Luego de visitar 3 recintos, la Comisión Defensora Ciudadana elaboró un informe que resalta la seguridad de los internos y detecta deficiencias de programas de rehabilitación.
La Comisión Defensora Ciudadana dio a conocer hoy los resultados de un informe sobre cárceles, luego de inspeccionar los nuevos centros de reclusión de La Serena y Rancagua, bajo la modalidad concesionada; y la Penitenciaría de Santiago, que califica en el sistema antiguo.
Las visitas se realizaron el 14 de agosto y el 6 y 21 de octubre pasados, respectivamente.
La presidenta del organismo, Danae Mlynarz, dijo que “hemos optado por sistematizar estos informes anuales con la finalidad que futuras administraciones puedan comparar los cuestionamientos y ver si se resuelven los problemas”.
Si bien la Comisión compara al nuevo y antiguo sistema carcelario, y evidencia los problemas de hacinamiento, alimentación y seguridad de este último (aspectos ya conocidos por la población), el informe se centra especialmente en sugerencias para los nuevos recintos penitenciarios.
“En materia de seguridad, los recintos destacan por su estándar de segregación de la población (según nivel de compromiso delictual) y baja posibilidad de fuga, basados especialmente en su estructura de hormigón. Sin embargo, la Comisión detecta un déficit en el ámbito de la construcción del establecimiento, para diferenciación de espacios según la mencionada segregación de la población penal: ausencia de materiales distintos del hormigón; no utilización de pinturas de colores en patios, pasillos, etc. La seguridad de los espacios no está relacionada con la complejidad de los internos, sino que se utiliza un solo modelo para toda la población penal”, señala el informe.
La Comisión constató que las cárceles de La Serena y Rancagua operan “al 119% de su capacidad. Es decir, 1% debajo del límite legal que obligaría al fisco a pagar una multa diaria al prestador. Aun cuando este sobre-uso dista del registrado en penales tradicionales, la Comisión deja constancia de que el 19% significa que hay celdas individuales (de 6 m²) que deben ser habitadas por dos reclusos”.
Del mismo modo cuestiona la ausencia de “parámetros objetivados de selección para la destinación a dichas celdas de cohabitación”.
El organismo identificó como “un gran avance” que internos puedan desempeñan trabajos como “en las áreas de aseo, economato, repostería, mantención y jardinería”, y que esto se realice con “contrato de trabajo, lo que implica, de acuerdo a la normativa laboral vigente, pago de seguridad social (cotizaciones previsionales, salud, cargas familiares, gratificación, vacación legal, bonos otorgados por el Estado a familias de escasos recursos, etc.)”.
En paralelo, sin embargo, registró déficit de talleres de actividades recreativas o deportivas.
