a la que asesoró solicita o renueva una concesión en el borde costero, por ejemplo, lo prudente y ético es que él se margine de ese proceso de inmediato”.

Por cierto, dentro de una serie de medidas recién anunciadas por el nuevo Gobierno en torno al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se anunció que se agilizarán los trámites relativos a las concesiones marítimas.

Empresas y concesiones

Fernando Barros estuvo 13 años en el directorio de Agrosuper, empresa fundada por Gonzalo Vial. Su retiro de la compañía, en el año 2023, también significó restarse de la mesa directiva de AquaChile, otra empresa del holding alimentario.

Esta última firma, ligada a la producción y comercialización de salmones, tiene en la actualidad varias solicitudes de otorgamiento de concesiones marítimas, en terrenos de playa ubicados en las localidades de Quellón y Calbuco, según figura en el visor de concesiones marítimas en trámite de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, ahora encabezado por Barros.

Otra empresa de la cual el ministro se retiró hace poco es Oxiquim. Lo anunció a principios de febrero, luego de presidir el directorio desde el año 2003 y reconocer, en un hecho esencial, que tampoco era titular de acciones en ella, “ya sea directamente o a través de sociedades”. Oxiquim, por cierto, también figura con solicitudes de renovación de concesión marítima en Coronel, en el sector de la playa aledaña al terminal marítimo que dicha compañía posee en el sector de Escuadrón.

A pesar de ya no pertenecer a la empresa, Barros dejó en su puesto a otro socio del estudio jurídico, Emilio Vásquez Maldonado, encargado de reemplazarlo en el directorio de la compañía química. Aparte de él, son ocho los abogados de Barros & Errázuriz que arribaron a distintas reparticiones de Gobierno, entre ellos, el subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda.

Además de Oxiquim y Agrosuper, Barros pasó por los directorios de la Sofofa, Icare, Bancorp e inversiones Odisea –el family office del grupo Piñera–, además de LarrainVial Asset Management y Socovesa, donde permaneció durante 25 años.

De ahí las suspicacias sobre un eventual conflicto de intereses con sus exclientes de Barros & Errázuriz. “Más que un cuestionamiento anticipado, esta es una alerta preventiva”, dice Juan José Lyon. Flavia Liberona, de Fundación Terram, asegura que lo importante es la transparencia de información y que, en caso de haber un conflicto de intereses, Barros “se abstenga de participar en la toma decisiones”.

“Las concesiones marítimas son un tema estratégico y muy sensible a nivel medioambiental y económico. Para evitar cualquier manto de duda sobre el Gobierno entrante, la mejor señal que podría dar el nuevo ministro es delegar por completo estas materias cuando existan asomos de conflicto de intereses”, coincide Lyon.

En rigor, actualmente hay más de una decena de empresas que han sido asesoradas por el exbufete del nuevo ministro y que han solicitado concesiones marítimas ante el Ministerio de Defensa. Esval, por ejemplo, fue asistida legalmente por Barros & Errázuriz en una modificación de uso de suelo en Algarrobo y hoy la firma está en trámite para renovar un terreno de playa en Concón.

Las otras compañías cercanas al estudio que han solicitado concesiones en el borde costero y que han sido clientes de Barros & Errázuriz son Copec, Salmones Cailin, Sociedad Austral de Electricidad, GTD Teleductos, Pesquera Camanchaca, Exportadora Los Fiordos, Australis Mar, Colbun y GNL Quintero, entre otras, todas ellas registradas en el visor de concesiones en trámite de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

Si bien la declaración de Patrimonio e Intereses del nuevo ministro aún no ha sido publicada, fuentes cercanas al Ministerio de Defensa señalaron a la Unidad de Investigación de El Mostrador que el ministro, en su calidad de abogado, no solo tenía muy claro el requerimiento legal en materia de independencia, sino que “ha definido estrictos criterios para el desempeño de su cargo”.

Según comentaron las mismas fuentes –tras explicarles el tenor de este reportaje–, Fernando Barros habría transparentado a su gabinete y subsecretarios, en su primera reunión, un listado con el nombre de las empresas respecto de las cuales “se abstendrá de intervenir en las tramitaciones que se presenten en el ministerio a su cargo”.

Hasta ahora, sin embargo, no se sabe el número ni cuáles serían las empresas que el ministro informó como eventuales focos de conflicto de intereses.