BRAGA
A cuatro meses de cumplirse dos años del inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric, varias leyes en pos de la erradicación de la violencia contra la mujer y por su autonomía fueron promulgadas, conformando un nuevo y complejo cuerpo legal: los desafíos pendientes.
Es el presidente más joven y más votado de la historia de Chile: Gabriel Boric asumió el gobierno el 11 de marzo de 2022 marcando varios hitos y elevando banderas, asumiendo -entre otras cosas- que el suyo sería “un gobierno feminista”.
Bajo esta definición, el gobierno se sometió voluntariamente a un escrutinio público frente a sus propias y propios votantes, dentro de los cuales el movimiento feminista jugó un rol crucial: sus numerosas demandas en pos de la erradicación de todo tipo de violencias, desigualdades y el avance hacia el empoderamiento y una vida autónoma, fueron el sostén de una campaña que desde las academias y las luchas territoriales se forjó con una agenda propia robustecida.
Por este motivo, en la antesala del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer -cuya conmemoración es este 25 de noviembre- cabe preguntarse qué avances concretos se han realizado durante este gobierno, cuáles han sido los obstáculos para la implementación de estos cambios y qué desafíos existen para avanzar hacia la plena igualdad entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos.
Para la abogada e investigadora Laboratorio Constitucional UDP, Daniela Catalán Solar, es necesario destacar primero que “el proceso legislativo es lento” y de hecho “la mayoría de las leyes aprobadas durante el marco del gobierno del presidente Gabriel Boric, surgieron cuando él aún era miembro del Congreso”.
La académica ilustra la lentitud con la aprobación de la Ley Antonia, promulgada a fines de 2022, pero ingresada por integrantes del Congreso en 2020, cuando el actual presidente era diputado.
“Aún existen múltiples proyectos de ley que se encuentran en tramitación, como el proyecto que busca asegurar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia a través de la prevención, sanción y erradicación de cualquier tipo de violencia (boletín 11077-07); la Ley Sayén (boletín 11073-07); proyectos sobre acoso sexual en el ámbito de las relaciones de trabajo, educacionales, deportivas, prestación de servicios, policial o militares, etc (boletín 11907-17); la llamada ‘sin consentimiento es violación’ (boletín 11714-07), entre otras”, detalla.
Varios proyectos están en trámite incluso desde 2008, es decir, algunos llevan más de 15 años a la espera o con obstáculos en el debate. Ello no depende enteramente de la voluntad del gobierno (que puede darles urgencia) sino que también de voluntades de parlamentarias y parlamentarios.
“A pesar de eso, podemos destacar la llamada ley ‘Papito Corazón’ que fue ingresada por senadoras de la coalición a principio de 2022 y promulgada ese mismo año”, destaca y resalta que esto se debió en gran medida gracias a “la unanimidad de posturas que existe en esta materia”.
Para la académica, el gobierno y su coalición “siempre han mostrado un gran compromiso con la búsqueda de la erradicación de la violencia contra niñas y mujeres”, lo cual a su juicio se ve reflejado en el trabajo de la ministra de la Mujer y Equidad de Género y en decisiones tales como “hacer presente la urgencia de la discusión de proyectos”.
Desde que asumió el gobierno hasta ahora y de acuerdo a información del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, se promulgaron seis nuevas normas que transformaron el escenario para las mujeres chilenas; 1) la Ley N° 21.484 de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos; 2) Ley N°21.510 de extensión del permiso postnatal parental; 3) Ley N°21.515 Que modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayoría de edad como requisito esencial para la celebración del matrimonio; 4) Ley N° 21.526 Otorga reajuste de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales; 5) Ley N°21.523 Modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización y 6) Ley N°21.565 Establece un régimen de protección, y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias.
En tanto, nueve proyectos se encuentran en tramitación, entre ellos el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (ingresado en 2017); el de modificación de la Sociedad Conyugal (ingresado en 2008); el proyecto por el derecho a la salud y no violencia sexual y ginecológica (2018); contra la violencia digital (2020); para la prevención y sanción del acoso de trabajadoras del Estado (2021), entre otros.
“Hemos realizado acciones concretas para mejorar la vida de las mujeres y dentro de nuestros avances legislativos en materia de violencia se encuentra la promulgación de la ley Antonia y la ley de reparación para víctimas del femicidio que dará una pensión a los hijas e hijos de mujeres víctimas de este delito. Todas esas leyes (más la de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos) fueron aprobadas sin votos en contra, lo que nos muestra que en estas materias que son de especial relevancia porque impactan a más de la mitad de la población, nos podemos poner de acuerdo”, subraya la ministra Antonia Orellana.
Además de lo expuesto, la referente de la cartera recordó que para 2024 se aumentó el presupuesto de la línea Autonomía Física de las mujeres, que se incrementa en un 3,7% y en el caso de los programas Violencia Contra la Mujer de SERNAMEG en un 5,2%.
“Esto se enmarca en el rediseño programático de SERNAMEG”, sostiene y añade que esfuerzos como estos van en línea con proyectos como la ley de conciliación de la vida laboral y familiar (que salió del Senado) y el envío de la ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados, entre otras acciones.
Pese a los avances, existen desafíos pendientes que trascienden las voluntades políticas tanto de la coalición como del gobierno actual.
“Existe un gran número de mujeres y niñas que siguen siendo víctimas de violencia e incluso violencia extrema (aumento de números registrados de femicidios y femicidios frustrados), también en otros tipos de violencia (como la económica); el Registro de Deudores devela que un gran número de padres no cumple con su responsabilidad económica en la crianza”, evalúa la abogada de la UDP.
Además de redoblar el trabajo en las fuerzas al interior del Congreso, la abogada Daniela Catalán sostiene que fuera del ámbito legislativo también existen dificultades a la hora de implementar políticas públicas.
“Por ejemplo, tras la aprobación de la interrupción del embarazo en 3 causales, tenemos que un 47% de los obstetras del sistema público son objetores de consciencia en el caso de violación, lo que implica una barrera para que niñas y mujeres que se ven afectadas por esa causal y que sólo se pueden permitir ser atendidas en el servicio público puedan acceder a la atención de salud que necesitan. Pero el sistema privado no lo hace mucho mejor, ya que solo un 3% de las interrupciones por violación se han realizado en centros privados”, destaca.
En suma, según la académica el obstáculo principal para la implementación de políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres “es estructural, y se debe a la propia cultura patriarcal de la sociedad”, por tanto el trabajo que queda por delante va más allá del ejercicio gubernamental.
De acuerdo a la visión de la abogada, Magister en derecho constitucional y profesora del Centro de Estudios Constitucionales de Chile (CECOCH) Universidad de Talca, María Ignacia Sandoval Gallardo, el principal desafío en el plano legal es la incorporación de la perspectiva de género y un enfoque de derechos.
“El primero se refiere a la identificación de los diversos factores de desigualdad que afectan a las mujeres y que constituyen discriminación. Así no solo hay obstáculos jurídicos, sino que culturales, estereotipos y prejuicios que dicen relación con los contextos de vida diaria en la sociedad. Por otra parte, el enfoque de derechos está vinculado con poner énfasis en la protección de los derechos de las mujeres”, plantea.
“Así, el principal desafío sigue siendo ajustar nuestras normas y prácticas a los estándares de derechos humanos”.
