Opinión
Es evidente que el manejo de la educación municipal no es fácil, ni técnica ni pedagógicamente hablando. Peor aún desde el punto de vista financiero y administrativo. Pero, a estas alturas, es un tema central de la agenda país y un bien público, sobre lo cual los municipios tienen mucho que decir. Es verdad que la educación pública del país, recaída en responsabilidad municipal durante la dictadura, carga enormes vacíos y deficiencias, especialmente un desfinanciamiento crónico con arrastres de déficit históricos.
Una auditoría al uso de los Fondos SEP de Recoleta, subvención escolar preferencial para los niños más pobres, ha puesto un punto rojo en la gestión del alcalde Daniel Jadue, quien hasta ahora tenía una alta audiencia positiva por sus innovaciones en el manejo municipal.
El Informe final de la Contraloría (221-2018), que detectó una diferencia de más de dos mil setecientos treinta millones de pesos en la cuenta corriente exclusiva de los recursos SEP, podría terminar con un juicio de cuentas y, eventualmente, en una acusación de malversación de fondos públicos, por parte de la Superintendencia de Educación, con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de por medio.
Según la contabilidad municipal de Recoleta, desvirtuada por la Contraloría en su informe, el saldo de la cuenta es de setenta y un millones y fracción. Contraloría dice que debiera ser, de acuerdo a los respaldos existentes, de dos mil ochocientos millones y fracción, la que restando los setenta y un millones existentes, deja un faltante de dos mil setecientos millones y algo más sin aclarar.
El tema no tiene solo un carácter administrativo y eventualmente también penal, sino además uno marcadamente político. No se trata de un simple desorden de cuentas en la gestión de alguna competencia operativa del municipio en materia de aseo o de obras municipales en la comuna. Se trata de algo que incumbe directamente al mejoramiento de la calidad de la educación, concentrada en los niños pobres de sus escuelas, lo que es una política de igualdad social efectiva e inmediata. Ello, se supone, debiera ser algo ideológicamente relevante para Jadue, quien es un activo militante del Partido Comunista.
[cita tipo=»destaque»]Sin embargo, lo que se ve más mal en los hechos y es un punto a destacar, es que el alcalde de Recoleta haya evitado referirse personal y directamente al tema, contestando solo a través de un comunicado municipal, sin firma, es decir, en la gradiente más burocrática y formal, y no en la faz política que merecen los hechos de acuerdo a la vocería de su gestión. Los hechos convergen, al fin y al cabo, no solo en su responsabilidad directa como alcalde, sino que remiten también a la adhesión política e ideológica que, se supone, tiene con el tema de la igualdad y del poder vinculado a la buena educación.[/cita]
Sin embargo, lo que se ve más mal en los hechos y es un punto a destacar, es que el alcalde de Recoleta haya evitado referirse personal y directamente al tema, contestando solo a través de un comunicado municipal, sin firma, es decir, en la gradiente más burocrática y formal, y no en la faz política que merecen los hechos de acuerdo a la vocería de su gestión. Los hechos convergen, al fin y al cabo, no solo en su responsabilidad directa como alcalde, sino que remiten también a la adhesión política e ideológica que, se supone, tiene con el tema de la igualdad y del poder vinculado a la buena educación.
El manejo de esos fondos tiene una estricta regulación, deben rendirse anualmente a la Superintendencia de Educación, y en municipios como Recoleta, con fuerte carga de clase media y baja y precarios ingresos, es un recurso vital. Constituyen un financiamiento que permite actuar de inmediato sobre un aspecto clave de la llamada pobreza multidimensional, esto es, la mala calidad de la educación en los sectores de menores ingresos.
Es evidente que el manejo de la educación municipal no es fácil, ni técnica ni pedagógicamente hablando. Peor aún desde el punto de vista financiero y administrativo. Pero, a estas alturas, es un tema central de la agenda país y un bien público, sobre lo cual los municipios tienen mucho que decir. Es verdad que la educación pública del país, recaída en responsabilidad municipal durante la dictadura, carga enormes vacíos y deficiencias, especialmente un desfinanciamiento crónico con arrastres de déficit históricos.
Por lo mismo es evidente que cada peso para educación que ingresa a las arcas municipales es un pequeño tesoro para la igualdad, por lo que el mal uso de ellos, como si fueran una caja chica de ajuste financiero para muchos y diferentes propósitos, es un golpe directo a la protección de los pobres. Ese mal uso, además, contradice tanto la ética pública como los discursos políticos de igualdad que carecen de prácticas consecuentes.
Consultado por el proceso sumarial ordenado por la Contraloría y la aclaración de las cuentas, cuyos plazos se encuentran vencidos, no hubo respuesta ni de Recoleta ni de su alcalde. Mientras tanto, paga Moya.
