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Crisis en el Teatro Cervantes de Valdivia: sindicato denuncia gestión de director ejecutivo CULTURA Crédito: Teatro Regional Cervantes

Crisis en el Teatro Cervantes de Valdivia: sindicato denuncia gestión de director ejecutivo

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El Gobierno Regional de Los Ríos señaló que la entidad administradora del recinto es una entidad de derecho privado, con autonomía y directorio propio, y que el GORE no ejerce administración directa ni jefatura sobre sus trabajadores.


En el Teatro Regional Cervantes de Valdivia, un conflicto laboral derivó en denuncias ante la Dirección del Trabajo, dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y una denuncia ingresada bajo Ley Karin, informó este martes Aquí Los Ríos.

En la base del caso está el relato del Sindicato de Trabajadores de la Asociación Patrimonial Cultural (APC), que atribuye el quiebre a episodios de trato y a decisiones de gestión bajo la dirección ejecutiva de Juan Vásquez.

En declaraciones a este newsletter, el sindicato describe reuniones en las que, según su versión, el tono se elevaba cuando existían desacuerdos técnicos o cuando trabajadoras del equipo intentaban sostener posiciones con argumentos. Afirman que en algunas oportunidades el director ejecutivo golpeó la mesa y recalcó que determinadas decisiones eran “atribuciones” de su cargo; en ese mismo relato mencionan gestos que consideran impropios en instancias formales, como cortarse las uñas durante reuniones.

El Sindicato de Trabajadores del Teatro Regional Cervantes, encabezado por el ejecutivo de producción Nikolas Biskupovic, sostiene que parte de estos hechos se está tramitando por vías institucionales. El teatro es administrado por la APC de Los Ríos, entidad vinculada al Gobierno Regional.

Despidos y presiones

Durante 2024 y 2025, cuenta Biskupovic, el sindicato y trabajadoras reunieron información sobre condiciones de trabajo y decisiones de gestión, para luego presentar denuncias ante la Dirección del Trabajo.

En las “Conclusiones Jurídicas” de la DT (ver aquí), el denunciante sostiene que, en el contexto del conflicto, cinco socios del sindicato presentaron su renuncia, que habría ocurrido el despido de una trabajadora con licencia médica, la renuncia de un trabajador que alegó presiones de carácter político, y que dos trabajadoras se vieron forzadas a autodespedirse. El procedimiento recoge estas afirmaciones como parte de los hechos denunciados.

En los antecedentes a los que tuvo acceso Aquí Los Ríos figuran además pronunciamientos y procedimientos administrativos: dictámenes de la SUSESO que califican como de origen laboral patologías de salud mental en casos vinculados al teatro; resoluciones de la Dirección del Trabajo sobre materias contractualesincluidas jornada y modificación de funciones; y una denuncia ingresada bajo Ley Karin.

Reacción oficial

Consultado por Aquí Los RíosJuan Vásquez respondió por escrito. Dijo que los hechos «son conocidos e investigados por instancias legales respectivas« y que, por «respeto irrestricto al debido proceso«, no le corresponde «emitir opiniones, entregar antecedentes ni formular apreciaciones sobre un proceso que se encuentra en curso«.

Añadió que la institución está en conocimiento de una acción legal presentada por «uno de los sindicatos que forman parte de la institución«, y que el procedimiento se encuentra en etapa de investigación. Sobre episodios específicos atribuidos por el sindicato, incluidas sus conductas en reuniones, indicó que no se pronunciará.

El Gobierno Regional de Los Ríos, por su parte, señaló que la APC es una entidad de derecho privado, con autonomía y directorio propio, y que el GORE no ejerce administración directa ni jefatura sobre sus trabajadores. Añadió que el gobernador Luis Cuvertino, como presidente del directorio, solicitó a la dirección ejecutiva exponer en sesiones, entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025, el estado de causas laboralesprocedimientos administrativos y denuncias, junto con medidas de prevención de riesgos psicosociales.

El GORE agregó que en 2024 se realizaron dos auditorías sobre el funcionamiento administrativo: una externa solicitada por la presidencia del directorio y otra de Contraloría, con hallazgos administrativos que derivaron en sanciones internas, y que el gobernador estará “atento” a lo que resuelvan los órganos administrativos y los tribunales.

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