Fiscalía pide ocho años de cárcel a empresario por daño ambiental

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Este lunes, antes del café, la Fiscalía llegó a la Municipalidad de Río Bueno con una orden de registro. Fueron con detectives de la PDI, peritos del Lacrim de Temuco, y salieron con cajas cargadas de papeles, discos duros y respaldos digitales.

La causa es contra el alcalde Luis Reyes (UDI), que cumple su cuarto período al mando del municipio. Tal como adelantamos en la primera edición de este newsletter, la Fiscalía Regional de Los Ríos separó la investigación y abrió una arista por cohecho, luego de detectar depósitos por unos $ 174 millones en su cuenta personal. Parte de esos fondos, según la indagatoria, provendría de funcionarios municipales y de empresas que se adjudicaron licitaciones durante su gestión.

Lo que hasta ahora eran informes y denuncias, ya se convirtió en incautación.

En esta edición, además:

• Mariquina: la Fiscalía acusa al empresario Cristián Zaro Ponce por daño ambiental calificado tras el retiro de capa vegetal en Yeco y el depósito de material en un humedal del río Lingue. Pide 8 años y 24 mil UTM; la defensa sostiene que el sector ya estaba relleno y que no hubo contaminación. El caso podría convertirse en el primer juicio oral en Los Ríos por daño ambiental, delito vigente desde agosto de 2023.
• Cervantes: el sindicato del Teatro Regional dice que el conflicto laboral escaló por vías formales: denuncias en la Dirección del Trabajo, pronunciamientos de SUSESO y una denuncia por Ley Karin, con críticas a episodios de trato y decisiones bajo la dirección ejecutiva de Juan Vásquez. Hablamos con el director y el GORE que aseguran haber pedido reportes de causas y medidas de riesgos psicosociales.
• Paillaco: un dictamen de Contraloría, firmado por Dorothy Pérez, pone el foco en la abstención del alcalde Cristián Navarrete por el parentesco con el director de SECPLAN, su primo Gonzalo Quezada. No cuestiona el nombramiento, pero advierte el problema de fondo y ordena subsanar, además de remitir antecedentes para un sumario por un decreto firmado cuando debía abstenerse.
• Gatoperro: en Librería Gato Caulle lanzaron el N° 3 de la revista (Mascotas Maestras) y cerraron la primera temporada del podcast Gatoperro al Aire, hecho con niñas y niños. Se viene un N °4 y convocatoria para el comité editorial.

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Mariquina: empresario arriesga ocho años por rellenar humedal protegido

Fiscalía de Los Ríos.

Entre fines de 2023 y febrero de 2024, un cerro del sector Yeco, en Mariquina, fue intervenido. Se removió completamente la capa vegetal. El material extraído, tierra y piedras, terminó en un humedal a orillas del río Lingue, catalogado como Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad por la Seremi de Medio Ambiente.

Por esos hechos, la Fiscalía Regional de Los Ríos acusó al empresario Cristián Zaro Ponce por daño ambiental calificado. El Ministerio Público pide ocho años de presidio efectivo y una multa de 24 mil UTM, cerca de $ 1.700 millones, y acusa que el daño es irreversible.

La audiencia de preparación del juicio oral ya se realizó en el Juzgado de Garantía de Mariquina. Y aquí el precedente: sería el primer juicio oral en Los Ríos por daño ambiental, delito vigente desde agosto de 2023.

Pero la defensa tiene otra versión. En una declaración entregada a Aquí Los Ríos, reforzada en entrevista con el abogado Juan Carlos Vidal, plantea que el conflicto ya fue perseguido en el Juzgado de Policía Local. Hubo cuatro denuncias y una multa final de $ 5 millones, desde una solicitud inicial de $65 millones. También se ordenaron medidas: reforestación y un plan de manejo que, según la defensa, está «aprobado y en ejecución».

Vidal agrega que el sector bajo del predio «ya estaba relleno» cuando Zaro lo compró. Cita estudios, incluido un análisis de laboratorio de la Universidad Austral, para sostener que no hubo contaminación del río. E insiste en la tesis de cosa juzgada: pide absolución o una sanción mínima.

• La Fiscalía respondió a esa tesis. Dice que el procedimiento en el Juzgado de Policía Local fue un proceso administrativo sancionatorio vinculado a infracciones de la Ley de Bosques. Y que eso no impide la persecución penal, porque se trata de normas, procedimientos y competencias distintas: por un lado, infracciones administrativas; por otro, delitos cuya discusión se da ante el Juzgado de Garantía y el Tribunal Oral.

Y precisó algo más: en esta causa no solo se discute Ley de Bosques. Se discute un delito distinto y más grave: daño ambiental. Ese, explican, sostiene la solicitud de pena y la calificación del daño como irreversible.

Crisis en el Cervantes: sindicato denuncia gestión de Juan Vásquez

En el Teatro Regional Cervantes de Valdivia, un conflicto laboral derivó en denuncias ante la Dirección del Trabajo, dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y una denuncia ingresada bajo Ley Karin. En la base del caso está el relato del Sindicato de Trabajadores de la Asociación Patrimonial Cultural (APC), que atribuye el quiebre a episodios de trato y a decisiones de gestión bajo la dirección ejecutiva de Juan Vásquez.

En declaraciones a este newsletter, el sindicato describe reuniones en las que, según su versión, el tono se elevaba cuando existían desacuerdos técnicos o cuando trabajadoras del equipo intentaban sostener posiciones con argumentos. Afirman que en algunas oportunidades el director ejecutivo golpeó la mesa y recalcó que determinadas decisiones eran “atribuciones” de su cargo; en ese mismo relato mencionan gestos que consideran impropios en instancias formales, como cortarse las uñas durante reuniones.

• El Sindicato de Trabajadores del Teatro Regional Cervantes, encabezado por el ejecutivo de producción Nikolas Biskupovic, sostiene que parte de estos hechos se está tramitando por vías institucionales. El teatro es administrado por la APC de Los Ríos, entidad vinculada al Gobierno Regional.

Durante 2024 y 2025, cuenta Biskupovic, el sindicato y trabajadoras reunieron información sobre condiciones de trabajo y decisiones de gestión, para luego presentar denuncias ante la Dirección del Trabajo. En las “Conclusiones Jurídicas” de la DT (ver aquí), el denunciante sostiene que, en el contexto del conflicto, cinco socios del sindicato presentaron su renuncia, que habría ocurrido el despido de una trabajadora con licencia médica, la renuncia de un trabajador que alegó presiones de carácter político, y que dos trabajadoras se vieron forzadas a autodespedirse. El procedimiento recoge estas afirmaciones como parte de los hechos denunciados.

• En los antecedentes a los que tuvimos acceso figuran además pronunciamientos y procedimientos administrativos: dictámenes de la SUSESO que califican como de origen laboral patologías de salud mental en casos vinculados al teatro; resoluciones de la Dirección del Trabajo sobre materias contractuales, incluidas jornada y modificación de funciones; y una denuncia ingresada bajo Ley Karin.

Consultado por Aquí Los Ríos, Juan Vásquez respondió por escrito. Dijo que los hechos «son conocidos e investigados por instancias legales respectivas« y que, por «respeto irrestricto al debido proceso«, no le corresponde «emitir opiniones, entregar antecedentes ni formular apreciaciones sobre un proceso que se encuentra en curso«. Añadió que la institución está en conocimiento de una acción legal presentada por «uno de los sindicatos que forman parte de la institución«, y que el procedimiento se encuentra en etapa de investigación. Sobre episodios específicos atribuidos por el sindicato, incluidas sus conductas en reuniones, indicó que no se pronunciará.

El Gobierno Regional de Los Ríos, por su parte, señaló que la APC es una entidad de derecho privado, con autonomía y directorio propio, y que el GORE no ejerce administración directa ni jefatura sobre sus trabajadores. Añadió que el gobernador Luis Cuvertino, como presidente del directorio, solicitó a la dirección ejecutiva exponer en sesiones, entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025, el estado de causas laborales, procedimientos administrativos y denuncias, junto con medidas de prevención de riesgos psicosociales. El GORE agregó que en 2024 se realizaron dos auditorías sobre el funcionamiento administrativo: una externa solicitada por la presidencia del directorio y otra de Contraloría, con hallazgos administrativos que derivaron en sanciones internas, y que el gobernador estará “atento” a lo que resuelvan los órganos administrativos y los tribunales.

Nombró a su primo en SECPLAN: contralora Dorothy Pérez reprocha a alcalde de Paillaco

Alcalde de Paillaco, Cristián Navarrete.

El dictamen de Contraloría está fechado el 16 de diciembre de 2025, firmado por la contralora general Dorothy Pérez (ver aquí), y llega dirigido al alcalde de Paillaco, Cristián Navarrete Quezada, con una frase que instala el conflicto: el parentesco con el director de SECPLAN “impide” que el alcalde sea asesorado por ese directivo. El caso se origina en el nombramiento del director de la Secretaría Comunal de Planificación, Gonzalo Quezada Quezada, primo del alcalde en cuarto grado de consanguinidad.

El pronunciamiento nace de una consulta del propio municipio: Paillaco pidió a Contraloría aclarar cómo opera el deber de abstención del alcalde cuando interviene SECPLAN. El dictamen confirma que el parentesco no inhabilita el nombramiento, pero pone el acento en la abstención: por el rol asesor de SECPLAN, si el director participa en un procedimiento, es deber del alcalde de “necesariamente abstenerse”, sin limitarlo a casos de interés directo o indirecto. Y advierte la consecuencia: si esa regla se aplica de manera general, el alcalde queda impedido “de manera permanente” de ser asesorado por ese directivo, y no corresponde resolverlo con una subrogancia permanente.

• El reproche se vuelve concreto en el decreto alcaldicio N° 2.140: Contraloría consigna que fue suscrito por el alcalde el 13 de diciembre de 2024, pese a que correspondía abstenerse. El dictamen ordena revisar “de inmediato” la situación, subsanarla, informar a la Contraloría Regional en 15 días hábiles y remitir los antecedentes para el “pertinente sumario administrativo”.

Después de conocido el dictamen, y en conversación con Aquí Los Ríos, el alcalde señala que: “El dictamen reciente no cuestiona la legalidad del nombramiento ni tampoco la trayectoria del funcionario, lo que hace es solamente precisar un criterio administrativo”, y agregó que “como alcalde por supuesto que voy a acatar plenamente adoptando las medidas que correspondan”. En su explicación, sumó un punto sobre el contexto del nombramiento de su primo: “En ese momento no existía un criterio expreso para aplicar el deber de abstención de forma permanente”.

Un mensaje de la Universidad Austral de Chile

Delegación internacional conoció locaciones fílmicas en Los Ríos y estrecho vínculos académicos con la UACh

En la Casa Central de la Universidad Austral de Chile se dio el vamos a la reunión de networking en el marco del FAM Trip de locaciones 2025 que se desarrolló en la región de Los Ríos, actividad organizada por ProChile. Para la  UACh esta instancia es de gran interés, porque junto con contar con la carrera de Creación Audiovisual, es la fundadora del Festival Internacional de Cine de Valdivia.

En ese contexto, el Director de Relaciones Internacionales UACh, Dr. Patricio Belloy, recalcó que este encuentro  fue  relevante, porque son actores internacionales de la industria audiovisual que Valdivia y la Universidad quieren potenciar, pudiendo conocer lo recursos y las  capacidades de las personas formadas esta casa de estudios.

La Directora del Departamento de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística UACh, Dra. María José Bello, señaló que “el paso por Valdivia fue  exitoso, la delegación quedó sorprendida por la diversidad de paisajes (bosque, fluvial, costero) y por el capital humano de todas las áreas de la producción cinematográfica presentes en el networking desarrollado en casa central y manifestaron su interés en colaboraciones futuras».

La Directora Regional de ProChile Los Ríos, Bárbara Sepúlveda, explicó que como institución que ejecuta la Film Comission Chile, junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, destacó la colaboración de la UAChque tienen carreras asociadas a esta área, generando capital técnico y humano asociado a este sector”.

La delegación de locacionistas estuvo integrada por Jeff Chan y Joan Bell, de Canadá; Angus Ledgerwood, John Rakich y Yolanda T. Cochran, de Estados Unidos; Eduardo García Alonso, de España; y Kim Yohwan y Phil Kunho Choy, de Corea del Sur.

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Gatoperro cierra temporada: nuevo número y podcast hecho por niños

En la Librería Gato Caulle se lanzó el tercer número de la revista Gatoperro, titulada Mascotas Maestras, y se cerró la primera temporada de su podcast, Gatoperro al Aire: un año en que el proyecto empujó dos formatos: revista impresa y digital, y podcast.

En el evento, las coordinadoras Marian Lutzky, Isabel Guerrero y Paula Marín adelantaron lo que viene: un cuarto número dedicado a las mascotas que nos apoyan, y una convocatoria para conformar el comité editorial que trabajará en esa edición.

El nuevo número, cuentan, pone en diálogo experiencias de niñez con el mundo animal y recupera la mirada de Gabriela Mistral sobre la naturaleza y los animales. En esta edición participaron estudiantes de colegios valdivianos como San Nicolás, Escuela Francia y Baquedano, además de un comité editorial infantil que aportó en la selección y el diseño de contenidos. El podcast, en tanto, debutó con seis capítulos quincenales, estrenados por Radio UACh y plataformas digitales, con materiales sonoros producidos por las propias niñas y niños.

—¿Qué ha pasado con los niños después de publicar o aparecer en el podcast?, ¿qué cambió tras su post participación?

—Isabel Guerrero: Hemos notado bastante orgullo, también harta motivación, un sentido de pertenencia fuerte con relación al proyecto y también a sus comunidades de origen. Especialmente, los del comité editorial se sienten mucho más seguros de sí mismos. Aprenden contenidos y eso igual lo expresan: que han aprendido sobre cuidado de mascotas, que han aprendido algunas cosas técnicas, de dibujo, o por ejemplo en el podcast, a usar los equipos y cosas así.

—De aquí a 2 años, ¿qué quieren que sea Gatoperro?, ¿hacia dónde se encamina el proyecto?

—Nos encantaría estar presente en todo Chile y ojalá más allá. Y que estos procesos de cocreación de la revista y el podcast se expandan a otras comunidades. Uno de nuestros mayores desafíos es lograr la sostenibilidad del proyecto, avanzar hacia poder medir mejor el impacto, poder comunicar estos resultados e ir avanzando hacia conseguir apoyos de distinto tipo, como pensando en donaciones, auspicios. Hasta ahora nos hemos movido con fondos públicos y, bueno, también podemos seguir en esa línea, pero la verdad es que para lograr la sostenibilidad tenemos que avanzar más allá.

La revista y los materiales de apoyo se pueden consultar y descargar en comunidadgatoperro.cl. El podcast Gatoperro al Aire está disponible en Spotify y en el canal de YouTube de la Comunidad Gatoperro.

Allanan municipio de Río Bueno: investigan 17 hechos vinculados a cohecho y corrupción

La Fiscalía Regional de Los Ríos llegó este lunes 22 de diciembre hasta la Municipalidad de Río Bueno con una orden judicial de entrada y registro. La fiscal a cargo, María Consuelo Oliva, junto a peritos del Lacrim de Temuco y detectives de la Bicrim (PDI) de La Unión, incautó documentación en formatos físicos y digitales en el marco de una investigación por cohecho y otros delitos asociados a corrupción, dirigida contra distintas administraciones del municipio.

Oliva ubicó la causa en una etapa “aún desformalizada”, y dijo que el trabajo se concentra en reunir y ordenar antecedentes. También explicitó el marco temporal: no es un solo periodo, sino que abarca gestiones de la municipalidad, hoy encabezada por el alcalde Luis Reyes, y también la administración anterior, de la exalcaldesa Carolina Silva.

• La fiscal habló de “17 hechos” bajo análisis, vinculados a cohechos y delitos funcionarios. La trama ya venía siendo revelada en este newsletter: una arista separada por complejidad, alimentada por denuncias y revisión de información financiera, donde se mencionaron depósitos por unos $ 174 millones en la cuenta personal del alcalde Reyes y transferencias asociadas a funcionarios y empresas que se adjudicaron licitaciones durante su gestión.

Los antecedentes recopilados fueron remitidos a la Fiscalía para ser analizados. “Tenemos que investigar aquello que los inculpa, pero también aquello que los puede atenuar o eximir de responsabilidad”, agregó la fiscal.

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