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Crédito: El Mostrador.
Internet más lento: el impacto del alto costo de los arriendos para antenas
Un informe de IDICAM y G&A Consultores advierte que la concentración de propietarios y la falta de competencia en el mercado de suelo digital encarecen los costos, frenan el despliegue de redes 5G y profundizan las brechas territoriales de conectividad.
El mercado chileno de arriendo de terrenos para infraestructura móvil enfrenta distorsiones que están afectando directamente la calidad del servicio de internet y la expansión de nuevas redes.
Así lo concluye un estudio que alerta sobre sobreprecios de hasta tres veces en zonas monopólicas y propone una agenda de reformas para transparentar y modernizar este sector estratégico.
Chile entre los países con arriendos más caros de la región
La Cámara Chilena de Infraestructura Digital (IDICAM), junto a G&A Consultores, presentó el estudio “El Costo del Suelo Digital en Chile: Un Desafío para la Sostenibilidad del Sector de Telecomunicaciones”, investigación que formará parte del Informe de Infraestructura Crítica para el Desarrollo 2026-2030 de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC).
El documento posiciona a Chile como uno de los países con mayores costos de arriendo de terrenos para infraestructura móvil en Latinoamérica, superando a México, Perú y Colombia, y solo por debajo de Brasil.
En zonas donde existe concentración de propietarios —que pueden controlar entre el 70% y el 95% de los contratos— los valores de arriendo llegan a ser más de tres veces superiores al nivel considerado eficiente. Esta situación, advierte el informe, afecta directamente la calidad del servicio móvil y retrasa el despliegue de nuevas redes, especialmente 5G.
Costos que presionan la operación y la inversión
El estudio detalla que los cobros discrecionales, junto con la dificultad para relocalizar infraestructura en terrenos más convenientes, han llevado a que el arriendo represente hasta el 55% del costo total de operación de un sitio en zonas críticas. Esto implica duplicar el valor estimado de mercado y reducir de manera significativa la capacidad de inversión y modernización de las redes.
El impacto no es solo financiero. Las regiones con mayor concentración de propietarios son también las que presentan menores velocidades promedio de descarga, lo que profundiza las brechas territoriales en conectividad.
Daniel Gurovich, director de G&A Consultores, sostuvo que la situación actual compromete directamente la infraestructura crítica del país.
“El mercado de suelo digital en Chile dejó de ser competitivo y hoy está afectando la infraestructura crítica del país”, señaló, agregando que en muchas zonas los operadores deben negociar con uno o dos propietarios que imponen rentas muy por sobre lo razonable.
Riesgo para el liderazgo tecnológico del país
Desde IDICAM, su vicepresidenta Daniela Castillo advirtió que el problema también pone en riesgo el posicionamiento de Chile en materia de telecomunicaciones.
“Hoy, el país necesita un marco regulatorio que proteja las inversiones y la sostenibilidad de la industria, y este es un problema que impacta los resultados que están teniendo las empresas del rubro en Chile, es cosa de mirar sus resultados”, afirmó.
Otro factor crítico es el tiempo. Según el estudio, el despliegue o la relocalización de infraestructura digital en Chile puede tardar hasta tres años. Esta demora refuerza la posición dominante de ciertos propietarios al momento de negociar los contratos de arriendo de los terrenos donde se emplazan antenas y torres.
La consecuencia es un círculo vicioso: altos costos, menor capacidad de inversión y una expansión más lenta de la conectividad, especialmente en zonas con menor desarrollo.
Tres ejes para corregir las distorsiones
El informe propone una agenda prioritaria para avanzar hacia un mercado de suelo digital transparente, competitivo y sostenible, estructurada en tres grandes ejes:
1. Transparencia y competencia justa.
Crear un catastro público de terrenos fiscales disponibles para detectar sobreprecios, limitar cobros discrecionales que no respondan a un mayor uso real de la infraestructura y fomentar la competencia entre el mundo público y privado.
2. Modernización regulatoria y agilización administrativa.
Modificar reglamentos que permitan reubicar torres o soportes existentes de manera más eficiente.
3. Incentivos estratégicos para cerrar brechas.
Priorizar el uso de terrenos fiscales en zonas de baja conectividad, fomentar la compartición real de infraestructura y otorgar mayores facultades a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para investigar prácticas monopólicas.
