Presidenta adelantó envío de proyecto de ley al Congreso
Desde Greenpeace, que impulsó una mediática campaña con su proyecto “República Glaciar”, consideran un triunfo el anuncio de la mandataria. Lo que está por verse es si se prohibirá de cuajo la intervención de glaciares o se dejará una puerta para excepciones, sobre todo tomando en cuenta el fuerte rechazo que ha provocado históricamente este tipo de iniciativas en el mundo minero, que ya en el anterior gobierno de Bachelet habría logrado doblarle la mano a una iniciativa similar.
“Presentaremos un proyecto de ley que proteja los glaciares y su entorno, haciéndolo compatible con las necesidades y aspiraciones nacionales y regionales”, anunciaba la Presidenta Michelle Bachelet durante su cuenta pública de este 21 de mayo.
La apuesta fue inmediatamente aplaudida desde Greenpeace, ONG que desde abril impulsó una mediática campaña a través del proyecto “República Glaciar” –que hoy suma más de 110 mil ciudadanos–, que busca revertir la indefensión en que se encuentran actualmente los 24.114 glaciares existentes en Chile. La idea era emplazar a la mandataria a poner el tema en su discurso.
“Sin duda es lo que estábamos buscando”, asegura el presidente de Greenpeace Chile, Matías Asún. “Necesitábamos que el gobierno se comprometiera a resolver esto y se hiciera cargo de los glaciares. Hoy escuchamos un compromiso claro. Los términos y parámetros se verán, nosotros tenemos propuestas muy claras y necesitamos discutirlo. Pero en principio este anuncio demuestra un cambio enorme y es un triunfo”, agrega.
Una ley que proteja estos ecosistemas “se ha prometido por décadas. Vamos a trabajar fuertemente para que este proyecto llegue a puerto e impida que alguna vez alguien pueda pensar que una atrocidad como Pascua Lama se repita”, asegura Asún. Recalcando que el trabajo de la gente de la zona y de otros lugares en que diversas iniciativas han destruido o afectado glaciares, “es muy importante reconocerla para nosotros, es la base de lo que estamos enarbolando”.
La frágil situación de los glaciares en Chile no es nueva y quedó marcada justamente con el proyecto Minero Pascua Lama de Barrick Gold –que inicialmente contemplaba incluso trasladar parte de los glaciaretes Toro 1, Toro 2 y Esperanza–, actualmente paralizado por serios incumplimientos en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Tampoco es nuevo el compromiso de Bachelet sobre el tema. Pero, según explican desde el mundo ambientalista, en su gobierno anterior la presión de las mineras fue más fuerte.
Hace casi una década, en 2005, la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet, firmó un acuerdo de 10 puntos, conocido como “Acuerdo de Chagual”, con una serie de organizaciones ecologistas. Uno de estos compromisos se refería a la protección de los glaciares.
A continuación se armó un grupo de trabajo y se hicieron propuestas para un proyecto de ley. Según detalla la directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, entre otros “se trabajó con la Sociedad Nacional de Agricultura, con el Instituto Geográfico Militar, y luego se presentó una propuesta a la ministra Paulina Veloso, al ministro de Defensa, el director de la Dirección Nacional de Aguas y pasó a la Segpres, pero por presiones del Ministerio de Minería y del Consejo Minero, Bachelet nunca mandó el proyecto de ley”.
Luego de eso, el senador Antonio Horvath “presentó en 2006 una moción parlamentaria porque el gobierno no cumplió su compromiso”, explica Larraín. Esta propuesta fue aprobada en general por unanimidad en el Senado, pero al pasar a la Comisión de Medio Ambiente quedó relegada porque se empezó a discutir en ese tiempo el proyecto que creaba el Ministerio de Medio Ambiente. Al final, la iniciativa fue archivada. El año pasado el proyecto se sacó del cajón en medio de la polémica por el proyecto Andina 244 de Codelco, una ampliación de la División Andina que pretende expandir su capacidad de tratamiento en 150 toneladas por día y que afectaría, al menos, a seis glaciares.
Para paliar la inexistencia de una legislación, el primer gobierno de Bachelet tomó otras medidas. En 2008 se creó la Unidad de Glaciología y Nieves en la Dirección General de Aguas (DGA), de donde nace el Inventario Nacional de Glaciares, y luego, en 2009, surge la Política Nacional de Glaciares que deja a la DGA y a la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) a cargo de la formulación de las políticas públicas. Esta última también contempla límites difusos, al consignar que “si bien la política manifiesta la necesidad de preservación a los glaciares, se debe contemplar su manejo adecuado cuando la necesidad específica de la cuenca así lo requiera, como también se contemplarán eventuales intervenciones, si los intereses superiores de la Nación así lo exijan”.
Frase que deja un abanico abierto de posibilidades de intervención y que en opinión de Sara Larraín no es aceptable en la propuesta que haga el gobierno. “Creo que Bachelet tiene todas las señales de la sociedad de que tiene que avanzar en este tema, cosa que no hizo en el gobierno pasado. Hoy debe establecer un estatus legal para que los glaciares sean protegidos, pero al mismo tiempo haya una clara prohibición de removerlos y afectarlos. Porque son bienes nacionales de uso público, pero no establece que hay acciones prohibidas, como remover glaciares con maquinaria, o depositar cualquier material de descarte de la minería no sirve para nada. Situaciones que hoy ocurren en Codelco Andina, en Anglo American, en Los Bronces, en Pelambres y en la zona de Teniente, además de Pascua Lama”.
Cómo abordará el proyecto del gobierno estos temas, está por verse. Por lo pronto, ha habido guiños al mundo minero, desde donde exigen que no se prohíba la explotación de estas zonas y que se evalúen los proyectos caso a caso. En mayo, en el seminario “Progreso económico y glaciares: ¿es posible conjugar ambas esferas?”, organizado por el Instituto Libertad, el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, anunció la creación de una mesa de trabajo para impulsar una iniciativa legal que proteja los glaciares, señalando que “sí, es posible conjugar progreso económico y proteger nuestros glaciares (…). Sí, es posible conjugar la protección de los glaciares y el desarrollo de la actividad minera, u otras actividades productivas, como eventualmente puede ser el desarrollo de la generación geotérmica, desarrollo de infraestructura o proyectos turísticos, a través de normas claras y objetivas que puedan expresarse en una ley general de glaciares”.
En todo caso, Asún está optimista. “Hace dos meses nadie pensaba que se podría hacer un proyecto de ley. En el último seminario del Consejo Minero su frase fue que no quieren ley. Que Bachelet se haya comprometido a eso es un éxito”.
